Rajoy intenta hoy que Sánchez le aclare su compromiso frente al reto de Puigdemont

Pedro Sánchez vuelve al Palacio de la Moncloa a entrevistarse con Mariano Rajoy, mes y medio después de recuperar el cargo de secretario general del PSOE y reafirmado en su discurso de liderar una "oposición de Estado", de defensa del Estado frente a los "ataques" que recibe del Gobierno. Ello implica una oposición rotunda a las políticas del PP, y con escasísimos espacios para el entendimiento entre los dos principales partidos. Uno de ellos es la cuestión del desafío independentista en Cataluña, por lo que en el PP aspiran a que la entrevista sirva al menos para que el jefe de Ferraz concrete su grado de compromiso con la respuesta jurídica y política del Ejecutivo al referéndum unilateral de secesión, anunciado para el 1 de octubre.

Oficialmente, en el Gobierno se dieron por satisfechos con la llamada telefónica de Sánchez a Rajoy, nada más recuperar el control del PSOE, para reiterar el rechazo de su partido a la consulta de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y la CUP. Pero la apuesta de Sánchez por el reconocimiento de la "plurinacionalidad" de España, validada por el 39º Congreso Federal cerrado el pasado 18 de junio, y el consecuente acercamiento a las posturas tradicionalmente defendidas por el PSC sí preocupan a los populares.

Este martes, Sánchez, en su primera rueda de prensa tras su victoria en las primarias —y que siguió a su audiencia de casi dos horas con el Rey—, pidió al Gobierno que ofrezca una "solución política" para Cataluña, que abra el diálogo con la Generalitat, al tiempo que insistió en que la salida que plantea el PSOE es la reforma constitucional en sentido federal. En el PP reconocen que estaban mucho más tranquilos con la gestora que presidió Javier Fernández. Mantenían un diálogo fluido y tenían apalabrada la respuesta común a cada paso que daba el presidente de la Generalitat.

En el PP admiten que trabajaban más a gusto con la gestora. Rajoy y Fernández mantenían un diálogo fluido y tenían apalabrada la respuesta común

Desde la sede de Génova, su portavoz, Pablo Casado, reiteró que Rajoy tenderá la mano a Sánchez para mantener el entendimiento de los partidos constitucionalistas (PP, PSOE y Ciudadanos) frente al reto independentista y en defensa de la unidad de España, tanto para respaldar los recursos al Tribunal Constitucional "todos a una" como para aplicar todos los recursos legales contra el anunciado referéndum de autodeterminación.

El dirigente del PP recordó que ante el pulso que los separatistas echan al Estado no caben medias tintas: o se está con ellos o con la soberanía nacional plasmada en la Constitución. Según Casado, los socialistas deben darse cuenta de que no caben caminos intermedios ni "equidistancia con los secesionistas" como la que, a su juicio, dibuja el PSOE de Sánchez con su concepto de la plurinacionalidad de España compatible con la soberanía única del pueblo español.

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EC/Agencias

Rajoy y su "responsabilidad de gobierno"

El líder socialista acude a su cita en La Moncloa con "buen talante" y "receptivo" a lo que le quiera exponer el presidente. Y esta apreciación que trasladan desde Ferraz no es baladí: Sánchez quiere dar la vuelta a ese emplazamiento del Ejecutivo, que sea el propio Rajoy el que le informe y le cuente sus planes para frenar el desafío soberanista porque, como advierten sus colaboradores más directos, es él quien tiene la "responsabilidad de gobierno".

En el equipo de Sánchez replican al Gobierno que "no puede escudarse en el PSOE para tapar su ineficacia" y sus cinco años de "inactividad"

"Lo que no puede hacer el presidente es parapetarse en nosotros. No salvar su inactividad durante estos cinco años poniendo el foco en el PSOE. En todo este tiempo se ha puesto de perfil, sin hacer nada. Así que ahora no puede escudarse en el PSOE para tapar su ineficacia", argumenta una de las integrantes de su círculo de confianza. Es algo que, de forma más sutil, dijo el propio secretario general en su comparecencia del martes. Recordó cómo en julio de 2014, nada más asumir el poder del partido tras el congreso extraordinario que siguió a la caída de Alfredo Pérez Rubalcaba, el problema ya estaba encima de la mesa, y ya estaba cada vez más cercano el 9-N. Sánchez demandó la apertura del debate constitucional, y el presidente se negó en redondo.

"Ya va siendo hora de que el presidente del Gobierno deje de decir que defiende la Constitución y la legalidad, en lo que tiene nuestro apoyo, y pongamos encima de la mesa una solución política", apremió el jefe de Ferraz. "Negociar, dialogar, pactar, y no señalar culpables, eso sobra", abundó.

"Nuestra posición se resume en democracia y defensa de la política, que intente buscar espacios de entendimiento. Si se llega tarde, no será por culpa del PSOE. Estamos haciendo un llamamiento a quienes han sido irresponsables todo este tiempo", tanto el Ejecutivo como los secesionistas, sentencia uno de los miembros de la ejecutiva que más contacto tiene con este tema.

