La recaudación con el impuesto de las hipotecas se disparó un 10% hasta agosto

El impuesto que recae sobre la firma de las hipotecas, el de actos jurídicos documentados (AJD), supone un filón de recaudación para las comunidades autónomas. Este tributo se recauda junto con el de transmisiones patrimoniales (ITP), que grava compraventas de segunda mano, y ha generado ya más de 6.000 millones de euros para las arcas de las regiones, según los últimos datos de la Intervención de la Administración General del Estado (IGAE) publicados este lunes. Cifras que muestran hasta qué punto la sentencia del Tribunal Supremo sobre quién debe asumir este coste es importante. No hay datos desagregados para estos dos tributos, pero el ritmo de crecimiento suele ser similar, ya que dependen básicamente de las operaciones de compraventa de vivienda.

En concreto, las diversas comunidades del régimen común han recaudado 6.003 millones de euros en los ocho primeros meses del año. Esto significa que sus ingresos se han disparado un 10,5% respecto al mismo periodo del mes anterior. Tal ritmo de crecimiento no es común en el resto de figuras de ingresos de las comunidades autónomas, lo que es reflejo del buen momento que vive el mercado inmobiliario. La recaudación generada por el conjunto de impuestos indirectos está creciendo a ritmos del 4,5%, los impuestos indirectos crecen un 5,4% y las tasas, un 5,18%. Ninguna otra figura tributaria autonómica alcanza las cifras del ITP y AJD.

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El ritmo de la recaudación está superando las estimaciones que habían hecho las diferentes comunidades para el conjunto del año. Las previsiones apuntaban a unos ingresos de 8.800 millones de euros, pero dado el ritmo visto hasta agosto y la tendencia del mercado inmobiliario, la recaudación total podría superar los 9.000 millones de euros. Cifras no vistas desde el estallido de la crisis económica.

No obstante, la inseguridad jurídica que se ha generado desde la sentencia del Tribunal Supremo de la semana pasada y la posterior rectificación amenaza con paralizar el mercado hipotecario. Por el momento, es pronto para conocer cuál será el impacto sobre este sector y, en gran medida, dependerá de la decisión definitiva del pleno de la sala. Si la sentencia es firme a partir del 5 de noviembre, día en que se reunirá el pleno, entonces se creará jurisprudencia y se eliminará la inseguridad actual, pero si la decisión es recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los bancos y los clientes podrían retrasar la firma de las hipotecas hasta conocer quién pagará realmente.

Las comunidades hacen caja

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es un tributo transferido a las comunidades autónomas, por lo que son ellas quienes lo recaudan y se quedan con el ingreso. En los dos últimos años, están haciendo 'caja' gracias a la recuperación del sector inmobiliario, hasta el punto de que generan ya en torno al 5% de los recursos de las regiones del régimen común.

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Tal es su poder de recaudación que la sentencia del Tribunal Supremo ha generado un auténtico terremoto sobre las cotizaciones de las entidades financieras. No es para menos, ya que los clientes pueden reclamar su pago desde el año 2014, ejercicio en el que la recaudación de este tributo cayó a mínimos. Desde entonces, el crecimiento ha sido exponencial. En 2013, este tributo generó su mínima recaudación: 3.700 millones en los ocho primeros meses del año, lo que significa que se ha disparado en un 61% en apenas cinco años. Todo gracias a la recuperación del sector inmobiliario.

Tal crecimiento ha sido impensable para la mayor parte de tributos autonómicos. Los recursos de las regiones han crecido en este periodo un 19%, esto es, más de tres veces inferior. Esto significa que 11 de cada 100 euros de nuevos ingresos proceden de los impuestos a la compraventa de viviendas. Estos datos dan una buena muestra de hasta qué punto es importante la evolución del mercado inmobiliario para las cuentas de las comunidades y, también, hasta qué punto pueden suponer un 'roto' en las cuentas de la banca si finalmente es el prestamista quien tiene que asumir el tributo. El desplome de las entidades en bolsa da buena muestra del volumen de las cifras que están en juego y que superan los 4.000 millones de euros.