El incumplimiento del déficit saldrá caro: 2.500 millones sin contar la posible multa

El incumplimiento de los objetivos de déficit en 2015, 2016 y 2017 no saldrá gratis al Tesoro Público. Al contrario. Sin contar la posible multa que le pueda llegar a España por no ajustarse a la senda del déficit pactada inicialmente con Bruselas, unos 2.000 millones de euros, el coste adicional será de unos 2.500 millones de euros.

El origen de este nuevo agujero en las cuentas públicas tiene que ver con el hecho de que la deuda, que en el primer trimestre superó ya el 100% del PIB, será más alta de lo estimado, y eso generará costes de financiación no previstos que tendrá que pagar el Estado vía impuestos.

Las cifras aparecen en el último informe de coyuntura del servicio de estudios de BBVA, y muestran con crudeza las consecuencias que tendrá para la economía nacional el incumplimiento de la senda de reducción del déficit negociada con Bruselas para 2015 y los años siguientes.

Los economistas del BBVA, en concreto, estiman que la deuda pública, de haberse cumplido el objetivo de estabilidad en 2015, se situaría en el medio plazo en torno a seis puntos del PIB por debajo de lo esperado actualmente, “lo que en términos de coste de la deuda supone una reducción de casi 25 puntos básicos”. Es decir, 2.500 millones de euros.

Como se sabe, el déficit del conjunto del sector público cerró el año pasado en el 5,08% del producto interior bruto (PIB), por encima del 4,2% negociado previamente con Bruselas. Sobre esas previsiones se trazó la senda de reducción del endeudamiento, pero como no se ha cumplido el objetivo, el resultado se traduce en ese nuevo escenario de deuda, significativamente peor. O expresado en otros términos, se preveía que en 2020 la deuda representaría el 81% del PIB, pero dado que se ha infringido el escenario de consolidación fiscal, el endeudamiento se situará en el 87% del PIB.

El coste de ese incumplimiento es evidente. El año pasado, el servicio de la deuda, según la comunicación enviada en su día a Bruselas por España, se situó en 33.122 millones de euros, lo que da idea de la importancia que tiene reducir el volumen total de endeudamiento. Máxime cuando los tipos de interés tenderán a subir a partir de 2017, según los supuestos que ha realizado el Gobierno en funciones para elaborar el último Programa de Estabilidad.

El Ministerio de Economía, en concreto, prevé que el tipo de interés a largo plazo de sitúe en el 1,9% el año próximo (frente al 1,7% actual), mientras que en 2018 ascenderá al 2,2%, y al 2,5% un año más tarde. Mayores rentabilidades, lógicamente, encarecen el coste de financiación de la deuda. Sobre todo si el volumen es mayor.

Las previsiones del BBVA -que tienen como horizonte el año 2020- coinciden en el tiempo con las recomendaciones que ha realizado este miércoles la Comisión Europea sobre España. Y aunque el Gobierno ha logrado un año más para sacar a España del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), es decir, situar el déficit por debajo del 3%, el Ministerio de Economía en funciones se verá obligado a rectificar la última actualización del Programa de Estabilidad presentada a la UE.

En concreto, la nueva senda del déficit fiscal supone reducirlo hasta el 3,7% del PIB en 2016 y el 2,5% en 2017. Por lo tanto, una décima menos este año y cuatro menos el próximo respecto de lo ofrecido por el Gobierno al colegio de comisarios.

Rapapolvos a España

Los relevante, sin embargo, es el rapapolvo que recibe España por su incapacidad para reducir el déficit estructural (habla de "reducción marginal"). Precisamente, el más relevante en términos económicos, debido a que excluye los componentes cíclicos del déficit, lo que permite conocer la naturaleza del desequilibrio entre ingresos y gastos más allá de la coyuntura.

Bruselas, de hecho, acusa a España de haber hecho muy poco por reducir el déficit estructural. De ahí que requiera al Gobierno a reducirlo un 0,25% del PIB este año (unos 2.500 millones) y un 0,5% en 2017, otros 5.000 millones. En total, 7.500 millones al margen del ciclo. Y aun así, según las estimaciones de los servicios técnicos de la Comisión, España continuará teniendo uno de los déficit mayores de la Unión Europea. De ahí que exija al Gobierno central que sea menos complaciente con las comunidades autónomas, nuevas normas laborales y mayor atención a la investigación y desarrollo, donde España no logra cerrar la brecha que tiene con la eurozona.

La Comisión, en todo caso, considera creíble el escenario macroeconómico presentado por España, que prevé un crecimiento del PIB del 2,7% este año y en el entorno del 2,5% hasta 2019.