Ver una tarjeta roja puede suponerle a una futbolista más de una cuarta parte de su sueldo

A finales de la semana pasada, en plena polémica por la manipulada renuncia de 15 jugadoras a la Selección española, sindicatos y patronal, en este caso la recién estrenada Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF), tuvieron la primera reunión para empezar a negociar un nuevo convenio colectivo. Después de llevar a las árbitras a un parón —que no huelga— y boicotear la histórica primera jornada de la Liga F, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado otra vuelta de tuerca a la de por sí compleja sostenibilidad de la competición de fútbol femenino profesional, financiada durante los próximos tres años por el Consejo Superior de Deportes (CSD), en lo que supone un agravio comparativo hacia el resto de deportes, y no solo los practicados por mujeres, sino también por hombres.

Así, para sorpresa de los clubes y la propia LPFF, el ente que preside entre polémicas Rubiales ha decidido aumentar las sanciones económicas que conllevan las tarjetas amarillas y rojas: las primeras, de cuatro a 180 euros, y las segundas, de nueve a 350. El argumento que se esgrime desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas es que son las mismas cantidades que se cobran en LaLiga Santander, la primera competición profesional de fútbol masculino, cuya facturación sobra recordar que está a años luz del femenino, además de que el sueldo mínimo de los jugadores es de 155.000 euros, por los 16.000 de las jugadoras.

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Como coloquialmente se dice, ni corta ni perezosa, la RFEF ha decidido aplicar el artículo 52 de su Código Disciplinario, sobre 'Las multas o sanciones de carácter económico', en cuyo tercer punto dice que "en las competiciones de carácter profesional, la sanción de amonestación de directivos, futbolistas, entrenadores y auxiliares, llevará consigo, para el club de que se trate, multa accesoria en cuantía de 180 euros cuando se trate de equipos adscritos a Primera División, y de 90 euros cuando se trate de equipos adscritos a Segunda División. La sanción de suspensión conllevará multa por importe de 350 euros, cuando se trate equipos adscritos a Primera, y de 200 euros cuando se trate de equipos adscritos a Segunda, por cada partido o mes que abarque". Y es que, efectivamente, la brillante idea también afecta a la 1ª RFEF.

Pero ahí no queda la cosa, pues en el mismo artículo se añade que "tratándose de jugadores, entrenadores o auxiliares profesionales, se les impondrá, con independencia de la sanción pecuniaria que corresponda al club, a tenor de lo que prevé el apartado anterior, una multa equivalente a sus retribuciones, por todos los conceptos, correspondientes al periodo de inactividad, computándose, a tal efecto, cada partido de suspensión como una semana". Es decir, que para una futbolista que cobre el salario mínimo, los mencionados 16.000 euros, ver una tarjeta roja puede suponerle más de una cuarta parte de su sueldo mensual.

La temporada pasada, 138.000 euros

Tal y como explicó el diario 'Marca', en los 240 partidos que se disputaron el año pasado en la todavía llamada Primera Iberdrola, las árbitras mostraron 721 tarjetas amarillas y 26 rojas, lo que, con el incremento actual, hubiera supuesto un total de 138.880 euros de gasto para los clubes. Por lo que se refiere a la primera jornada disputada de la Liga F, la segunda tras la suspensión de la inaugural, las árbitras estrenaron su profesionalización exprés con 17 tarjetas amarillas y una tarjeta roja, la que vio la sevillista Diana Gomes, sancionada con un partido y 600 euros de multa, el máximo que está contemplado.

Con este panorama cada vez más complejo por el empeño de la Federación, ha dado comienzo la mencionada negociación del Convenio Colectivo del Fútbol Femenino, en el que, sobre todo después de todo lo sucedido con las árbitras, se presume que no será nada sencillo alcanzar acuerdos que contenten a las dos partes. Lógicamente, las futbolistas tienen todo el derecho a reivindicar una subida salarial acorde a sus nuevas circunstancias, pero también los clubes a intentar que el fútbol femenino no se convierta en una burbuja que tarde o temprano estallará.

Opinión

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Del mismo modo que la RFEF, parapetada en su siempre servil Comité Técnico de Árbitros (CTA), utilizó a las árbitras para boicotear el estreno de la Liga F, tal y como llegó a denunciar la presidenta de la LPFF, Beatriz Álvarez Mesa, se podría dar la paradoja de que las futbolistas fueran de la mano de sus clubes, a excepción, claro está, del Real Madrid, y fueran ellas las que boicotearan a una Federación dirigida por un presidente al que solo le preocupa recaudar dinero. Y eso que el variable que cobraba se lo puso como fijo con la complicidad de los 82 asambleístas que se lo aprobaron, de un total de 149 contando al propio Rubiales.

En este sentido, también será curioso ver la posición que adopta durante las negociaciones FutPro, el sindicato cercano al presidente de la RFEF, hasta el punto de prestarse a vender una igualdad en la Selección que no solo no existe, sino que ha terminado por hacer estallar la convivencia. Y, lo que es aún peor, provocar una importante fractura entre las futbolistas del FC Barcelona y el Real Madrid, precisamente las que hicieron posible que este sindicato fuera el más votado en las primeras e históricas elecciones de un fútbol femenino que ahora también quiere tener voz, además de botar a Vilda...