Holocausto en Paracuellos: sangre y mentiras en la catedral de los mártires

En vísperas del pasado 20-N, el más extraordinario de la democracia española, lejos de la basílica del Valle de los Caídos, el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, celebró la habitual misa en el cementerio de los Mártires de Paracuellos con una homilía en cambio inusual: el camposanto debería contar con una abadía como la benedictina que se erige en Cuelgamuros. La misa matinal del pasado domingo adquiría así tintes extraordinarios tras la exhumación de los restos de Francisco Franco de la basílica del valle, en el lugar que ejemplifica el mayor holocausto acaecido en el terreno controlado por el bando republicano y el más sistemático de toda la Guerra Civil.

La “catedral de los mártires”, como se denomina en ocasiones a la pequeña ermita que se erige en el tramo maldito de lo que una vez fue la carretera de Belvis a Madrid, en el denominado Arroyo Seco de San José, acoge siete fosas comunes en donde cayeron fusiladas unas 2.500 personas durante un preciso plan de ejecución masivo entre los días 7 de noviembre y 5 de diciembre de 1936. Masacre perpetrada por miembros del Consejería de Orden Público de Madrid al frente del cual estaba el entonces líder de las Juventudes Socialistas Unificadas -JSU- Santiago Carrillo.

Si el pasado octubre el prior de la abadía benedictina del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, había opuesto resistencia al gobierno de Pedro Sánchez para evitar, según la voluntad de la familia Franco, que los restos del dictador fueran trasladados al mausoleo de Mingorrubio, en El Pardo, en donde quiso la viuda que descansaran cuando falleció, el obispo de Alcalá de Henares traía de nuevo, en el 82 aniversario, la memoria del asesinato más cruento y masivo perpetrado en 1936 reivindicando el papel de los abades.

Familiares contra el régimen

Las víctimas "escaparon" en cambio a los designios del mismo Franco, nada más terminar la guerra, sobre un terrible suceso que durante casi la totalidad del régimen ni siquiera se comprendió en su verdadera magnitud. Según los planes del mismísimo caudillo, los mártires de Paracuellos debían descansar, en lo que ya se planificaba como el gran mausoleo franquista de los muertos del bando nacional en la guerra: el Valle de los Caídos en Cuelgamuros.

Así, ya en 1939, el régimen había decidido que se realizaría una gran exhumación para que los restos estuvieran en el interior de la futura basílica que comenzó a construirse en 1940. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurriría después con los restos de fusilados del bando republicano repartidos en fosas y cementerios, nunca se produjo. No fue porque el régimen cambiara de opinión: simplemente, la vehemencia de los familiares de las víctimas, que se opusieron siempre a un traslado, impidió cualquier plan de resignificación del acontecimiento en el Valle de los Caídos por parte del franquismo.

Se planificó como un operativo de aniquilamiento secreto en el que las órdenes se dieron con el macabro eufemismo de “evacuación” a Valencia

La realidad es que tal y como explica el hispanista Julius Ruiz, autor de ‘Paracuellos, una verdad incómoda’, (Espasa), el lugar que ocupó la matanza en la memoria del bando nacional durante la guerra y del franquismo, durante la dictadura, fue siempre confusa. Aunque los acontecimientos salieron a la luz a los pocos meses de haberse producido, gracias a la labor de los diplomáticos extranjeros como el alemán Félix Schlayer, encargado de negocios de la legación noruega en Madrid, la realidad es que las autoridades nacionales dieron más publicidad a otros asesinatos, de mucho menor significado en cuanto al operativo.

La noticia del fusilamiento en agosto de Julio Ruiz de Alda y Fernando Primo de Rivera, hermano de José Antonio, se difundieron con más ahínco, al igual que más adelante se hiciera con el asesinato del propio José Antonio en Alicante, acaecido en el mismo mes de noviembre en el que se producían las sacas desde las cárceles Modelo, Porlier, San Antón y Ventas con destino al arroyo seco de San José, a 20 km de Madrid. La magnitud de las sacas excedía con mucho los fusilamientos de los destacados dirigentes de Falange: se planificó como un operativo de aniquilación para el cual incluso las órdenes se dieron con la advertencia “cubrir la responsabilidad” y con el macabro eufemismo de “evacuación” hacia Valencia. Lenguaje que remite inmediatamente al de “deportación” que emplearían años más tarde los jerarcas nazis para referirse a la Solución Final.

