La deuda pública sería un 70% del PIB si se hubiera aplicado la regla de gasto
La AIReF calcula que la deuda de las administraciones públicas se habría situado en torno al 70% del PIB en 2014, más cerca del objetivo de estabilidad presupuestaria y por debajo del 99% registrado
España cerró 2014 con una deuda del 99% del PIB, pero... ¿Qué habría pasado si se hubiera aplicado la regla del gasto? La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que se habría situado casi treinta puntos por debajo, en el 70%. Es decir, mucho más cerca del objetivo del 60% que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Estas estimaciones llegan en un momento tenso entre Montoro y el citado organismo. No han pasado ni dos semanas desde que la AIReF anunciase que va a interponer un recurso ante la Audiencia Nacional contra una orden del Ministerio de Hacienda por considerar que dificulta su acceso a la información, algo que no ha hecho mucha gracia al ministro.
Aunque la regla de gasto entró en vigor por primera vez en 2013, el proceso de consolidación fiscal loha hecho prácticamente inoperante. "El cumplimiento de los objetivos anuales de déficit ha impuesto una reducción del gasto públicomucho más exigente", explica un documento publicado hoy porla AIReF. Este instrumento de disciplina está recogidoenla Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestariayfue diseñadopara garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a través del control del gasto.
No hayque confundirlocon el objetivo de estabilidad presupuestaria y la deuda pública. Dichareglaestablece que el gasto público no puede crecer por encima de la tasa de referencia del PIB. El objetivo esfinanciar dicho gasto a medio plazo con ingresos estables. Todas las administraciones públicas están obligadas a cumplir la regla degasto excepto la seguridad social, lo que excluye el gasto por pensiones y prestaciones por desempleo.
En definitiva, la deuda de 2014 podría haberse situado 300.000 millones de euros por debajo: en unos 700.000 millones (70% del PIB). Tras calcularlos efectos de una hipotética aplicaciónde la regla del gasto entre 2006 y 2011, la AIReF consideraque habría propiciado una mejora del saldo del sector público del 3% de media cada año. Este instrumento está pensado para que las administraciones públicas no tiendan a elevar el gasto en épocas de crecimiento, y así proporcionar un "colchón" que mejore su posición fiscal para afrontar futuras crisis. Limitar el gasto implica unamenor necesidad de financiación y, en consecuencia, una menor deuda.
Basta con echar la vista atrás para detectarqueel gasto de las administraciones creció por encima de lo que hubiese permitido esta regla en los años previos a la crisis. No ocurrió lo mismo a partir de 2012, pues el esfuerzo de reducción de déficit para cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria supuso una políticamucho más restrictivaque lo que hubiera permitido la regla de gasto.
¿Qué comunidades incumplieron?
Un total de siete comunidades no cumplieron esta regla en 2014. Es el caso de País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Extremadura y Madrid. Al no operar sobre los ingresos y al excluir los gastos más vinculados al ciclo, la regla del gasto ayuda a estabilizar la economía.Un gasto sostenido y unos ingresos de carácter estable evitarían que España vuelva a sufrirunosrecortestan duros como los vividosa causa de la crisis. Ahí radica la importancia de la regla degasto, a la que algunos califican como"gran desconocida". La AIReF subraya su "importancia creciente" en el contexto de recuperación económica, a medida que las administraciones públicas se aproximan al equilibrio presupuestario.
España cerró 2014 con una deuda del 99% del PIB, pero... ¿Qué habría pasado si se hubiera aplicado la regla del gasto? La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que se habría situado casi treinta puntos por debajo, en el 70%. Es decir, mucho más cerca del objetivo del 60% que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Estas estimaciones llegan en un momento tenso entre Montoro y el citado organismo. No han pasado ni dos semanas desde que la AIReF anunciase que va a interponer un recurso ante la Audiencia Nacional contra una orden del Ministerio de Hacienda por considerar que dificulta su acceso a la información, algo que no ha hecho mucha gracia al ministro.