OTRO MARTES NEGRO PARA EL GOBIERNO

El Congreso comienza a desmontar la reforma del TC que impuso el PP en solitario

La propuesta del PNV para revertir la última modificación de la ley que afecta al Constitucional es tomada en consideración por 176 síes y 165 noes. Populares y Ciudadanos se quedan solos

Foto: Simpatizantes independentistas arropan a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el pasado 16 de diciembre en Barcelona. (EFE)
Simpatizantes independentistas arropan a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el pasado 16 de diciembre en Barcelona. (EFE)

El PP de nuevo contra (casi) todos. En 2015, al final de la X Legislatura, pudo sacar sin problemas su controvertida reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) gracias a que disponía de una holgada mayoría absoluta. Y la sacó en solitario y en un tiempo récord, en pleno auge soberanista, justo antes de disolver las Cortes y convocar las elecciones del 20-D. Un año después, sigue en el Gobierno, pero más debilitado. Lo siente semana tras semana. También esta, cuando el Congreso votó comenzar el desmontaje de aquella modificación exprés de la LOTC, que introdujo la posibilidad de que el Alto Tribunal pueda suspender de sus funciones a los cargos que desobedezcan sus resoluciones. Herramienta que aún no ha utilizado, ya que la investigación a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, está siguiéndose por la vía penal.

La propuesta partió del PNV, el partido que, desde el Gobierno vasco, recurrió la reforma, que fue avalada hace poco más de un mes por el propio tribunal de garantías, aunque con el voto particular de tres de sus 11 magistrados. Y fue respaldada su admisión a trámite por 176 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT), 165 en contra (PP y Ciudadanos) y ninguna abstención. Ahora se abre un proceso de "diálogo" para volver a cambiar la norma, pero el PP no se apea de sus posiciones y seguirá "firme" defendiéndolas, lo que anticipa que el consenso se antoja casi imposible. La ley que regula el TC es orgánica, por lo que requiere de una mayoría absoluta (176 escaños) para que pueda ser aprobada su revisión.

Los socialistas respaldan la iniciativa de los nacionalistas vascos porque la ven técnicamente más correcta y más viable. Se abstienen en la del PDeCAT

El resultado no fue ninguna sorpresa, porque la pieza clave para que la proposición de ley pudiera ser tomada en consideración y arrancara su tramitación parlamentaria era el PSOE, que ya había adelantado en los últimos días que la apoyaría, para sorpresa del PP. Los socialistas, sin embargo, se abstuvieron en la votación de la otra propuesta sometida a debate en el pleno de este martes, la del Partit Demòcrata Català (PDeCAT), muy semejante a la de los nacionalistas vascos, solo que más concisa: mientras que la del PNV propone sustituir la suspensión de los cargos que incumplan las resoluciones del TC por multas económicas y la eliminación del recurso previo de inconstitucionalidad —recuperado por consenso de PP y PSOE en el verano de 2015—, el texto de la antigua Convergència exigía simplemente la derogación de la polémica reforma introducida por los populares en los estertores de la X Legislatura. El PSOE respaldó la iniciativa del PNV porque es "técnicamente más correcta y tiene mayor viabilidad", pese a no compartir la derogación del recurso previo, por lo que presentará enmiendas durante su tramitación.

El Congreso comienza a desmontar la reforma del TC que impuso el PP en solitario

No a un tribunal político

Tanto los grupos impulsores de las dos propuestas, PNV y PDeCAT, como los que se mostraron a favor de revertir la última reforma de la ley reguladora del TC (la 15/2015), compartieron 'grosso modo' la argumentación: el PP, aseguraron, aprovechó el desafío soberanista en Cataluña en su beneficio, anunciando un cambio legal ultrarrápido justo antes de las elecciones autonómicas y a escasamente un mes de la disolución de las Cortes Generales, y lo hizo sin consenso con otros partidos. Su objetivo, repitieron, era convertir el TC en una suerte de tribunal político, saltándose el "equilibrio" entre los poderes del Estado y dotándole de atribuciones que no son necesarias, puesto que el órgano puede hacer cumplir sus resoluciones de otra forma, trasladando a la Fiscalía posibles delitos en caso de desobediencia.

Convergentes y ERC advierten de que nada parará el despliegue de la hoja de ruta secesionista. "O referéndum o referéndum", resume Ester Capella

"Esto va de democracia", sintetizó Lourdes Ciuró, del PDeCAT, que denunció cómo, con su "reforma ad hoc, dedicada al procés", el Gobierno pretendía convertir al TC en su "brazo ejecutor, en su agente". "Se hicieron a la medida el poder judicial para bloquear el poder legislativo de Cataluña", criticó. Tanto la portavoz convergente como la representante de ERC, Ester Capella —ambos partidos comparten el Govern—, advirtieron de que de nada servirán las maniobras de los populares porque la hoja de ruta hacia la independencia seguirá. "No nos vamos a doblegar. Diga lo que diga y haga lo que haga el TC obedeceremos el mandato democrático mayoritario de Cataluña. O referéndum o referéndum", resumió la diputada republicana.

