Guindos fuerza la privatización de puertos deportivos por la Ley de Unidad de Mercado

La Comunidad Valenciana no será la única autonomía que forzará a los clubes náuticos a competir en concurso público con empresas privadas para mantener las concesiones de puertos deportivos. Otro territorios tendrán que modificar sus leyes en el caso de que favorezcan la renovación automática de contratos de gestión y explotación de instalaciones por parte de las entidades sin fines lucrativos. Y esto es así porque el Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos ha advertido a los gobiernos autonómicos que deben eliminar las excepciones en favor de los clubes náuticos en cumplimiento de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM).

Tal como relató este periódico, la Generalitat valenciana que preside Ximo Puig ha comunicado a los clubes que tiene previsto sacar a concurso público una decena de concesiones caducadas con la intención de favorecer la entrada de operadores que garanticen la ejecución de inversiones en las instalaciones. La Administración autonómica tiene competencias sobre un total de 56 puertos, de los cuales 16 los gestiona de forma directa y otros 40 en régimen de concesión. De estos, 23 están en manos de clubes y suman más de 11.000 amarres. El resto de marinas las explotan empresas privadas.

La Conselleria de Vivienda y Obras Públicas justifica la decisión por la necesidad de introducir elementos de concurrencia y libre competencia a la hora de otorgar los contratos de explotación. Pero también arguye razones de tipo jurídico, y la principal es que el Gobierno central le obliga a ello desde la anterior legislatura autonómica. La Secretaría del Consejo para la Garantía de Unidad de Mercado dependiente del departamento de Guindos, elaboró en 2014 un informe en el que señalaba la colisión de la propia Ley de Puertos estatal y algunas autonómicas como la valenciana con la LGUM. En ese sentido abogaba por la “eliminación de la excepción a favor del club náutico sin fines lucrativos y otro deportivo sin fines lucrativos”, señala la documentación interna a Vivienda a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Denuncia en el Contencioso-Administrativo

La adaptación legislativa y la puesta en marcha de los concurso para renovar concesiones caducadas fue un asunto que dejó pendiente el anterior ejecutivo de Alberto Fabra para no enfrentarse con los clubes náuticos. De hecho, la Asociación del clubes valencianos se ha puesto en pie de guerra, ha denunciado a la Generalitat ante el Contencioso-Administrativo por denegarle información y mantiene duras críticas contra los nuevos gestores. Ayer mismo difundió un comunicado en el que reprochaba al nuevo Consell que que haya emprendido un batalla “ideológica” contra los clubes y pretenda poner en marcha un modelo de concesión de servicio público “no recogido en la Ley de Puertos y que beneficiaría exclusivamente al mejor postor económico”.

“Es evidente que los clubes no pueden competir con los grandes “inversores nacionales e internacionales y que ese modelo no socializa la náutica, ya que las empresas buscarán el lógico beneficio que se obtiene de las esloras mayores, tanto por los precios de alquiler como por el montante que supone el consumo de servicios”, sostiene la Asociación Valenciana de Clubes Náuticos.

Pero el Gobierno de Ximo Puig defiende que además de cumplir con lo que la exige la ley pretende mejorar el modelo de explotación de unas instalaciones que usan miles de usuarios. “El nuevo modelo impulsado por el Consell tiene una finalidad claramente social que pretende maximizar la oferta a los usuarios y la práctica de deporte en las instalaciones que se abrirán al conjunto de los ciudadanos”, dicen desde Vivienda. “Se iniciará un proceso participativo con los alcaldes y sus ciudadanos para diseñar y definir las bases del concurso para que los puertos estén al servicio de todos y no de unos pocos”, inciden.

La polémica se extiende a Ibiza

Los puertos deportivos valencianos en manos de clubes susceptibles de salir a concurso público son Cullera, El Perelló, Les Bassetes, Altea, Dehesa de Campoamor, Vinarós, Torre de la Horadada, Moraira, Costa Blanca, Torrevieja y Jávea. También se licitará la Marina de Port Saplaya, que gestiona el Ayuntamiento de Alboraia.

Pero la polémica de las concesiones no alcanza sólo a la Comunidad Valenciana. Hay una pugna también en Baleares por la concesión el Puerto Deportivo de Ibiza, donde una entidad privada ha entrado a competir contra el Club Náutico de Ibiza en el concurso que ha convocado la Autoridad Portuaria de Baleares. El conflicto también se ha politizado al aprobar el Parlament, por unanimidad y a propuesta del grupo popular, una resolución en apoyo de la continuidad de los actuales concesionarios.