CRITICAS POR EL DESPLIEGUE DE LA GUARDIA CIVIL

Los sindicatos amenazan con huelgas en más aeropuertos si hay arbitraje para El Prat

La ley contempla sanciones en caso de vulneración del derecho de huelga y prohíbe el esquirolaje, pero siempre se refiere a las empresas, no a la Administración

Foto: El comité de huelga presentará una denuncia ante la Inspección de Trabajo. (EFE)
El comité de huelga presentará una denuncia ante la Inspección de Trabajo. (EFE)

Nueva amenaza en ciernes. La reunión extraordinaria que el Consejo de Ministros celebra este miércoles llega con otro envite sobre la mesa. La movilización de la Guardia Civil para garantizar el funcionamiento de El Prat y la inminente designación de un árbitro, cuyo laudo será de obligado cumplimiento, han movilizado a fuerzas sindicales que permanecían ajenas al conflicto del aeropuerto de Barcelona. Ahora el riesgo para el gestor público Aena es que los servicios de seguridad de otros aeropuertos se sumen a otras llamadas de huelga.

Los sindicatos amenazan con huelgas en más aeropuertos si hay arbitraje para El Prat

La posibilidad de que el Ejecutivo nombre a un mediador ha dado pie a que la Federación de Servicios de UGT (Comunidad Valenciana) reaccione como muestra de solidaridad con el conflicto de El Prat. En caso de que se adopte esta medida, el sindicato amenaza con convocar una huelga del personal de seguridad en los aeropuertos de Alicante y Manises, quinto y décimo del país por volumen de pasajeros, ya que se trata de un situación extrapolable, aunque el servicio en estos lo preste Prosegur, “derivado de una década de pérdida de derechos".

Esta adhesión se suma al nuevo frente que pretende abrir el comité de huelga de El Prat, que prepara la presentación de una denuncia ante la Inspección de Trabajo por “vulneración” del derecho fundamental de huelga, al considerar que el despliegue de la Guardia Civil mitiga los efectos de su protesta por desempeñar funciones que corresponden a los trabajadores. Por su parte, el Gobierno se escuda en razones de orden público y seguridad para justificar esta medida, ceñida solo a la supervisión del cumplimiento de los servicios mínimos del 90%.

“Si están yendo más allá de la garantía de los servicios mínimos [reemplazando a los trabajadores que no los cumplan], es claramente ilegal”, explica Daniel Pérez del Prado, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid. En ese caso, se estaría vulnerando tanto el derecho a la huelga —recogido en el artículo 28 de la Constitución— como la prohibición de esquirolaje. Así lo refleja el RD/L 17/1977 sobre relaciones de trabajo: “El empresario no podrá sustituir a las huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la firma”. Si lo hace, se expone a una sanción económica.

Vacío legal

La diferencia es que ‘el empresario’ en este caso es la Administración pública, y la ley no establece un protocolo explícito a seguir en estos casos ni contempla sanción alguna, por lo que la denuncia podría caer en saco roto. No obstante, “lo que está prohibido para la empresa, tampoco puede hacerlo el Gobierno; anularía el efecto de los paros en El Prat”, interpreta Del Prado. “No es una situación fácil porque los supuestos ‘sustitutos’ son guardias civiles, y no están regulados por leyes laborales sino de orden público”, añade el experto laboral Javier Santacruz, profesor de Economía en la Universidad de Essex (Reino Unido).

No obstante, el ministro de Fomento insiste en que “la Guardia Civil no suple a los trabajadores de Eulen en ningún caso”, una versión que contrasta con lo insinuado por el asesor del comité de huelga: “Nos consta que en ciertas franjas horarias sí están suplantando las funciones: hay un vigilante y tres guardias civiles”, explica Juan Carlos Giménez a este diario. Sin embargo, esa es una denuncia que aún no ha cursado ante la Inspección de Trabajo. Lo que sí ha reportado ya es la realización de horas extra y las llamadas de la empresa a empleados de baja médica para cubrir los servicios mínimos.

Para el responsable de Limpieza y Seguridad de UGT, la mera presencia de las fuerzas de seguridad del Estado ya es un elemento de presión, pues los vigilantes pasan a estar bajo sus órdenes. Sergio Picallo recuerda que “los trabajadores pueden ser sancionados o incluso despedidos si no obedecen” y critica que la Guardia Civil esté asumiendo funciones que corresponden a los empleados de Eulen para agilizar los trabajos. Todo ello, sumado al 90% de servicios mínimos, “anula completamente el efecto de la huelga”. Por si este frente judicial es inviable, en Valencia y Almería están dispuestos a coger su testigo.

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