¿Quién presiona al Bundestag? Los 'lobbies' que condicionan la política alemana

18 de septiembre. Estalla la bomba. La Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos acusa a Volkswagen de trucar con un 'software' las emisiones de gases contaminantes en varios modelos en las pruebas de laboratorio e incumplir la legislación. El escándalo se agranda a medida que pasan las horas: hay 11 millones de vehículos de cuatro marcas en al menos tres continentes. La revelación se lleva por delante en cuestión de días a Martin Winterkorn, presidente del grupo. La empresa nombra nuevos responsables, promete enmendarse y arreglar la manipulación y trata de pasar página. Varios gobiernos, mientras tanto, ponen en marcha comisiones de investigación. La justicia alemana abre diligencias.

¿Capítulo cerrado? Para algunos círculos la depuración de responsabilidades no puede acabar ahí. Consideran que los supervisores miraron hacia otro lado y son, cuando menos, cómplices del mayor fraude de la historia de la industria del motor. Andrew Morriss, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad A&M de Texas, asegura en 'The Economist' que la única forma de que las autoridades medioambientales no supieran del empleo de programas informáticos para trucar los resultados de los test era "que hubiesen pasado las últimas dos décadas en otro planeta". Añade que a finales de los años noventa, se debatió en "cientos de artículos" el uso de este tipo de 'software'. "Es imposible para cualquier legislador competente no haber estado al tanto de lo que estaba pasando con otros motores diésel después de 1998", concluye.

¿Por qué no se revisaron entonces los métodos para determinar las emisiones de los vehículos en Europa y, especialmente, en Alemania, que lleva años tratando de liderar la lucha global contra el cambio climático y cuya marca país está indeleblemente ligada al sector de las cuatro ruedas? Para los pocos que se atreven a adentrarse en estas aguas pantanosas la respuesta incluye de manera casi inexorable una palabra de origen anglosajón y significado oscuro: 'lobby'.

"El escándalo de Volkswagen es un disparo de advertencia para los políticos alemanes", asegura Christina Deckwirth, portavoz de LobbyControl, una ONG dedicada a denunciar la influencia de los grupos de presión. "Es conocido desde hace tiempo que los resultados de las pruebas de emisiones no coincidían con los de la conducción en condiciones reales. Sin embargo, el Gobierno alemán ha seguido manteniendo su brazo protector sobre la industria automovilística. No ha mostrado ninguna disposición a enfrentarse a los intereses del 'lobby' de la industria del motor e introducir pruebas más acordes con la realidad para beneficio del consumidor, la salud pública y el medio ambiente", remata.

En una entrevista con El Confidencial, Deckwirth explica que "el 'lobby' de la industria del motor es con seguridad uno de los grupos de presión más influyentes de Alemania, como ha vuelto a dejar claro el escándalo de Volkswagen". Pero en absoluto es el único. Se trata a su juicio de un problema generalizado en Alemania, con importantes repercusiones en la mayor economía europea. Y más allá. "Otros sectores también son muy fuertes, como el de la energía, el químico, el farmacéutico o el financiero", indica.

En total, LobbyControl estima que en Berlín operan unos 5.000 lobistas, personas dedicadas profesionalmente a ejercer presión directa e indirectamente sobre el Ejecutivo y el Legislativo para que regulen en beneficio (o al menos no en detrimento) de sus clientes, que son, en general, empresas particulares y colectivos sectoriales y estratégicos. No obstante, la cifra total de lobistas en Berlín podría ser aún mayor, reconoce la ONG. Otros cálculos menos conservadores elevan el número hasta los 6.000.

La selva de los 'lobbies'

La paleta de asociaciones de este corte en Berlín es apenas abarcable. Desde la previsible y poderosa Asociación de la Industria Alemania (BDI) a la Asociación de Panaderos, pasando por la influyente Federación de la Industria de la Energía y el Agua (BDEW), y los más desconocidos y especializados bufetes de abogados que actúan bajo demanda. Pero también por todos los profesionales a sueldo de los grandes del DAX 30, como Deutsche Telekom, E.ON, Daimler, Bayer, Volkswagen, Lufthansa, RWE, Siemens, Allianz o Deutsche Bank. Y de actores globales como Google o BP a Microsoft, que también cuentan con personal especializado en la capital alemana.

