concesiones sanitarias

Ximo Puig vs Ribera Salud: el pulso frustra la primera inversión de Centene en España

El gigante sanitario del 'Obamacare' renuncia a ejecutar su opción de compra sobre el 50% en manos del Banco de Sabadell en plena ofensiva de la Generalitat contra las concesiones sanitarias

Foto: Hospital Universitario de La Ribera en Alzira. (Ribera Salud)
Hospital Universitario de La Ribera en Alzira. (Ribera Salud)

La dura batalla que mantiene la Generalitat valenciana contra Ribera Salud y el modelo de concesiones sanitarias heredado de los años de gestión del Partido Popular está arrinconando la primera inversión en España del gigante sanitario estadounidense Centene Corporation. La compañía, especializada en prestar servicios a distintos Estados dentro de los programas sanitarios federales y estatales y que ha crecido como la espuma al calor del Obamacare (el plan de cobertura sanitaria lanzado por Barack Obama), no recibe precisamente buenas noticias de su primera aventura en el exterior.

Centene compró a Bankia en 2014 el 50% que poseía en Ribera Salud aprovechando que la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri tenía el mandato de Bruselas de desprenderse de sus participaciones empresariales tras recibir más de 20.000 millones en ayudas públicas. El acuerdo implicaba al segundo socio de la concesionaria española, el Banco de Sabadell, que condicionó la operación con la americana a la firma una opción de compra y otra de venta de su correspondiente 50%, tal como desveló El Confidencial el pasado mes de enero. 

Centene no solo ha rechazado ejecutar la opción de compra sobre el restante 50% del Sabadell, también ha negociado prorrogar la opción de venta del banco

Centene tiene la posibilidad de ejecutar su opción de compra este mismo año para hacerse con el 100% de Ribera Salud, pero ha renunciado a hacerlo e incluso ha negociado en las últimas semanas con el banco que preside Josep Oliu la posibilidad de prorrogar la opción de venta más allá de 2019, como estaba previsto inicialmente. Esta redefinición de la estrategia de Centene se produce en el contexto de un bloqueo absoluto de los planes de crecimiento de Ribera Salud en España. La compañía que preside Alberto de Rosa tenía previsto participar en los procesos de privatización de la gestión de hospitales públicos en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha, pero los resultados de las elecciones autonómicas de 2015 cercenaron todos estos proyectos. Ciudadanos ha vetado a Cristina Cifuentes los planes de privatización madrileños y la salida de María Dolores de Cospedal de la Junta manchega ha hecho lo propio en esta autonomía. La estrategia de Ribera Salud pasa por extender su presencia en Latinoamérica, donde ya asesora y participa en dos hospitales en Perú, y en Europa del Este.

Pero donde Ribera Salud, que el año pasado facturó en torno a 500 millones, se está jugando de verdad el negocio presente y el futuro es en el territorio donde nació, en la Comunidad Valenciana. El Gobierno de Ximo Puig dejó claro desde el primer día su deseo de retornar al sistema público en la medida de lo posible la gestión de todas las áreas de salud y los hospitales externalizados. Y Ribera Salud participa en todos menos en uno, el de Manises, del que vendió su participación a Sanitas en 2012 en una operación en la que se incluyó también el Hospital de Torrejón de Ardoz.

El elevado coste de la reversión

Los elevados costes de rescisión de contratos, la asunción de amortizaciones de la inversión realizada (el concesionario financia las obras y cobra un canon a la Generalitat en función de la población atendida) y los riesgos de que se produzca una batalla judicial en la que Ribera Salud reclamaría lucro cesante han paralizado el rescate de las concesiones. Un informe elaborado por el sindicato FSP-UGT cifra en casi 260 millones el posible coste de las reversiiones, sin contar Manises. Pero la consellera de Sanidad, la socialista Carmen Montón, no ha dejado de ejercer presión anunciando la puesta en marcha de auditorías, controles de calidad asistencial, etc. En el Consell valenciano y entre los propios accionistas de la empresa sanitaria se da por hecho que no habrá renovación de la concesión de Alzira (la primera de todas, que expira en 2018). El resto caduca entre 2021 y 2025. 

Alberto de Rosa, presidente de Ribera Salud. (Blog de Alberto de Rosa)
Alberto de Rosa, presidente de Ribera Salud. (Blog de Alberto de Rosa)

Poco antes de las elecciones, las aseguradores Adeslas (Alzira) y Asisa (Torrevieja y Elche) vendieron a Ribera Salud sus participaciones en estos hospitales en una operación que se interpretó como una huida de estas compañías de un negocio que no es específicamente el suyo y del que las perspectivas de crecimiento eran escasas ante el probable cambio político. Ahora ha sido DKV Seguros la que ha anunciado su intención de desprenderse del 65% que posee del hospital de Dénia y el área de salud de la comarca a través de Marina Salud. La aseguradora que preside Javier Vega de Seoane tiene suscrito un preacuerdo con Ribera Salud (que posee el restante 35%) para venderle sus acciones con un precio fijado.

La irrupción de Puig en el proceso de venta de DKV ha atascado la operación. La Generalitat tendría que desembolsar 70 millones para comprar la concesión

Sin embargo, el pasado 29 de marzo el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que hasta ahora se mantenía en un segundo plano en el pulso con los concesionarios, anunció la intención del Ejecutivo autonómico de colarse en la puja, algo que ha desconcertado tanto a Ribera Salud como al Banco de Sabadell. Puig justificaba el movimiento con una forma de adelantar la toma de control público del área sanitaria, cuyo contrato caduca en 2023 (el de Dénia es un hospital que acumula muchas quejas por la calidad asistencial).

Para acometer los más de 100 millones en inversiones para poner en marcha el hospital, la concesionaria Marina Salud recibió la financiación de la propia DKV y de Ribera Salud. Marina Salud tiene 70 millones de deuda con sus propios accionistas, por lo que la operación no saldría barata a la Generalitat. A petición de la conselleria de Sanidad, la conselleria de Hacienda está estudiando los números de la empresa. Este viernes la vicepresidenta Mónica Oltra, cuyas relaciones con la consellera Carmen Montón son distantes, admitió que la posible compra del paquete de DKV es una idea en una fase muy “embrionaria”.

La propia Ribera Salud tiene derecho de tanteo, que DKV está obligada a respetar, por lo que lo lógico sería que el Gobierno valenciano se viese frozado a comprar las participaciones de los dos socios, algo a lo que Ribera Salud no está dispuesta y que además elevaría el desembolso público. En ámbitos financieros se afirma que la irrupción de la Generalitat en el proceso de venta solo ha servido hasta ahora para atascar la situación y podría tener como único efecto que la aseguradora alemana fuera la gran beneficiada, porque se disparara el precio de compra por la competencia de una Generalitat cuyas cuentas no están precisamente para ponerse a hacer operaciones corporativas.

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