SCHäuble pide que se apliquen las reglas

Alemania deja tirado a Rajoy y cuestiona que la UE no sancione a España por el déficit

La 'no sanción' a España, por el momento, ha levantado una polvareda política. Alemania y Holanda encabezan las críticas por la decisión de la Comisión Europea

Foto: El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos (i), y el titular de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble. (EFE)
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos (i), y el titular de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble. (EFE)

La 'no sanción' a España -y Portugal- por incumplir el déficit en 2015 ha provocado una pequeña tormenta política. Está por ver si la polémica irá a más en las próximas semanas o quedará en un cruce de declaraciones. Pero, por el momento, lo que está claro es que, por primera vez, el Gobierno alemán -el gran socio de Rajoy en Europa durante los últimos cuatro años- ha dejado tirado a España en un asunto tan trascendente como una posible sanción por rebajar el escenario de consolidación fiscal.

“Con esa decisión [el dar un año más a España para alcanzar el 3% de déficit respecto del PIB] no estamos contentos, la tenemos que respetar, es cosa de la Comisión, pero no podemos estar contentos", aseguró el ministro de Finanzas germano, Wolfgang Schäuble, ante la Sociedad de la Prensa Extranjera de Berlín.

Schäuble reveló que había hablado con el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, y con su homólogo portugués, para explicar a ambos los motivos concretos por los que no compartía la decisión que tomó la Comisión Europa. Pero no es el único. Jeroen Dijsselbloem, ministro holandés de Economía y presidente del Eurogrupo, ha recordado que las sanciones están incluidas en las reglas y reglamentos de la zona euro y se contempla esta posibilidad”, según la agencia EFE.

Alemania deja tirado a Rajoy y cuestiona que la UE no sancione a España por el déficit

La posición de Dijsselbloem es especialmente significativa, toda vez que Holanda ejerce, hasta el próximo 30 de junio, la presidencia del Consejo de la UE. Y una de las decisiones que ha tomado el otrora rival de De Guindos para la presidencia del Eurogrupo es pedir un dictamen a los servicios jurídicos de la Comisión sobre la legalidad de no sancionar a España y retrasar cualquier decisión hasta la formación de un nuevo Gobierno.

Los antecedentes jurídicos no son los mejores para España. En enero de 2004, la Comisión Europea, por iniciativa del entonces comisario de Economía y Finanzas, Pedro Solbes, presentó un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo en relación con la actuación del Consejo respecto de Alemania y Francia.

Y lo que dijo el tribunal comunitario es que el Consejo de Ministros tenía autonomía suficiente para no seguir las recomendaciones de la Comisión. La sentencia dejó claro que la vía seguida -la suspensión de los procedimientos sancionadores por déficit excesivos contra Francia y Alemania por parte de los ministros de Finanzas- no fue ortodoxa y que “el Consejo no puede sustraerse a la aplicación de las normas establecidas por el Tratado ni de las que él mismo se ha impuesto en el Reglamento 1467/97” sobre aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PESC). Lo que cambia es que en aquella ocasión era la Comisión Europea la que actuaba contra el Consejo y ahora es el Consejo quien puede hacerlo contra la Comisión.

El arquitecto de la treta

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha sido el arquitecto de una treta legal con la que la Unión Europea salva momentáneamente a España. El truco ha sido fijar una nueva senda de reducción del déficit (el desequilibrio fiscal se situará por debajo del 3% en 2017 y no en 2016) que invalida el sendero anterior, el que España ha incumplido.

Esto puede explicar que ayer el ministro De Guindos insistiera con contundencia en que España “no será sancionada”. La multa, según el Tratado de la UE, puede alcanzar el 0,2% del PIB (unos 2.000 millones de euros), pero también se puede limitar la emisión de deuda para no engordar el déficit. La presidencia holandesa, por el contrario, no ve incompatible dar un año más para cumplir el déficit activando, al mismo tiempo, el procedimiento sancionador sin esperar a julio.

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Juncker es un político profesional acostumbrado a 'pastelear' las reglas fiscales, como ya demostró en su día con Alemania y Francia cuando ambos países incumplieron el déficit. O en su propio país, cuando negociaba a espaldas de la opinión pública el régimen fiscal que aplicaba en Luxemburgo a las grandes multinacionales: el llamado escándalo LuxLeaks que desveló El Confidencial junto a otros diarios europeos.

España, en esta ocasión, cuenta con el apoyo del comisario Moscovici. El comisario de Economía y Finanzas es francés y socialista, mientras Juncker -como Schäuble- representa a la derecha europea, y habida cuenta del polvorín que hay en su país, con masivas movilizaciones contra la reforma laboral, su actitud es calmar las aguas y no echar más gasolina contra la austeridad y las reformas económicas que limitan derechos. Algo que puede explicar ese extraño pacto entre Francia y España frente a Alemania.

Pierre Moscovici aseguró que el aplazamiento se debía a la ausencia de un Gobierno con plenos poderes. Pero, al mismo tiempo, afirmó que la decisión se tomaría “a principios de julio”, momento en el que España seguirá todavía con un Ejecutivo en funciones. El Ecofin se reunirá unos días antes del 26-J.

Se da la circunstancia de que el Congreso de los Diputados no se abrirá hasta los últimos días de julio, y a partir de ahí los partidos comenzarán a negociar un nuevo Gobierno. No parece probable, por lo tanto, que hasta bien pasado el mes de agosto haya Gobierno en España.

Se da la paradoja de que la Comisión Europea aseguró que no quería influir en las elecciones españolas, pero precisamente el Gobierno en funciones esgrime ahora que ha logrado una prórroga de un año gracias a su gestión de la crisis en términos presupuestarios. El resto de partidos, como se sabe, había reclamado en sus programas electorales del 20-D una prolongación de los plazos. Pero esa baza política se la ha 'robado' el Gobierno.

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