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Guerra abierta entre el Gobierno y la CNMC: ¿qué hacer con la economía colaborativa?

Uno aprueba leyes que regulen el mercado, pero la otra dice que, regulación, la justa. Así es la lucha de posiciones entre Gobierno y CNMC con la economía colaborativa.
Foto: La economía colaborativa pasa por ser un pilar clave del futuro tecnológico. Foto: OuiShare (Flickr).
La economía colaborativa pasa por ser un pilar clave del futuro tecnológico. Foto: OuiShare (Flickr).
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Con frecuencia se suele decir que el mundo real va muy por delante de las leyes y de los Gobiernos que las aprueban. Lo que no es tan frecuente es que un Gobierno encuentre a su mayor enemigo precisamente en su propia casa.

Y eso es lo que, en los últimos años, le ha pasado al Gobierno (ahora en funciones) con un organismo público, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que, desde la aparente discreción, en realidad se ha convertido en el mayor opositor de sus políticas en torno a la economía colaborativa, un sector económico tan amplio como complejo que, sin embargo, deberá ser abordado lo antes posible a nivel legal.

Y es que, mientras el Gobierno lucha por implantar unos marcos legales que no suelen convencer a las empresas del sector, la CNMC se ha convertido en la mejor defensora de estas últimas. De hecho, lleva un par de años apostando por una mínima regulación y evidenciando (sin ningún ánimo de ocultarlo) un distanciamiento más que claro respecto a las actuaciones del Gobierno.

CNMC: "La no regulación es la solución óptima"

La primera vez que la CNMC manifestó públicamente su opinión sobre la economía colaborativa y sus derivados fue en julio de 2014, cuando lanzó un llamativo comunicado en el que aseguraba que, ante estas nuevas tendencias, "la ausencia de regulación podría ser, en algunos casos, la solución óptima".

Así, desde el organismo público se aseguraba que "si se diera una respuesta regulatoria, se debe primar el interés general, no el de un grupo de operadores económicos".

El presidente de la CNMC, José María Marín, siempre ha estado en contra del exceso regulador. Foto: EFE.
El presidente de la CNMC, José María Marín, siempre ha estado en contra del exceso regulador. Foto: EFE.

De hecho, su propio presidente, José María Marín, aseguraba un mes antes que "prohibir es una herramienta excesivamente fácil" y que "las respuestas [a la falta de regulación] deben ser proporcionales al problema".

Todo ello en torno a una posible respuesta legislativa del Gobierno que, según la CNMC, "no tiene por qué consistir en más regulación para los nuevos entrantes", sino en "reducir los requisitos para los operadores tradicionales".

El Gobierno y el 'fiasco' del crowdfunding

Pero, ¿era casualidad tal posicionamiento de la CNMC? ¿Era innecesario? ¿Estaba entrando el organismo público en un sector en torno al cual no se hubiera abierto aún ningún debate? ¿Estaba tratando de curar la herida antes de que se produjera?

En realidad, no. Al margen de que el posicionamiento fuera casual o no, lo cierto es que la postura de la CNMC se lanzó al discurso público precisamente cuando peor lo estaba pasando el Gobierno al intentar legislar una de las patas de la nueva economía: el equity crowdfunding.

Y es que fue precisamente ese verano cuando el ministerio de Luis de Guindos se encontraba en un tremendo fregado y en una sucesión de negociaciones con las plataformas de equity crowdfunding, que no entendían cómo, unos meses atrás, el Gobierno había propuesto una legislación tan sumamente restrictiva.

De hecho, el posicionamiento de la CNMC fue uno de los argumentos que esgrimieron las empresas de equity crowdfunding para negociar con el Gobierno y, finalmente, conseguir una ley que, sin colmar todos sus deseos, sí parecía estar más adaptada a la realidad del sector.

Airbnb: la CNMC a favor, las leyes en contra

Otro caso paradigmático es el de airbnb, la empresa que conecta a usuarios y propietarios de viviendas para el arrendamiento de la misma dejando en manos de los dueños la posible tributación (o no) de los ingresos obtenidos.

Y aquí, de nuevo, la CNMC y el Gobierno y la Generalitat de Cataluña muestran sus evidentes diferencias de criterio en una lucha de argumentos total y absolutamente enfrentados.

Y es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pese a apoyar la existencia de una regulación, defiende a los portales de este tipo alegando que "las nuevas tecnologías proporcionan sistemas de evaluación mutua entre usuarios y proveedores, que pueden reducir la asimetría informativa".

Además, desde el organismo temen que "una regulación ineficiente podría quedar rápidamente obsoleta y perjudicar posibles ventajas competitivas de España o de las Comunidades Autónomas".