El destino de los presos en las cárceles de Madrid, en su mayoría militares que habían quedado licenciados el 18 de julio tras el decreto del entonces presidente Santiago Casares Quiroga, además de profesionales liberales, sacerdotes y cualquier sospechoso de simpatizar con el bando nacional, nunca fue el del traslado, a pesar de las órdenes que se presentaron para sacarlos. Los responsables de la ejecución del plan, los miembros de la JSU de la consejería de Orden Publico, bajo dirección de Carrillo, según Preston, tenían claro que iban a ser fusilados. Incluso muchos de los presos tuvieron noticias, a partir de la primera saca, en la madrugada del 7 de noviembre, del verdadero destino de la “evacuación”. Un secreto que solo encubría a sus autores.

La autoría de la República

Durante años los historiadores han debatido la implicación del gobierno republicano, de la Junta de Defensa de Madrid a las órdenes del gneral José Miaja y más concretamente, la responsabilidad de Santiago Carrillo en el operativo. Lo más llamativo es que en los años inmediatamente posteriores estuvo envuelto en la bruma. En la Causa General franquista, por ejemplo, ocupa un lugar poco destacado y aunque se establecía la responsabilidad del gobierno, Santiago Carrillo sólo era mencionado brevemente. Tampoco hacía mención a los asesores soviéticos, mientras que después se asumió esa tesis, como si hubiera sido ordenado por los asesores de la URSS y sólo ejecutado por los extremistas que se habían hecho con el orden público en Madrid.

Las comparaciones durante los años 40 con la matanza de oficiales polacos en Katyn, a manos de la NKVD de la URSS fueron habituales. Entre la historiografía más afín a la República se fue abriendo, junto a la versión de la inspiración soviética -en la que coincidían con muchos historiadores franquistas-, la insoslayable participación del responsable de orden público en Madrid, Santiago Carrilllo, después de que el gobierno republicano abandonara la capital con destino a Valencia, ante el inminente avance de las tropas nacionales, que llegaron hasta la Ciudad Universitaria en noviembre de 1936.

Es cierto que las acusaciones sobre Carrillo apenas existieron en la inmediata posguerra y que su papel como responsable de la matanza se dinamitó a partir de la Transición, cuando volvió a España. Poco después sería el hispanista irlandés Ian Gibson, nada sospechoso de afinidad al régimen, quien en su obra 'Paracuellos, ¿Cómo fue?' (1983) considerara que las explicaciones de Carrillo eran "indignas", puesto que el antiguo jefe de orden publico le había relatado como se había producido la mascre, culpando a los soviéticos.

En sus memorias, Santiago Carrillo escribió: "La verdad es que yo he empezado a oír hablar de Paracuellos bastantes años más tarde"

Sin embargo, en sus memorias, publicadas en 1993, el dirigente comunista esgrimió lo siguiente: "Tardamos varios día en saber que habían sido interceptados y ejecutados, pero nunca llegamos a saber por quién y en aquel momento ni supimos donde. En los alrededores de Madrid merodeaban miles de incontrolados, con armas", y más adelante: "La verdad es que yo he empezado a oír hablar de Paracuelleos bastantes años más tarde".

Por su parte, Paul Preston sitúa a Carrillo en el vértice de la operación, aunque no fuera una decisión suya: "En el curso de las reuniones celebradas inmediatamente después de la creación de la Junta de Defensa, delegaron la responsabilidad [evacuacaciones] en los dos líderes del PCE. Ellos, que sí aprobaban las ejecuciones, delegaron a su vez la organización de las operaciones en Carrillo, Cazorla y Serrano Poncela, quienes para cumplir su cometido, se sirvieron de miembros de la JSU, a los que situaron en diversos puestos de la Dirección General de Seguridad", -'El holocausto español: odio y exterminio en la Guerra Civil', P. Preston (Debate)-.

En prensa, el historiador calificó de "ridículas" las explicaciones de Carrillo quien no habría sido el instigador, ni el único responsable, pero sí el encargado de ejecutar el plan como brazo del Partido Comunista junto a Cazorla y Poncela. En cambio, tanto Paul Preston como Gabriel Jackson o Hugh Thomas, entre otros hispanistas, han remarcado incesamente la inocencia del gobierno republicano en Valencia, verdadero 'quid' de la cuestión de la matanza.

El 'Ángel Rojo'

Es el extremo más controvertido, aunque poco defendible: el hecho de que miembros del gobierno republicano como Manuel Irujo o José Giral expresaran su frontal rechazo indica la obviedad de su conocimiento. Pero el indicio más concluyente de la participación activa, al menos de algunos miembros del gabinete de Largo Caballero, radica, según Julius Ruiz, en que cuando se nombró Director General de Prisiones al anarquista Melchor Rodríguez, el denominado 'Ángel Rojo', las sacas se detuvieron.

