Hacienda recorta al 50% el gasto de los ministerios hasta que haya Presupuestos

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha establecido un límite del 50% en el importe que pueden gastar los ministerios y organismos autónomos este año hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Así se desprende del acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2018 de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que restringe la tramitación de nuevos expedientes de gasto imputables a los capítulos 4, 6, 7 y 8.

Se trata de los gastos destinados a transferencias corrientes, inversiones reales, transferencias de capital y activos financieros, sobre los que los departamentos ministeriales no podrán tampoco aprobar ni comprometer nuevas partidas de expedientes ya iniciados una vez superado el 50% del crédito inicial presupuestado. El objetivo del ministro, Cristóbal Montoro, es garantizar una ejecución presupuestaria prudente durante estos meses en los que se mantiene la prórroga de las cuentas de 2017 y así evitar comprometer el objetivo de déficit de España. Montoro tiene que conseguir acabar el año con un desfase en la Administración Central del 0,7% y del 2,2% en el conjunto del país.

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Al mismo tiempo, esta medida de ajuste en el gasto ministerial sirve para elevar la presión sobre los partidos de la oposición para que acepten negociar un nuevo Presupuesto para 2018. De lo contrario, tal recorte del gasto para los Ministerios y para los organismos autónomos hará imposible que puedan mantener todas sus actividades sin cambios, lo que generará numerosos problemas internos. El PSOE ha reaccionado a esta medida solicitando la comparecencia de Montoro en el Congreso de los Diputados para que explique esta decisión. Para ell portavoz socialista de Presupuestos, Javier Lasarte, este "nuevo recorte del gasto público" es un "chantaje del Gobierno en un momento en el que tiene que buscar apoyos para aprobar unos nuevos PGE".

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El acuerdo, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre, exceptúa las transferencias corrientes destinadas a financiar las pensiones, las clases pasivas y las prestaciones de desempleo. Las partidas que sí se verán afectadas son las relacionadas con inversiones, becas o dependencia.

Asimismo, establece que "solo por causas excepcionales debidamente justificadas", el Ministerio de Hacienda podrá autorizar la tramitación de expedientes una vez superado el límite fijado, siempre que no supere el nivel de ejecución del gasto de 2017.

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El documento señala que esta norma entra en vigor el 1 de enero de 2018 y se extenderá hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y afectará a los departamentos ministeriales, organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.