La proliferación de pisos turísticos ilegales, polémica en Barcelona. Foto: EFE.
La proliferación de pisos turísticos ilegales, polémica en Barcelona. Foto: EFE.

 

Los problemas legales de airbnb

Sin embargo, con la ley en la mano, lo cierto es que airbnb tiene francamente difícil defender la legitimidad de su servicio o de sus apartamentos. En Madrid, por ejemplo, si nos atenemos a la ley vigente, el 91% de los apartamentos ofertados, según insideairbnb, están fuera de la ley al permitir una estancia inferior a cinco días.

En el caso de Barcelona, los apartamentos al margen de la ley alcanzan el 64%. El motivo del ílicito es que dichos apartamentos no cumplen con la normativa, que exige mostrar públicamente su licencia, se anuncien donde se anuncien.

De hecho, y a pesar de que Cataluña es el territorio que más ha ido adaptando sus leyes a la realidad de portales como airbnb, el ayuntamiento de Barcelona está llevando a cabo una activa lucha en contra de los apartamentos turísticos ilegales.

¿Qué hacemos con Uber y Cabify?

Pero la madre del cordero –y uno de los mayores puntos de desencuentro entre el Gobierno y la CNMC– pasa por todo lo que tiene que ver con los coches que incorporan su propio chófer.

Y es que en la CNMC tienen claras sus posibles ventajas: "En el sector del transporte se podrían dar externalidades medioambientales positivas. Además, la constancia informática de la transacción podría facilitar el control por parte de la autoridad fiscal o administrativa, y la calidad del servicio puede mejorar gracias a los sistemas de mayor competencia, reputación e interacción repetida".

CNMC: "No hay que crear obstáculos a la competencia"

Desde el organismo público, por tanto, llevan casi dos años asegurando que usarán "todos los instrumentos para evitar la creación de obstáculos a la competencia efectiva en los mercados o el fraccionamiento del mercado nacional".

De hecho, su última crítica a las políticas del Gobierno ha llegado apenas hace unos días, cuando solicitó al Ministerio de Fomento que eliminase las restricciones aprobadas en contra de las licencias para los coches con chófer.

Por otro lado, el organismo público también ha recurrido las ordenanzas del taxi en Málaga y Córdoba, ya que considera que "restringen la competencia al perpetuar y fortalecer un régimen de monopolio en la prestación de servicios de taxi, cuyo efecto es reducir el bienestar".

Los taxistas volverán a luchar este año contra Uber y Cabify. Foto: Enrique Villarino.
Los taxistas volverán a luchar este año contra Uber y Cabify. Foto: Enrique Villarino.

 

Uber, ilegal; Cabify, pendiente de sentencia

Sin embargo, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) no parece tener tan claro este apoyo: Uber fue cerrada y volverá en 2016 con licencias VTC para ingresar dentro de la legalidad. Sin embargo, los taxistas piensan que incluso esa actividad seguirá siendo ilegal, con lo que volverán a demandar a la compañía.

Por otro lado encontramos a Cabify, que, con el mismo tipo de licencias que ahora adoptará Uber, ha esquivado el cierre cautelar y, aunque parecía evidente que estaba dentro del marco legal, aún tiene una causa pendiente contra los taxistas.

Y es que parece que, en este sentido, los taxistas no están dejando títere con cabeza. Su próximo objetivo es myTaxi, a la que acusan no de operar sin licencia (se trata de una app hecha para los propios taxistas), sino de incurrir en un delito de competencia desleal por su política de descuentos al usuario.

Estos son algunos casos, pero hay más: la batalla judicial de Blablacar, el cierre de webs que ofrecen limpiadores no dados de alta como autónomos y un etcétera quizá demasiado largo.

Una lista de frentes abiertos, en definitiva, que evidencian la lucha de posturas: el Gobierno, a favor de legislar sin miedo la economía colaborativa; la CNMC, pidiendo que se abra la mano en pro de la innovación y de una regulación que, si no inexistente, al menos sea austera.

Las recomendaciones de la CNMC a la hora de legislar la economía colaborativa

1.- La ausencia de regulación podría ser, en algunos casos, la solución óptima.

2.- Si se diera una respuesta regulatoria, se debe primar el interés general, no el interés de un grupo de operadores económicos.

3.- Sólo habría que considerar una respuesta regulatoria proporcionada si existen fallos de mercado (externalidades, información asimétrica…); si el mercado por sí mismo no puede alcanzar objetivos de interés público; o existe tratamiento asimétrico respecto a operadores sujetos a obligaciones de servicio público.

4.- La respuesta por parte de las autoridades no tiene por qué consistir en más regulación para los nuevos entrantes, sino que podría centrarse en reducir los requisitos para los operadores tradicionales cuando estos requisitos sean innecesarios o desproporcionados.

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