Aguirre sigue con la seguridad en su casa pero los agentes ganarán 715€ menos al mes

Un total de 11 guardias civiles siguen protegiendo la residencia familiar de Esperanza Aguirre, aunque de momento su retribución se verá reducida, concretamente 715,59 euros menos al mes. Desde este martes, la Comunidad de Madrid ya no paga el complemento extra que los agentes recibían por vigilar la casa de la presidenta del PP de Madrid y concejala en el ayuntamiento de la capital. El Ejecutivo de Cristina Cifuentes anunció a mediados de noviembre que no pagaría más este servicio porque no se ajustaba al convenio que en 1996 firmaron elentonces presidente regional,Alberto Ruiz-Gallardón,y el Gobierno central, lo que supone un ahorro de 95.000 euros al año para las arcas autonómicas.

Esto no supone que la vivienda se quede sin protección. Los agentes siguen,24 horas al día los 365 días del año, trabajando en la residencia de Aguirre, pero ya no están bajo el manto de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid, que tenía adscritos 114 guardias civiles y desde este martes solo tiene 103. Los 11 agentes vuelven ahora a estar bajo la supervisión del Ministerio del Interior, que tiene la última palabra sobre si los mantiene, los suprimeo los cambia por agentes en activo, ya que los que se encargaban de la protección de la vivienda de Aguirre eran agentes en situación de reserva (es decir, sin un destino concreto). De momento, la intención de Interior es la de no suprimir este servicio de protección.

Comunidad y Gobierno central firmaron este convenio en diciembre de 1996, un acuerdo de colaboración por el que el Ministerio del Interior "vigilabay protegíaedificios e instalaciones autonómicas". El convenio también regulaba que "dicha misión puede ser ejercida por personal del Cuerpo de la Guardia Civil en situación de reserva". Es decir, Interior ponía los agentes, en reserva y con un sueldo inferior que si estaban en activo, y la Comunidad pagaba un complemento por el trabajo.Ahora se está negociando la sexta versión del convenio, que tiene un coste máximo de 1,67 millones de euros. Fue entonces cuando el Ejecutivo de Cifuentes se dio cuenta de que los 11 agentes destinados a la casa de Aguirre no cumplían el objeto del convenio, ya que no estaban protegiendo ningún edificio público dependiente de la comunidad, sino la residencia privada de una expresidenta madrileña.

Decisión polémica

La decisión creó polémica, ya que a Aguirre no le gustó que trascendiera públicamente. "Es la primera vez en la historia que se retransmite que un político le quita la protección a otro", señala una fuentepróxima a la expresidenta. "No estamos en contra de la decisión de que la comunidad deje de pagar el complemento, sino de que se dijera públicamente, comprometiendo su seguridad. Aguirre es una persona muy conocida y ha recibido amenazas", señala la misma fuente. En el edificio en que ella vive también residen otras familias.

Cifuentes también decidióeliminar la protección en la residencia de otroexpresidente regional,Ignacio González, sucesor de Aguirre.En este caso, González contabacon siete policías nacionales gracias aotro convenio para que este cuerpo protejaa altos cargos regionales. En octubre, la comunidad pidió al Ministerio del Interior una revisión de los riesgos de seguridad que rodeabana Ignacio González y se determinó que el riesgo era bajo, por lo que el Gobierno regional apostó por dejar de pagar su parte del convenio.