La subida salarial de policías y funcionarios eleva el gasto del Estado en nóminas un 7%

Los trabajadores públicos lograrán este año una importante ganancia de poder adquisitivo gracias a la subida salarial aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y prorrogada en 2019. Todos están percibiendo una importante mejora, pero especialmente los policías y guardias civiles, que se llevan la mayor parte de la partida destinada a la mejora de salarios. El resultado es que el coste total de las nóminas hasta abril ascendió a 5.572 millones de euros, un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior, según las cifras publicadas por la IGAE.

Este dato, medido en contabilidad anual, elimina el impacto de posibles adelantos o atrasos en las nóminas, ya que el registro se realiza cuando se adquiere el compromiso de pago, no cuando se ejecuta. Se trata de la segunda partida presupuestaria del Estado que más crece este año tras la destinada a los consumos intermedios, que ha aumentado un 19,3%. En términos absolutos, el coste de la partida se incrementó en casi 570 millones de euros. Esto significa que de cada cinco euros de nuevo gasto, las nóminas de trabajadores públicos se llevan uno. El 20% del nuevo Presupuesto.

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La mayor parte se ha destinado a la segunda fase de la equiparación salarial de los policías nacionales y guardias civiles a sus homólogos de las comunidades autónomas. El acuerdo, alcanzado por el Gobierno de Mariano Rajoy, incluía una subida progresiva de los sueldos en tres años para lograr la igualación total. En 2018, se destinaron 310 millones al incremento de nóminas, y en 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a mantener el pacto, para lo que empleará 250 millones de euros adicionales. Este incremento se abonó justo tres días antes de las elecciones generales.

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El acuerdo de equiparación se completará el próximo año y significará un incremento promedio de 720 euros al mes para los guardias civiles y de 561 euros para los policías nacionales. Una mejora significativa para todos ellos y que supone un gran esfuerzo para las arcas públicas.

El Gobierno también ha aplicado este año la subida salarial pactada con los sindicatos para las nóminas de los funcionarios. La revalorización se aprobó a finales de diciembre en Consejo de Ministros y supuso la mayor subida salarial en una década. En total, supone un incremento del 2,25% que benefició directamente a 2,5 millones de empleados públicos.

Sube el déficit

La subida salarial, que supone el 20% del incremento del gasto del Estado, contribuye a deteriorar la situación presupuestaria en el inicio del año. El déficit público aumentó hasta abril un 39%, hasta alcanzar los 8.195 millones de euros. Esta subida supone, por ejemplo, acabar con el superávit primario de abril que sí había logrado el Estado en los años anteriores.

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Los gastos han aumentado en algo menos de 2.500 millones en el inicio del año, mientras que los ingresos apenas han avanzado en 250 millones. Esta diferencia explica el incremento del déficit en el inicio del año. Solo en los cuatro primeros meses del ejercicio, el desfase presupuestario del Estado alcanza el 0,65% del PIB, más de la mitad de todo el margen de déficit que tiene la Administración central para el conjunto del año, que es del 1,1%.

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El frenazo de los ingresos responde, en buena medida, a devoluciones imprevistas hace un año que han afectado a las cuentas públicas. En primer lugar, los 700 millones de euros que Hacienda tuvo que devolver a Telefónica. Y en segundo lugar, el abono del IRPF de maternidad cobrado de forma irregular, y que asciende ya a más de 800 millones.

Además, el Estado ha abonado ya los 666 millones de la transferencia extraordinaria a la Seguridad Social destinada a reducir el déficit de las pensiones. Esto significa que asumirá una parte del déficit derivado del desfase de miles de millones entre ingresos y gastos de las pensiones.

En suma, todos estos factores complican el cumplimiento del objetivo de déficit del Estado cuando todavía no ha pasado ni la primera mitad del año. El nuevo Gobierno deberá realizar una ejecución prudente de las partidas presupuestarias o subir los impuestos antes de que acabe el año si pretende cumplir con los objetivos pactados con Bruselas.