Las líneas rojas de los estibadores ante la nueva propuesta de Fomento

Mismos párrafos, distinto orden. El ministro de Fomento admite que no tiene margen para tocar el decreto frustrado y planea presentar otro casi idéntico para acabar con la situación de monopolio en la estiba. Confirma así que los retoques en el nuevo texto serán mínimos, como ya adelantó este periódico. "Es imposible que sea muy distinto" si España pretende cumplir de una vez la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (2014), dejó caer en plena resaca del fracaso en el Congreso. La falta de apoyos políticos obligó al Gobierno a derogar el RD/L, un hecho histórico que tan solo se ha producido tres veces (una de ellas, por error) en casi cuarenta años de democracia.

Pero el tiempo apremia y la amenaza de 'multazo' aumenta. Aunque la Comisión Europea no establece un plazo límite concreto, sí considera "esencial" que el Gobierno saque adelante la reforma cuanto antes para evitar que las sanciones crezcan. El rechazo de los partidos políticos ha permitido que los sindicatos ganen tiempo (y fuerza) en las negociaciones, manteniendo un nivel de exigencia idéntico al de hace dos días: solo darán su beneplácito al texto si este incorpora la garantía del 100% del empleo en las mismas condiciones económicas.

Íñigo de la Serna no se cansa de repetir que la Comisión Europea jamás aceptará que las cuestiones laborales queden reguladas en el RD/L, motivo por el cual estaría buscando otras fórmulas para contentar a los estibadores. Desde un "instrumento normativo" que plasme los acuerdos entre patronal y sindicatos en la ley, hasta sentarse en la mesa de negociaciones para alcanzar ese pacto frustrado. Una de las reivindicaciones históricas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar es la presencia 'real' del Gobierno en las reuniones.

El ministro se sienta (por fin) a negociar

Con 'real' se refieren a una participación activa, más allá del mediador designado por el Ministerio de Empleo. El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, facilita las negociaciones entre la patronal y los sindicatos, pero no tiene capacidad efectiva para influir en los puntos clave.

Las empresas también reclaman la presencia del Gobierno, sobre todo desde que exigieron un compromiso de las administraciones públicas para financiar las prejubilaciones. De la Serna recogió el guante al prometer jubilaciones anticipadas de hasta el 70% del sueldo para los estibadores que hayan cumplido 50, siendo 55 años la edad legal de retiro. A esta partida se sumará un máximo de 350 millones calculados por Puertos del Estado para hacer frente a indemnizaciones por despido y otros pasivos laborales.

La derrota parlamentaria ha servido, entre otras cosas, para que el ministro asista a las futuras reuniones donde se negociará el nuevo convenio. En ellas intentará poner su sello a un acuerdo para conseguir el apoyo de los partidos políticos y tener vía libre para aprobar el decreto, aunque no lo tendrá nada fácil si se enroca en la posición de no tocar ni una coma del texto fallido. O mejor dicho, no bastará con cambiar comas para desatascar la situación.

El único grupo que respaldó la reforma de la estiba el jueves pasado fue PNV, pero su 'sí' no fue suficiente para convalidar el decreto. El Gobierno perdió el pulso por 175 votos en contra, 142 votos a favor y 33 abstenciones (Ciudadanos y el despiste de Íñigo Errejón). Los sindicatos han desconvocado los paros previstos para ayer viernes y la semana que viene (en días alternos) como consecuencia de este varapalo político para el PP. Ellos lo interpretan como una pequeña victoria que, no obstante, tiene fecha de caducidad. España se enfrenta a una multa de casi 23 millones de euros más 134.000 euros diarios por cada día de retraso en la aplicación de la reforma para liberalizar el sector. Y el ministro ya lo advierte: "está al caer".