tendrán que pagar el impuesto de sociedades

Bruselas acaba con el privilegio fiscal de Puertos del Estado

El Ejecutivo comunitario señala que la exención fiscal puede “vulnerar las normas de la UE sobre ayudas estatales”

Foto: Puerto de Valencia. (Valenciaport)
Puerto de Valencia. (Valenciaport)

La Comisión Europea exigió este martes a España que acabe con el privilegio fiscal de Puertos del Estado, que está exento del pago del impuesto de sociedades, algo que, a ojos de Bruselas, le otorga una “ventaja selectiva” y puede “vulnerar las normas de la Unión Europea sobre ayudas estatales”.

El Ejecutivo comunitario llevaba tiempo estudiando el régimen fiscal español para los puertos y con esta conclusión “preliminar” señala que dicha exención podría ser incompatible con las normas europeas, por lo que pide que su aplicación finalice el próximo 1 de enero de 2020.

“Con el fin de garantizar una competencia leal en toda la UE, los puertos que generan beneficios a partir de sus actividades económicas deben tributar de la misma forma que otros operadores económicos, ni más ni menos”, señaló en un comunicado Margrethe Vestager, comisaria de Competencia.

Un plazo de dos meses

Bruselas da dos meses para que el Gobierno responda a su petición de que los puertos paguen los mismos impuestos que el resto de empresas. Este aviso ha sido también enviado a Italia, que aplica una total exención del impuesto de sociedades a sus puertos, mientras que en España beneficia principalmente a las mayores fuentes de ingresos, como las tasas portuarias o los contratos de arrendamiento, menos en el País Vasco, donde los puertos están totalmente exentos de este gravamen.

La Comisión Europea ya mostró en abril sus reservas respecto a la aplicación de esta exención, y ahora espera que España siga sus indicaciones. En caso de no recibir una respuesta satisfactoria y aceptar las indicaciones del Ejecutivo comunitario en los dos próximos meses, Bruselas abre la puerta a iniciar una investigación en profundidad para “verificar” si la exención fiscal representa una ayuda de Estado ilegal en base a las normas de la UE.

La Comisión Europea tiene el rol de verificar que se cumplen las normas de competencia europeas, también en materia de ayudas de Estado: esto es, cuando un Gobierno ofrece una determinada ayuda o ventaja económica a determinadas empresas o productos resultando en un falseamiento de la competencia, aunque en ciertos casos el Ejecutivo comunitario puede autorizar ayudas de Estado.

Margen para la inversión estatal

De hecho, en base a las normas sobre inversiones públicas en puertos adoptadas en mayo de 2017, los estados pueden invertir sin verificación previa de la Comisión hasta 150 millones de euros en puertos marítimos y hasta 50 millones en puertos interiores para actividades como dragados o la compensación a los puertos que asumen funciones de servicio público.

“Los puertos son infraestructuras clave para el crecimiento económico y el desarrollo regional”, ha asegurado Vestager, “por ello, las normas de la UE sobre ayudas estatales permiten un amplio margen para que los estados miembros apoyen a los puertos e inviertan en ellos”, ha recordado la comisaria.

Cuando se verifica que hay una ayuda de Estado ilegal, la Comisión Europea exige que el Gobierno recupere el dinero que ha dejado de ingresar, pero no será así en este caso: la exención del impuesto de sociedades a los puertos existía antes de que España entrara en la Unión Europea, y en esos casos se consideran “ayudas existentes” y no requieren que el dinero sea recuperado.

Antes que España e Italia, la Comisión Europea exigió ya a Países Bajos, Bélgica y Francia que acabaran con el privilegio en los impuestos de sociedades para sus puertos. También en estos casos la exención era anterior a la entrada en vigor del Tratado de Roma de 1958, el tratado fundacional de la Unión Europea, y por lo tanto tampoco tuvieron que recuperar el montante no recaudado.

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