La inmensa mayoría de estos profesionales y sus oficinas se apiñan en apenas un puñado de calles en torno a la Cancillería, el Bundestag, la puerta de Brandeburgo y las sedes de los ministerios de Economía y Energía, Finanzas y Defensa. La concentración en el corazón político de Alemania es tal que LobbyControl, dentro de sus actividades para denunciar la impunidad de los grupos de presión y sus prácticas, acaba de editar una 'Guía turística de la selva de los 'lobbies' de Berlín, un libro que repasa a lo largo de más de 300 páginas las sedes de los principales 'lobbies' y cita algunos de los casos más flagrantes de su acción. Además, a petición, organiza visitas guiadas a los centros ocultos del poder en la ciudad a través de cinco rutas.

La falta absoluta de legislación en este ámbito en Alemania permite que, por no haber, no haya ni un registro de lobistas. Un mínimo para los expertos. "Alemania está en la cola en cuanto a regulación política de los 'lobbies'. En Alemania no es obligatorio que los lobistas se registren, frente a lo que sucede en Estados Unidos y Canadá", lamenta Deckwirth. "Incluso a nivel europeo está el denominado registro de transparencia. No es obligatorio, y sin embargo la UE va un paso por delante de Alemania. Aquí necesitamos urgentemente un registro obligatorio de 'lobbies", asegura Deckwirth.

Así, los lobistas entran en los ministerios y el Bundestag con toda facilidad y se reúnen con los cargos clave para sus pretensiones sin que quede constancia alguna. La dimensión exacta del problema, según los expertos, es difícil de estimar. Pero se remiten a algunos de los casos que han trascendido a la opinión pública, como las tácticas de la Asociación de la Industria Química (VCI) para rebajar las condiciones de la normativa europea REACH sobre productos peligrosos. O los anuncios de las tabaqueras en las publicaciones de los mayores partidos alemanes y la financiación directa a partidos de las principales empresas de armamento del país: Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall y Airbus (antes EADS).

Deckwirth suele contar en sus visitas guiadas por Berlín la acción que realizó en 2008 la Federación Alemana de Cerveceros contra una propuesta de la entonces comisionada del Gobierno alemán para las drogas, Sabine Bätzing, que buscaba reducir el consumo de alcohol, sobre todo entre los adolescentes, reduciendo las tasas máximas de alcoholemia, subiendo los impuestos especiales y prohibiendo la publicidad de bebidas alcohólicas. El 'lobby' presionó en todos a todos los niveles y llegó a decir que, con menos alcohol, aumentaría la criminalidad. Al final, se salió con la suya. El plan se aguó tanto en sucesivas redacciones que al final el gobierno decidió no ponerlo en práctica. Curiosamente, un año más tarde la entonces ministra de Agricultura y Protección del Consumidor, Ilse Aigner, fue nombrada por esta federación "embajadora de la cerveza".

Para un lobista, lo principal son los contactos. En su actividad es esencial tejer en primer lugar una tupida red de líderes de opinión y personas influyentes, así como trabar alianzas estratégicas con otros grupos de presión y centros de estudios de su ámbito de actuación. El segundo punto fundamental es el contacto directo con los cargos clave en el proceso legislativo, tanto a distintos niveles en los ministerios, donde normalmente comienza la elaboración técnica de las leyes, como en el Bundestag, donde se pulen las normativas.

Puertas giratorias

Todas estas interconexiones sirven al objetivo principal de los grupos de presión, que es obtener los proyectos de ley cuando aún se encuentran en una fase embrionaria en los ministerios. Cuanto antes, mejor. "Ésa es la praxis habitual en Berlín", asegura el reconocido lobista Hubert Koch en un documental sobre los lobbys en Alemania difundido este año por la televisión pública ARD. Lo que calla es que de esta forma lo que pretenden es influir en la redacción de estos borradores, para moldear las futuras leyes a su gusto o, en casos extremos, para desactivar las iniciativas totalmente.

