El Gobierno designa a Marcos Peña como árbitro para aplacar la huelga de El Prat

Habemus árbitro. El Gobierno ha designado al presidente del Consejo Económico y Social (CES), inspector y catedrático de Derecho del Trabajo, Marcos Peña, como mediador del conflicto laboral que afecta a los vigilantes de seguridad de Barcelona-El Prat, trabajadores de la empresa Eulen.

Peña también fue elegido mediador -por el Ministerio de Empleo- en el conflicto de los estibadores, que se zanjó cuando el Gobierno consiguió sacar adelante el R/D para aprobar la reforma de la estiba y liberalizar así el sector. El presidente del CES fue secretario de Estado de Empleo -entre otros cargos- con Felipe González hasta 1994, etapa socialista en la que puso en marcha una reforma laboral para vivir más tarde una huelga general.

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M. Valero

Su papel en este ocasión será interceder entre la empresa y el comité de huelga para redactar un laudo de obligado cumplimiento en el plazo de 10 días. No obstante, las partes tienen 24 horas para realizar las alegaciones que estimen oportunas, precisa Fomento en un comunicado.

El nombramiento llega unas horas después de que los vigilantes de seguridad suspendiesen los paros (hasta nuevo aviso) como consecuencia del atentado en las Ramblas de Barcelona. Los huelguistas, por tanto, hoy están trabajando pese a los servicios mínimos, fijados en un 90%.

El Ministerio de Fomento ha respetado los plazos establecidos al formalizar su propuesta 24 horas después de notificar a las partes su obligación de buscar un árbitro independiente. Como no se han puesto de acuerdo -debido a la negativa del comité de huelga, firme opositor del mecanismo de arbitraje por considerarlo "ilegal"-, la pelota cae en el tejado del Gobierno.

¿Y ahora qué?

Si ambas partes están conformes, Marcos Peña será nombrado oficialmente árbitro dentro de 24 horas. "El Gobierno recurrió al arbitraje obligatorio tras el fracaso de las negociaciones entre la empresa y los trabajadores y de la mediación de la Generalitat", recuerda el Ministerio de Fomento. Juega así su última baza para aplacar un conflicto que ya dura casi un mes.

Pero tanto el comité de huelga como los sindicatos darán guerra ante un mecanismo de arbitraje obligatorio que consideran "ilegal". Lo llevarán incluso a los tribunales, y harán lo propio con la decisión del Gobierno de intensificar la presencia de la Guardia Civil en Barcelona-El Prat. A su juicio, "vulnera el derecho de huelga" recogido en la Constitución Española.