Cifuentes suprimirá la seguridad de la residencia de Aguirre el 1 de diciembre

Cristina Cifuentes ha decidido suprimir el servicio de seguridad en la residencia personal de Esperanza Aguirre el próximo 1 de diciembre. Actualmente, 11 agentes de la Guardia Civil prestan este servicio, en turnos de 24 horas los 365 días del año. La Comunidad de Madrid no pagará más este servicio porque cree que no se ajusta al convenio que en 1996 firmaron el entonces presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, y el Gobierno central.

Este convenio asignaba a un equipo de guardias civiles para la protección de edificios públicos dependientes del Gobierno regional, por lo que la comunidad entiende que estos agentes no deben proteger la residencia personal de Aguirre. "No se ha estado aplicando correctamente el convenio", explica un portavoz regional. Los agentes dependen orgánicamente del Ministerio del Interior pero son financiados por la Comunidad de Madrid. Actualmente, hay 114 guardias civiles adscritos a la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid, agentes en segunda actividad (una especie de reserva) que reciben un complemento por proteger los edificios.

La comunidad ha decidido prescindir de estos 11 agentes, que no estaban en segunda actividad y no estaban protegiendo un edificio público, ya que la residencia de Aguirre no lo es. "Ahora estamos negociando la sexta versión del convenio y hemos pedido prescindir de estos 11 agentes. Así, en vez de 114 adscritos a la comunidad, tendremos 103", señala el mismo portavoz.

¿Quiere esto decir que el convenio se estaba aplicando mal? "No correctamente", afirma una fuente del Ejecutivo autonómico. Ignacio González es el antecesor de Cristina Cifuentes en la Presidencia regional, y el que permitió que Aguirre siguiera disfrutando de esta seguridad pública en su vivienda personal, una seguridad que ya tenía cuando Aguirre también era presidenta de la comunidad. El portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, le ha comunicado personalmente la decisión a Esperanza Aguirre.

También a Ignacio González

Cifuentes también ha decidido eliminar la protección en la residencia de otro expresidente regional, Ignacio González, sucesor de Aguirre en Sol. En este caso, González cuenta con siete policías nacionales, que también eran pagados por la Comunidad de Madrid. Existe otro convenio para que policías nacionales protejan a altos cargos regionales. En octubre, la comunidad pidió al Ministerio del Interior una revisión de los riesgos de seguridad que rodean a Ignacio González y se determinó que el riesgo era bajo.

Aguirre tiene ahora dos opciones: pagarse su propia seguridad privada o pedir al Ministerio del Interior que analice su situación y le conceda una protección que estaría financiada por el Gobierno central, no por la Comunidad de Madrid. Interior tiene un protocolo para decidir qué personas se merecen esa protección, que cada seis meses analiza el nivel de riesgo de la persona protegida. Un protocolo que se fija en función de cinco baremos que se puntúan de 0 a 4 para determinar si el riesgo es alto, medio o bajo.

Tras el fin de la amenaza de ETA, Interior ha reducido mucho el número de personas protegidas. En agosto de este año, Interior protegía a 164 personas, una de ellas, por ejemplo, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.