Fue entre el día 9 de noviembre y el 27: ante la reticencia del dirigente de la CNT, que se opuso a las "evacuaciones", de las que ya se conocía perfectamente el destino, fue cesado por el ministro de Justicia, el también anarquista Juan García Oliver. Con su destitución, las sacas continuaron dos semanas más entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre con el resultado de miles de muertos. El hispanista escocés rebate la tesis de la inspiración soviética y achaca la operación al CPIP -que habría comenzado con sacas similares en octubre- y al propio gobierno, que lo permitió. El documento clave para señalar al CPIP fue publicado por el historiador Jorge Martínez Reverte en su obra 'La Batalla de Madrid'. En este escenario, Carrillo habría hecho suyo el plan al frente de la seguridad en Madrid, pero respetó el ínterin en el que Melchor Rodríguez estuvo al frente de prisiones, por ser una decisión precisamente del gobierno.

Los cadáveres yacían insepultos y cuando llegaban los autobuses con las nuevas sacas, la espantosa visión desataba el pánico entre los presos

En total, las cifras más fiables de los asesinados durante las sacas de noviembre y diciembre, según las listas de evacuación de presos, ascienden a unos 2.500. Entre los que se incluyen los ejecutados en la acequia del Soto de la Aldovea, Torrejón de Ardoz, que fueron llevados allí, sencillamente, porque en el tramo de Arroyo Seco los cadáveres seguían insepultos y en cuanto llegaban los autobuses y camiones con las nuevas sacas, los presos, aterrorizados, comprendían lo que les esperaba y se producían situaciones de pánico e intentos desesperados de huida. Los responsables de orden público pusieron a todo el pueblo de Paracuellos a enterrar a las víctimas que habían sido fusiladas durante el día al caer la noche, pero no fue suficiente, motivo por el cual, el día 8, para continuar con la masacre, se decidió buscar otro lugar que resultó ser un caz en el Soto de la Adovea.

Nada más terminar la guerra, los planes para conmemorar la masacre se concentraron, primero, en erigir un monumento en el mismo lugar donde fueron asesinados. Según Julius Ruiz fue una idea grandilocuente para una España sumida en la pobreza de la posguerra: en el primer aniversario no había dinero para construir el monumento y se ofició una misa con una simple cruz de madera. Poco después se puso en marcha una suscripción popular en la que el propio Franco aportó 100.000 pesetas, pero el monumento tampoco se materializó, porque el objetivo pasó a ser la construcción de una capilla en el lugar, que sigue hoy en pie.

Fosas comunes

Fue consagrada el 5 de octubre de 1941 por el obispo de Madrid Leopoldo Eijo y Garay y la personalidad más destacable fue Luis Carrero Blanco, entonces subsecretario de la Presidencia de Franco. Al final los esfuerzos se destinaron una exhumación distinta de la que propondría el régimen franquista: la de los cadáveres, precisamente, de Soto de la Aldovea de Torrejón de Ardoz, con destino a Paracuellos, para que estuvieran con el resto de víctimas.

Con ello se cumplió la voluntad de las familias de consagrar el lugar como santo y en última instancia, la voluntad de sus asesinos. Es la actual fosa número 2 del camposanto: la única en la que los cuerpos están en ataúdes. El resto, aunque sobre su superficie se erigieran cruces y lápidas con el nombre de algunos de los allí caídos, se tratan de fosas comunes: están puestas al azar según el listado de nombres del día y la cárcel de donde fueron "evacuadas" las víctimas. Un simple recorrido por el camposanto con el detalle de los días, las sacas y el plan de aniquilación produce auténtico espanto.

El mantenimiento del camposanto se sufraga aún hoy con la asignación correspondiente para las obras que se habían previsto en Cuelgamuros

A pesar de que las autoridades franquistas siguieron intentando en los años 50 la exhumación y el traslado al recién terminado Valle de los Caídos, la Asociación de Familiares de los Mártires de Paracuellos y Torrejón de Ardoz se opuso nuevamente. "El más mínimo indicio de que la paz eterna de los muertos pudiera ser perturbada por decisión de las autoridades provocaba la indignada reacción de grupos de agraviadas parientes", escribe Julius Ruiz. De hecho, aún hoy, después de que el obispo de la archidiócesis de Alcalá de Henares, de la que depende el cementerio, haya propuesto construir un monasterio a la imagen del de Valle de los Caídos, el mantenimiento del camposanto se sufraga, curiosamente, con la asignación correspondiente para las obras que se habían previsto en el emplazamiento de Cuelgamuros, donde ya no yace Franco.