El Sabadell encarga a un hombre de los Lara el reto de salvar sus hospitales en Valencia

La Generalitat valenciana ha iniciado ya los trámites para la reversión al sistema público del primero de los hospitales y áreas de salud cuya gestión fue privatizada por el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. La Conselleria de Sanidad que dirige la socialista Carmen Montón ha activado los expedientes para preparar el retorno de personal e infraestructuras. El 1 de abril del próximo año expira la que fuera pionera del modelo, la de Alzira, y el Consell del Botánico de Ximo Puig y Mónica Oltra tiene la determinación de cumplir su promesa electoral y no prorrogar el contrato suscrito en 1999. El centro sanitario fue el primero de España construido por una entidad privada en régimen de concesión administrativa, manteniendo la titularidad pública pero dejando la gestión en manos del adjudicatario, una iniciativa impulsada por Eduardo Zaplana.

La concesionaria Ribera Salud gestiona en la actualidad otros tres hospitales y sus corrrespondientes áreas de atención primaria en Torrevieja, Elx y Dénia, aunque estas concesiones no comienzan a caducar hasta 2021, a partir de la próxima legislatura. La empresa está participada al 50% por el Banco Sabadell (que heredó su paquete de la antigua CAM) y Centene Corporation, una cotizada de Estados Unidos especializada en gestionar los programas de ayuda sanitaria federales y estatales (incluido el Obamacare) y que compró a Bankia su participación en la que ha sido su primera incursión internacional.

Ramón Mas ha pedido a la Generalitat que frene la belicosidad judicial y prorrogue la concesión de Alzira, que expira en abril de 2018

Tanto el Sabadell como Centene mantienen un perfil muy bajo en la guerra abierta entre el equipo gestor de Ribera Salud y la Conselleria de Sanidad. Sin embargo, desde la aparición de presuntas irregularidades en la relación con las empresas proveedoras y el enquistamiento irresoluble de las relaciones entre la Generalitat y el consejero delegado, Alberto de Rosa, los accionistas han dado un paso adelante para controlar la interlocución con la Administración de la que depende su participada.

Y la persona elegida para sortear el complicado morlaco es un ejecutivo con amplia experiencia en la gestión empresarial, Ramón Mas Sumalla. Ex director general de Caprabo y ex CEO de General Óptica, fue directivo del Grupo Planeta y el año pasado la familia Lara lo rescató para pilotar su patrimonial, Inversiones Hemisferio, tras el fallecimiento del patriarca, José Manuel Lara. Mas Sumalla está vinculado a Ribera Salud desde enero de 2013, cuando el Sabadell lo nombró su representante en el consejo de administración. En noviembre de ese año, el banco que preside Josep Oliu asumió la presidencia de la sociedad, y delegó esa responsabilidad en Ramón Mas.

El ejecutivo asumió el mando de la patrimonial de los Lara en 2015. Ha sido director general de Cabrabo y de General Óptica

No obstante, la interlocución con el principal cliente, la Generalitat, seguía en manos de Alberto de Rosa hasta que comenzaron a aparecer documentos y facturas de B2B, la central de compras de Ribera Salud cuya gestión y relación con proveedores está investigando un juzgado de Valencia. Entre los accionistas de la mayor concesionaria de España existe el convencimiento de que no hay ilegalidades en la actuación de su filial. Pero han concluido que urge establecer un nuevo marco de relaciones con la Administración valenciana que preside Ximo Puig y frenar la belicosidad. Está en juego una empresa que el año pasado facturó 300 millones de euros.

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Así se lo trasladó el propio Mas a la 'consellera' de Sanidad en un encuentro mantenido entre ambos hace un par de meses, al que también asistió la representante de Centene, Cynthia Brinkley. Según ha podido saber El Confidencial, ha habido contactos también con Presidencia. Mas está intentando que la Generalitat no se persone en la causa judicial abierta y que dé marcha atrás en el plan ya trazado de no prorrogar la concesión de Alzira (el llamado Hospital de la Ribera).

B2B no podrá distribuir material sanitario

Sin embargo, la 'consellera' Montón anunció la semana pasada que este mismo mes se pondrá en marcha la maquinaria administrativa para asimilar activos y personal. Montón ha remitido a la concesionaria los primeros escritos informando de que no se renovará la concesión en abril de 2018. Sanidad también ha segado la actividad de B2B Salud, a la que ha abierto un expediente por distribuir medicamentos sin autorización (que Ribera ha recurrido al contencioso-administrativo) y ha negado además autorización a la filial para distribuir material sanitario. La filial había hecho una solicitud reciente en este sentido y el departamento de Montón teme que haya estado ejerciendo esa labor sin cobertura administrativa de manera continuada, por lo que ha iniciado un expediente.

Otra de las patatas calientes de Ramón Mas es el hospital de Dénia. En este caso, Ribera Salud posee el 35% de la concesionaria, Marina Salud, y aspira a quedarse el 65% en manos de DKV, que quiere abandonar el barco de un área de salud con muchos problemas de conflictividad social. No obstante, la Generalitat también quiere comprar la participación de la aseguradora para rescatar la concesión de forma anticipada. El derecho de tanteo de una y la capacidad de veto de otra tienen bloqueada la salida de DKV, tal como relató El Confidencial.