Una sentencia europea amenaza con volar el sistema español de concesiones a puertos

Una sentencia europea amenaza con dinamitar el sistema español de concesiones de puertos y costas. El Tribunal europeo ha admitido el recurso de una empresa italiana contra la prórroga automática de una concesión a un competidor en un lago, un sistema habitual en España para puertos, clubes náuticos y otros negocios situados en dominio público. La sentencia, del pasado 14 de julio, concluye que las prórrogas automáticas en actividades en el litoral contraviene el derecho europeo porque no garantiza la libre competencia. El Supremo español ya ha tumbado la norma del Gobierno español que daba preferencia a unos chiringuitos para renovar su concesión. Con estos fallos parece que la competencia se acerca a las costas.

La disputa que ha llegado a Europa parte de una concesión para tener un kiosco, terraza, zona de baños, muelle y pontón en el lago de Garda (al norte de Italia) que el Estado italiano otorgó en 2006 a una empresa hasta 2010. Al concluir, la firma consideró que tenía derecho a una prórroga automática y pleiteó. El tribunal en el que recayó el asunto planteó una consulta al tribunal de la UE. A ese caso se suma otro similar en una playa de Cerdeña.

La base de todo era saber si a las concesiones en dominio público en la costa se le aplicaba la directiva de servicios, aprobada en 2006. Esta establece que "cuando el número de autorizaciones disponibles para una determinada actividad esté limitado debido a la escasez de recursos naturales o de las capacidades técnicas que se pueden utilizar, los Estados miembros aplicarán un procedimiento de selección entre los posibles candidatos en el que se den todas las garantías de imparcialidad y de transparencia y, en concreto, se haga la publicidad adecuada del inicio, el y la finalización del procedimiento". De ser así, las prórrogas de los negocios en dominio público en el litoral debían abrirse a la competencia y no bastaba con dar renovaciones automáticas.

El tribunal de la UE considera que sí se le aplica y que las concesiones para "la explotación de una zona de dominio público con fines turístico-recreativos" son en realidad autorizaciones según la directiva de servicios "con independencia de su calificación en Derecho nacional". En esos casos, "la prórroga automática de las autorizaciones relativas a la explotación económica del dominio público marítimo y lacustre impide organizar un procedimiento de selección". Además, la prórroga de concesiones "sin transparencia alguna, a una empresa situada en el Estado miembro de la entidad adjudicadora constituye una diferencia de trato en perjuicio de las empresas situadas en otro Estado miembro que puedan estar interesadas en esa concesión".

La sentencia puede parecer técnica pero tiene un hondo calado. Los despachos de abogados, autoridades portuarias, Puertos del Estado y el Ministerio de Medio Ambiente ya la están estudiando. No solo porque puede afectar al sistema español de concesión de prórrogas, sino porque llega en un momento en que vence la concesión de lucrativos clubes náuticos y empresas náutico-deportivas y hay una guerra soterrada con millones en juego entre los que quieren entrar en ese sector y los que tienen ya las concesiones y quieren que se las prorroguen automáticamente.

Francisco Javier Jiménez de Cisneros, catedrático de Derecho Administrativo de la Autónoma de Madrid y abogado experto en estas cuestiones, señala la enorme trascendencia de la sentencia: "Con esta interpretación del tribunal de la UE todas las prórrogas de concesiones de la Ley de Costas aprobada en 2013 se caen y probablemente todas las prórrogas de puertos amparadas en la Ley de 2014". Entonces, el gobierno del PP, ante el inminente fin de muchas prórrogas concedidas en 1988 hasta 2018 incluyó en una norma una prórroga general. No solo a las viviendas sino también a puertos deportivos e industrias, y así ha conseguido la polémica papelera de Ence seguir 60 años más en la ría de Pontevedra". Durante la tramitación de esa ley, el PSOE ya planteó que la reforma del PP iba contra la directiva de servicios.

La Autoridad Portuaria de Baleares se ha lanzado a dar 30 años más a puertos sin permitir competencia

El sector de los puertos deportivos vive un momento convulso con las prórrogas. Mientras todos los partidos en Baleares quieren la renovación automática de concesiones a clubes náuticos históricos, los socialistas valencianos han optado por sacarlas a concurso y no darlas automáticamente, con lo que prevén recaudar más dinero para las arcas públicas. Lo hacen de acuerdo con el ministerio de Economía de Luis de Guindos, que quiere liberalizar el sector.

Si embargo, en Baleares, la autoridad Portuaria se ha lanzado a prorrogar las concesiones de los puertos deportivos. Un ejempo es el de Alcudiamar, que incluye un hotel en dominio público. La autoridad portuaria prorroga las concesiones a cambio de los mismos cánones y tasas vigentes hasta ahora. Sin embargo, la sentencia europea obligaría a someterlo a competencia, algo que previsiblemente aumentaría los ingresos para el Estado.

El Constitucional español también ha fallado en esta dirección. El pasado 23 de junio estimó la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y declaró la inconstitucionalidad y nulidad de una disposición de una ley de Baleares de 2004 que permitió renovar la concesión al puerto de Andratx durante 30 años más. Parece que la costumbre de usar las Costas y Puertos públicos con concesiones otorgadas durante décadas de forma opaca toca a su fin.