España se atasca con su objetivo renovable: del 'boom' de ZP al impuesto al sol

Jarro de agua fría para España en uno de los compromisos que tiene con sus socios europeos. Eurostat refleja que la producción de energía verde sobre el consumo final ha avanzado de forma moderada durante el periodo 2012-2015 en comparación con los años anteriores.

De hecho, los datos de cierre de ese año dejan a España en el 16,2% de consumo a través de tecnología verde, aún lejos del objetivo adquirido para 2020 del 20%. Esta cifra deja a España por debajo de la media europea, que se situaba al término de 2015 en el 16,7%. Desde 2012 a 2015, ambos inclusive, el peso de las renovables pasó del 14,3% al 16,2%, lo que supone un aumento del 1,9%, uno de los avances más pobres de los 28 países de la Unión. De 2004 a 2012, cuando las renovables estaban en una fase mucho más incipiente, se pasó del 8,3% al 14,3%, es decir, un repunte del 6%. Esto supone una tasa anual de crecimiento media mucho más elevada en la década pasada que en la actual.

Ahora, algunos expertos en la materia dudan de que España esté en condiciones de cumplir con la meta pactada con Bruselas en 2020. Cabe destacar que el propio Ejecutivo sostiene que a cierre de 2015 España alcanzaba un 17,3% de consumo de energía renovables sobre el consumo total, lo que supone una considerable discrepancia respecto a Bruselas, que empeora este dato en seis décimas.

Esta ralentización del crecimiento en renovables de España en los últimos años se explica por la moratoria verde lanzada en 2012. El ejecutivo entrante del Partido Popular decidió cambiar la legislación que contenía primas a la producción verde que se acercaban al 600% de lo generado. Este régimen regulatorio atrajo al sector a inversores de todo pelo y condición; muchos de ellos veían en este sistema retributivo de la era Zapatero un producto financiero de alta rentabilidad. El 'boom' de renovables de 2008 aún tiene sus efectos en la factura eléctrica. No en vano, cada año los españoles cargan en su recibo con 7.000 millones de primas a las nuevas tecnologías de las que, sin embargo, no hay que obviar su efecto de abaratamiento en el precio del mercado mayorista de la electricidad. Según el actual ministro de Energía, Álvaro Nadal, en la década pasada se dieron ayudas públicas a una tecnología inmadura que ahora lastra el coste del sistema eléctrico. En este tiempo, el Gobierno ha intentado contener ciertos desarrollos como el autoconsumo, cuyas limitaciones o gravámenes tiene en pie de guerra a todo el sector solar.

Estos datos de Eurostat reflejan que Suecia, Finlandia, Dinamarca, Croacia, Estonia, Lituania o Rumanía ya han alcanzado el objetivo 2020 y están a años luz de España en el peso de renovab les de su mix energético, pese a que muchos de ellos cuentan con un recurso solar mucho más limitado.

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Sea como fuere, en el último año el Ejecutivo se ha puesto manos a la obra para intentar desatascar la situación. Tras cuatro años, el mes de enero de 2016 se realizó la primera subasta de renovables con la puja de 700 megawatios que se saldó con una reducción del 100% en la prima. El buen desempeño financiero de la puja para los intereses del Gobierno, que no tendrá que pagar ningún incentivo más allá del precio de mercado, ha puesto de relieve otros problemas, como la fiabilidad en que los proyectos se lleven a cabo. De hecho, los ganadores de casi el total de los megawatios subastados aún no han comenzado la construcción de las plantas pese a que aseguran que las tendrán terminadas antes de 2020, momento en que deben estar en funcionamiento.

Álvaro Nadal ha aprendido de la experiencia llevada a cabo por su hermano Alberto, a la sazón secretario de Estado de Energía en la primera subasta. Para intentar asegurar la viabilidad de los proyectos de quienes gana las pujas, el Gobierno ha triplicado los avales financieros para la subasta de renovables que se celebrará este año. La cantidad de megawatios por hora por los que se puede pujar estará entre 2.000 y 3.000. La pasada semana el propio Ejecutivo publicaba el pliego de condiciones en el que aseguraba sólo la colocación de 2.000 megawatios, mientras que los otros 1.000 sólo se adjudicarán si se cumple una serie de requisitos.