De la Encina, padre de estibador, coge las riendas de Puertos en un momento clave

El Gobierno ha dado luz verde 'in extremis' a la reforma de la estiba, una auténtica 'patata caliente' que se ha dejado para el último momento de la legislatura. España ha llegado cuatro años tarde en la aprobación del reglamento del real decreto ley, un paso imprescindible para adecuar las labores de carga y descarga de buques a la sentencia europea (2014) contra el sistema portuario de nuestro país. Los socialistas estaban decididos a culminar el proceso antes de que acabase la legislatura, y lo han hecho poco después de que Puertos del Estado estrenara un nuevo presidente.

Y no es un presidente cualquiera. Salvador de la Encina, diputado socialista por Cádiz y padre de un estibador en el Puerto de Algeciras, forma parte del equipo que debe dar carpetazo a un conflicto que causó huelgas salvajes y pérdidas millonarias durante varias semanas en 2017. Los estibadores se oponían a perder su situación de monopolio y falta de libertad de contratación, pero el veredicto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligó a España a reaccionar para librarse de una multa millonaria. Liberalizar el sector era una tarea urgente.

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M. Valero

El que fuera presidente de la Comisión de Fomento entre 2008 y 2011 —tras cuatro años como portavoz— ha combinado su trayectoria política con funciones académicas: es profesor universitario de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, así como funcionario dentro del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de la Junta de Andalucía. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y doctorado en esa misma carrera por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

De la Encina fue consejero del Puerto de Algeciras, localidad donde asumió el papel de concejal del ayuntamiento y donde trabaja su hijo estibador. Ahora reemplaza a Ornella Chacón —que renunció como presidenta de Puertos por motivos personales— y se enfrenta a uno de los temas más delicados con los que ha tenido que lidiar Fomento en los últimos años.

O si no que se lo pregunten al exministro Íñigo de la Serna, quien descongeló la reforma de la estiba tras un histórico patinazo en marzo de 2017, cuando el Parlamento tumbó el real decreto ley con 175 votos en contra. Ahora el Gobierno ha sacado adelante el reglamento con la aprobación de un real decreto ley que facilita la transformación del sector, en línea con las exigencias de Bruselas. Según fuentes de Fomento, la tarea corresponde a la subsecretaría y secretaría de Estado, si bien Puertos del Estado tiene un rol importante en este asunto.

Ayudas a las prejubilaciones

La pregunta que muchos se hacían es: ¿aprovecharán los estibadores el momento de precampaña electoral para presionar en defensa de sus propios intereses? Sobre todo ante la llegada de un nuevo titular de Puertos que, con toda seguridad, siente empatía por un colectivo que ha defendido su 'statu quo' con uñas y dientes desde el principio del conflicto. El texto aprobado completa el marco jurídico de los Centros Portuarios de Empleo como empresas de trabajo temporal y está orientado a aumentar la competitividad internacional de los puertos españoles, pero no aborda la norma con la que se podrán conceder ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba. Es decir, las prejubilaciones.

Dicha norma incluirá una línea de ayudas públicas de unos 120 millones de euros para sufragar las prejubilaciones o bajas voluntarias que se den entre los más de 6.100 estibadores como consecuencia de la reestructuración del sector. El Gobierno tiene poco margen para aprobar el decreto que las regulará, si bien el Consejo de Ministros de este viernes ha acordado su tramitación urgente. ¿Quiénes podrán acogerse a las subvenciones? En teoría, van destinadas a los estibadores a los que les quede un máximo de sesenta meses (cinco años) para llegar a la edad ordinaria de jubilación. Es decir, muchos podrán retirarse a los 60 años.

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EP

Lo más importante de la reforma de la estiba es que las empresas ya no estarán obligadas a formar parte de las Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (SAGEP) —controladas por sindicatos que decidían quién trabaja y quién no— y podrán salir de las mismas si se subrogan a los trabajadores que les corresponda. Este hecho fue considerado como una barrera a la libertad de empresa por el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE).

El objetivo de los sucesivos gobiernos ha sido encontrar una solución intermedia que ofrezca seguridad jurídica a las empresas sin precarizar el empleo. Ahora queda lo más difícil: poner en práctica el reglamento recién aprobado mientras los interesados meten prisa para que se tramite el real decreto que fijará las normas y criterios para conceder las ayudas públicas.