SUGIERE QUE LOS INGRESOS por cotizaciones ESTÁN INFLADOS

Bruselas censura a España por frenar la reducción del déficit público estructural

La reducción del déficit público estructural, el que no tiene en cuenta el ciclo económico, se ha frenado. Eso es lo que argumenta la Comisión Europea al analizar los Presupuestos Generales de 2016

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 están en el punto de mira de la Comisión Europea. ¿La causa? Las estimaciones de ingresos previstas por el Gobierno. Los técnicos de Bruselas consideran que están sesgadas al alza. En particular, en lo que se refiere a la Seguridad Social. El Gobierno ha previsto un aumento de la recaudación vía cotizaciones sociales del 6,75% (casi el doble que el crecimiento nominal de la economía -3,7%-), y eso es, precisamente, lo que cuestiona Bruselas.

Entre otras cosas porque este año la recaudación por cotizaciones sociales -hasta agosto- está aumentando apenas un 1,35% pese a que la economía crece algo por encima del 3% en términos reales y el empleo aumenta en la misma proporción. Y tanto el Banco de España como el propio Gobierno consideran que en 2016 se producirá una ligera ralentización del crecimiento económico (por debajo del 3%).

La Autoridad Fiscal Independiente (Airef) ya advirtió recientemente de que “existe un alto riesgo de desviación” del objetivo para 2016 de la Seguridad Social, fijado en el -0,3% del PIB por el Gobierno. Este riesgo, en su opinión, se debe fundamentalmente “a la confirmación de la desviación del déficit de 2015 y a la dificultad de alcanzar las previsiones de ingresos de los presupuestos de 2016”.

El argumento que ofrece la Airef para dudar de las cuentas de la Seguridad Social es que “el largo periodo de bajos precios y devaluación interna” supone en el corto plazo un “freno” en el crecimiento nominal de los ingresos, en especial los de la Seguridad Social.

El Gobierno se ha comprometido ante Bruselas a reducir el déficit del conjunto de las administraciones públicas el año próximo hasta el 2,8% del PIB, frente al 4,2% de este año.

Presentación de los presupuestos generales del Estado 2016. (EFE)
Presentación de los presupuestos generales del Estado 2016. (EFE)

No se cuestiona, en principio, el objetivo de déficit previsto para la Administración central en 2016 (2,2% del PIB), toda vez que parece alcanzable, habida cuenta de la evolución de los ingresos impositivos y del menor gasto derivado de la cobertura del desempleo y del servicio de la deuda. El Gobierno ha previsto un aumento de la recaudación tributaria del 6,1% respecto del avance de liquidación de 2015, principalmente por la evolución de los ingresos por Impuesto de Sociedades e IVA, muy influidos por el hecho de que el motor del crecimiento es el consumo privado.

Las dudas sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit por parte de la Comisión Europea vienen de lejos. En sus últimas previsiones de primavera sobre España, estimaba un desequilibrio equivalente al 4,5% este año y al 3,5% el próximo, en ambos casos por encima de lo estimado por el Gobierno (un -4,2% y un -2,8%, respectivamente). De ahí que ya entonces se sugirieran recortes adicionales para cumplir con el calendario y sacar a España en 2016 del Protocolo de Déficit Excesivo, como pretende el Gobierno.

Nuevos recortes

De hecho, este desequilibrio estimado por Bruselas superior al previsto por el Ministerio de Hacienda explica que, según la Comisión, el volumen de deuda pública en circulación vaya a situarse tanto este año como el próximo por encima del 100% del PIB. De ahí que en sus últimos informes haya reclamado a España avanzar a través de dos vías: mayor eficiencia en la Administración pública y reordenación del gasto sanitario. O expresado en términos más directos, nuevos recortes del gasto público.

A favor de España cuenta el hecho de que el PIB a precios corrientes (con inflación) lo ha revisado recientemente al alza el INE, hasta los 1,041 billones, lo que supone algo más de 7.300 millones de euros respecto de la estimación anterior.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. (EFE)
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. (EFE)

Lo que cuestiona Bruselas firmemente es que España haya frenado en seco la reducción del déficit público de carácter estructural. Es decir, el que se produce al margen del ciclo económico.

Los técnicos de la Comisión Europea estiman que el desequilibrio se situará este año en el 2,3% del PIB, mientras que en 2016 escalará hasta el 2,7%. Por lo tanto, lejos de disminuir, el desequilibrio estructural crecerá. En 2014, el déficit no achacable al ciclo económico se situó en el 2,1% del producto interior bruto.

Este es, en realidad, el punto candente, toda vez que el déficit estructural es el que mejor mide la realidad de las cuentas públicas.

La Comisión Europea no está sola en sus previsiones. En su último informe sobre España, el Fondo Monetario estimaba que el desequilibrio fiscal ajeno al ciclo económico no bajará del 1,8% del PIB al menos hasta 2020. Esto quiere decir que un deterioro de la coyuntura podría elevar de forma relevante el déficit, y de ahí el interés de Bruselas en que España avance de forma más rápida hacia el equilibrio estructural. Entre otras cosas porque el potencial de crecimiento de la economía española se sitúa todavía muy por debajo de su media histórica.

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