En la cúpula advierten de que Rajoy no puede demandar a los socialistas "un cheque en blanco sin decir para qué". Lo que demanda Sánchez, insisten, es precisamente "información puntual" de los movimientos que vaya haciendo el Gobierno. Quieren que el presidente "se retrate y diga qué medidas piensa adoptar" para frenar un referéndum que tanto PSOE como PSC califican de "ilegal" y "antidemocrático". En Ferraz están convencidos de que Rajoy no llegará a activar el artículo 155 de la Constitución, al que erróneamente muchos asocian con la suspensión de la autonomía pero que simplemente habla vagamente de la posibilidad de aplicar medidas coercitivas ante un incumplimiento de la legalidad por parte de una comunidad autónoma.

Cambio no empleado aún

Sánchez entiende, así lo afirman en su entorno más próximo, que el presidente acudirá a la última reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la que el promovió en el aliento final de su primera legislatura, la de la mayoría absoluta, en 2015. Esa modificación confiere al TC el poder de obligar a acatar sus resoluciones mediante la adopción de medidas cautelares y, en concreto, la suspensión en el ejercicio de sus funciones a los altos cargos que le desobedezcan. El Alto Tribunal consideró conforme a la Carta Magna aquella reforma, frente a la que protestó toda la oposición (incluido el PSOE), aunque con el criterio contrario de tres magistrados progresistas, que formularon en sendos votos particulares. En esta legislatura, el Congreso aceptó tramitar el desmontaje de aquel cambio exprés introducido por el PP, pero aún no se ha avanzado nada, así que sigue plenamente en vigor.

Ferraz pide "información" a La Moncloa y respuestas "proporcionales" al órdago soberanista. Cree que el Ejecutivo acudirá a su reforma del TC

Es, por tanto, la herramienta que el Gobierno usará, según creen los socialistas. Hasta ahora, el TC no ha recurrido a esa nueva potestad otorgada por la ley, pero ante la convocatoria del referéndum, si la Generalitat sigue adelante con sus planes, podría verse en la tesitura de tener que aplicar la reforma. De ahí que fuentes de la dirección parlamentaria del PSOE duden de que el tribunal de garantías eche mano de ella. "Lo que quería el Gobierno era judicializar el conflicto territorial, cuando es un problema también de carácter político", aducen.

El PSOE, en consecuencia, sí apoyará las respuestas al órdago independentista que sean "proporcionales" a la magnitud del pulso en cada momento. No es un respaldo en abstracto para cualquier maniobra que ordene La Moncloa. De ahí que el equipo de Sánchez reclame "información" puntual, bien a través de su líder o bien a través de Patxi López, el interlocutor que ha designado para que tenga hilo directo con la vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría.

El melón de la reforma federal

De cualquier modo, en Ferraz la convicción es plena acerca de que no habrá un referéndum como tal el 1-O, pues antes lo paralizará presumiblemente el TC, aunque desde el entorno del líder sí conceden que "algo" puede haber, algún tipo de manifestación de protesta por parte de los separatistas. Sánchez ha remachado que un referéndum legal necesita "garantías", y el anunciado por el Govern no las tendrá. Abunda en su argumentación que este miércoles el Alto Tribunal anulara las partidas presupuestarias para la consulta.

Y si los socialistas remarcan tanto la necesidad de buscar una "solución política" es porque la crisis "no se agota el día del referéndum". "Tras el 1-O vendrá un 2 de octubre y un 3 de octubre... ¿Y entonces qué hacemos?", se preguntan. La vía que plantea el PSOE es la misma que desde los tiempos de Rubalcaba y la 'Declaración de Granada' de julio de 2013: culminar la reforma federal del Estado a través de una modificación de la Carta Magna, aunque ahora se haya incorporado esa petición del reconocimiento del carácter "plurinacional" de España. Sánchez acordó con Albert Rivera impulsar los trabajos, pero ese cambio de la Constitución se atisba aún lejano. El PP sigue muy reticente a abrir un melón que no sabe cómo ni cuándo se cerrará.

Una comparecencia de perfil bajo

No será Pedro Sánchez quien dé cuenta de su reunión con Mariano Rajoy, como ha sido la costumbre en todas las anteriores entrevistas anunciadas públicamente. El secretario general del PSOE acostumbraba a dar una rueda de prensa o en La Moncloa o en Ferraz o, durante las negociaciones de investidura, en el Congreso. 

Ahora ambos se encuentran a las 11 horas en el palacio gubernamental. Pero después dará la versión socialista la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, y en la Cámara Baja. Sánchez quiere evitar una mayor exposición pública (desde su victoria el 21 de mayo, solo ha dado una rueda de prensa, la del martes, y una entrevista en La Sexta, hace una semana) y, de paso, contribuye a conferir perfil bajo a un despacho del que se esperan nulos acuerdos, más allá de Cataluña. 

El jefe de Ferraz adelantó, tras su audiencia con el Rey, que desea conversar con Rajoy sobre varios temas: cómo reforzar el pacto antiyihadista que él propuso en 2015, cómo adaptar la estrategia de seguridad nacional (ciberataques y ciberseguridad), y la necesidad de que España tenga una voz "más clara y contundente" en la lucha contra el cambio climático en la cumbre del G20 de los próximos 7 y 8 de julio en Hamburgo (Alemania), un asunto en el que él y su dirección -con la presidenta, Cristina Narbona, a la cabeza- ponen mucho el acento.