Así, según una investigación de la ONG Ayuda Alemana al Medioambiente (DUH), la Asociación de la Industria Automovilística (VDA), que representa entre otros a Daimler, Volkswagen y BMW, consiguió en 2013 que el gobierno incluyese en la legislación sobre el certificado de eficiencia energética de los automóviles una "recomendación" suya: que se tuviese en cuenta el peso de los vehículos al evaluar sus emisiones. Eso hizo que turismos de gama alta obtuviesen una calificación mejor que utilitarios mucho menos contaminantes, beneficiando a los constructores de berlinas de lujo.

Otro de los elementos que más critican los activistas son las puertas giratorias, la facilidad con la que los políticos y altos funcionarios de Alemania saltan no ya solo al sector privado sino, concretamente, a ejercer de lobista. Deckwirth señala que su colectivo ha criticado sistemáticamente "que los políticos vendan sus conocimientos de 'insider'" y se cambien a trabajos en lobbys". El salario es muy tentador y los grupos de presión ansían su "know-how" sobre el funcionamiento de las entrañas del poder político y su jugosa agenda de contactos.

Según un estudio del politólogo alemán Cornelius Witt, "al menos un 15% de los parlamentarios alemanes" se han reciclado como lobistas tras abandonar su escaño en el Bundestag (94 de los 623 diputados que han salido del parlamento entre 2002 y 2013). Los casos de cambio de bando se acumulan en los diez años que lleva la cristianodemócrata Angela Merkel al frente de la Cancillería alemana, pero ya se daban antes y, en ningún caso se limitan a su partido.

Entre los ejemplos más polémicos de los últimos años destacan el de Ronald Pofalla, que en 2013 dejó de ser jefe de Cancillería y Ministro para Asuntos Especiales para acceder meses después a la dirección de la Deutsche Bahn, la principal empresa de ferrocarril del país; y el del ministro de Cooperación Internacional hasta 2013, Dirk Niebel, que este año fichó como lobista de la armamentística Rheinmetall. Otros casos controvertidos han sido los de Hildegard Müller, secretaria de Estado en Cancillería hasta 2008 y ahora una de las máximas responsables de BDEW (el grupo de presión bajo el que se agrupan las energéticas E.ON, Vatenfall y RWE, entre otras); y Eckart von Klaeden, otro secretario de Estado en Cancillería que dejó la política para convertirse en lobista jefe de Daimler, el fabricante de Mercedes-Benz.

Tras las crecientes críticas por la sucesión de casos de puertas giratorias, el Gobierno alemán estableció este verano un período de carencia mínimo para quienes abandonasen la política activa. "Los líderes políticos ya no pueden saltar a un puesto de lobista de forma inmediata, sino que tienen que esperar entre año y año y medio", explica Deckwirth. "Esto no es suficiente, pero al menos hay legislación en este ámbito ahora", añade. Colectivos como LobbyControl o la ONG Parlamentwatch no pretenden acabar totalmente con los grupos de presión, pero sí marcarles unas claras reglas de juego. "Los desequilibrios de poder en la sociedad llevan a que frecuentemente se impongan los intereses de los actores financieramente más fuertes frente a los comunes, como son la salud pública y la protección del Medio Ambiente", defiende Deckwirth.

Sus reivindicaciones son sencillas. La portavoz de LobbyControl señala que es "muy importante" lograr "imponer reglas claras y límites para los lobbys. "Entre ellas se incluyen normas para una mayor transparencia y también un límite máximo para las donaciones a partidos", indica. Además del registro obligatorio de todos los lobistas y de los tiempos de carencia para los políticos que dejan sus cargos, esta ONG aboga por ejemplo por regular la profesión, reforzar la transparencia de las donaciones a los partidos y limitar las posibilidades de ingresos alternativos para parlamentarios y otros cargos públicos. Lo que está en el fondo en juego, dicen, es la democracia.