Puig quiere privatizar 10.000 amarres y quitárselos a los clubes náuticos

Batalla entre los clubes náuticos, las empresas privadas de gestión de marinas y la Generalitat valenciana. La decisión de esta de licitar la concesión de los puertos deportivos de su competencia con licencias de gestión ya caducadas ha generado un gran inquietud entre las entidades sin ánimo de lucro que tutelan desde hace años cerca de una treintena de las más de 40 instalaciones marítimas de recreo que hay en la autonomía.

De momento son una docena los puertos deportivos en manos de clubes náuticos que tienen sus concesiones caducadas. La mayor parte de ellos han solicitado formalmente la renovación de la licencia, acogiéndose a la Ley de Puertos estatal. La norma permite que los clubes puedan renovar las concesiones de forma automática atendiendo a su labor social como promotores del deporte de vela y en ausencia de ánimo de lucro en sus actividades. Sin embargo, la semana pasada, la Asociación de Clubes Náuticos de la Comunidad Valenciana mantuvo un encuentro con el director general de Puertos de la Generalitat, el socialista Carlos Domingo, en la que expresó su intención de licitar los puertos caducados con la intención de dar entrada a empresas privadas. Los puertos susceptibles de ser licitados son Cullera, El Perelló, Vinaroz, Les Basetes, Costa Blanca, Torre Horadada, Torrevieja y Dehesa de Campoamor.

El deseo del Consell es tratar de aprovechar las instalaciones que están bajo su competencia (unas 40 en total en toda la costa) para elevar la recaudación. De hecho, la oferta económica computaría el 70% frente al 30% de los proyectos deportivos. “Se trata de un punto de vista que se creía superado, ya que no reconoce la labor social y deportiva de los clubes y da preferencia de manera casi única a la puja económica, algo que daría prioridad a las grandes empresas y conglomerados de inversión, en detrimento de los clubes, que son asociaciones deportivas sin ánimo de lucro”, señalan desde la asociación.

Lo que hay en juego es el negocio del control sobre unos 18.000 amarres en la Comunidad Valenciana. De estos, unos 10.000 están gestionados por los clubes náuticos en la actualidad. Hay 47 instalaciones náuticas, la mayor parte competencia de la Generalitat. En manos del Estado están las grandes marinas: Valencia, Alicante, Sagunto, Gandía o Castellón. Otros puertos deportivos como Denia, Calpe o Torrevieja dependen de la Administración autonómica.

El deseo del Consell es tratar de aprovechar las instalaciones bajo su competencia para elevar la recaudación. La oferta económica computaría el 70%

“Resulta sorprendente la incoherencia política que supone la actual postura del Consell, pues los partidos que lo sustentan (PSOE y Compromís) defendieron a los clubes en la tramitación de la Ley de Puertos y ahora, pocos meses después y tras tomar posesión de la Administración, han cambiado por completo su opinión y parecen decantarse por favorecer los intereses de grandes grupos económicos y de empresas constructoras”, denuncian los clubes. Del mismo modo sostienen que las marinas privadas suelen apostar por grandes esloras y megayates para rentabilizar mejor las láminas de agua, lo que va en detrimento de los pequeños aficionados. Hay que tener en cuenta que actualmente en los clubes valencianos la media de eslora de los barcos es de ocho metros.

La asociación asegura que los clubes han cumplido fielmente con sus obligaciones, pagando sus cánones anuales (unos tres millones de euros en conjunto) y realizando cuantas inversiones han sido necesarias, como la construcción de dársenas, muelles y otras infraestructuras. “En la última década, la privatización y la creación de marinas privadas gestionadas por empresas ha sido un fracaso, con tres de ellas en concurso de acreedores y sin pagar el canon a la Generalitat”, insisten. La asociación de clubes está estudiando diferentes medidas de presión y protesta, como la absoluta paralización de la actividad deportiva en un año de concentraciones olímpicas cara a Brasil 2016 o, incluso, el cierre de bocanas y puertos. Tampoco ha descartado la vía judicial si finalmente la Generalitat opta por no renovar concesiones.