El portavoz del PNV, Mikel Legarda, optó por un tono mucho más comedido. Insistió en que tanto la reforma exprés del TC impuesta por los conservadores como la anterior (la que reintrodujo el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía, pactada, esta sí, por PP y PSOE) forman parte de un andamiaje legislativo más que "estimula graves problemas y hace más ingestionable la política" y que coloca al TC "en un plano de subordinación al Gobierno". Legarda sostuvo que el recurso previo (que permite preguntar al Alto Tribunal si una reforma estatutaria se ajusta a la Carta Magna antes de ser refrendada por los ciudadanos) es en realidad un "auténtico veto político", porque así sucedió hasta 1985, cuando se derogó: esa impugnación preventiva "sustituyó la política de consenso por el atajo jurídico".

Los ministros de Defensa y Justicia, María Dolores de Cospedal y Rafael Catalá, este 20 de diciembre durante el pleno del Congreso. (EFE)
Los ministros de Defensa y Justicia, María Dolores de Cospedal y Rafael Catalá, este 20 de diciembre durante el pleno del Congreso. (EFE)


El parlamentario peneuvista advirtió además de las "graves consecuencias" que puede tener la aplicación de la Ley 15/2015 si no es derogada, pese a ser constitucional: podría haber una "hecatombe" jurídica y política si se suspende a un cargo público y luego esa sentencia es corregida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los socialistas llevaron al pleno un razonamiento fundamentalmente técnico, esperable porque su portavoz en esta materia, Gregorio Cámara, es catedrático de Derecho Constitucional. El diputado sostuvo que la reforma de esta ley, llevada a cabo en solitario por el anterior Gobierno del PP, “desnaturaliza la configuración que hace la Constitución de su supremo intérprete y altera el mapa institucional contenido en ella”, al atribuir al TC facultades que están encomendadas a otros órganos y poderes del Estado, haciendo así un "lamentable y peligroso uso político del Derecho".

Discrepancias entre C's y Unidos Podemos

Cámara, como hiciera horas antes el portavoz de su grupo, Antonio Hernando, lanzó un mensaje claro al PP, que debe "entender" que el PSOE no va "en su contra", sino que quiere "recuperar el consenso y el equilibrio" que rompió con su mayoría absoluta el año pasado. Los socialistas "actuarán siempre con sentido de la responsabilidad y ánimo de consenso para llegar a un acuerdo en un tema crucial en el bloque de constitucionalidad".

Íñigo Errejón conversa con el secretario general de C's en el Congreso, Miguel Gutiérrez, este martes. (EFE)
Íñigo Errejón conversa con el secretario general de C's en el Congreso, Miguel Gutiérrez, este martes. (EFE)


El PP, por su parte, proclamó su "sorpresa" por la actitud del PSOE, sobre todo porque la modificación introducida en 2015 fue avalada por el propio TC en una sentencia de noviembre de este año. "No caigan en quitar legitimidad al tribunal [...]. Si el PSOE cae en complejos, damos todos un paso atrás en nuestro país", manifestó el diputado Carlos Rojas, que recordó que la revisión de 2015 sí ejerce un "efecto disuasorio" contra aquellos que quieren romper con la legalidad, pues les muestra que "no hay impunidad". El diputado subrayó que su partido está "dispuesto al diálogo" pero seguirá "firme" en sus convicciones. Señal de que los populares, hoy por hoy, no piensan retractarse de su reforma.

Ciudadanos y Unidos Podemos llevaron al pleno sus posturas contrapuestas. El portavoz naranja, Juan Carlos Girauta, se alineó con el PP y reiteró que el objetivo de los nacionalistas es "no acatar" las resoluciones del TC, y por eso es a ellos a quienes les preocupa más la actual redacción de la ley. "Se arrogan lo que es democrático y lo que no, son ustedes unos ungidos y su palabra es la ley", atacó. Para Íñigo Errejón, que defendió el voto a favor de las propuestas de PNV y PDeCAT, el PP utiliza el Alto Tribunal "como un garrote". "Los partidos constitucionalistas son una brigada de demolición controlada de la Constitución", para hacer encajar en ella una "idea más estrecha de España que aleja cada vez más a la gente", argumentó.

Ahora arranca la tramitación de un cambio en la LOTC. Pero que se vaya a conseguir un consenso amplio, como quieren los socialistas, es más complicado.

El primer paso para ir desactivando la reforma laboral de 2012

No solo el PP perdió su pulso por mantener el actual 'statu quo' del Tribunal Constitucional. También se sometió a debate una proposición de ley del Grupo Socialista para igualar las condiciones laborales de los subcontratados respecto a los trabajadores de la empresa matriz. O sea, para lograr que a igual trabajo se cobre igual salario. Su propuesta planteaba la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores. El PSOE concebía esta iniciativa como "el primer paso para la demolición de la reforma laboral" impulsada por Mariano Rajoy en 2012. 

La proposición de ley del PSOE fue tomada en consideración por la mayoría del Congreso, por 176 votos a favor (los del grupo proponente, Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT, Bildu y Nueva Canarias), 132 en contra (PP) y 32 abstenciones (Ciudadanos). La portavoz adjunta de Empleo de los socialistas en la Cámara Baja, la canaria Tamara Raya, remarcó que la reforma del mercado de trabajo del PP solo ha traído un modelo de precariedad y "autoritario" en las relaciones laborales. 

"El país está sembrado de desigualdades, con trabajadores pobres que suponen ya un 28% de la población", explicó, lamentando además que la externalización haya provocado que empleados que hacen el mismo trabajo cobren un 50% menos que aquellos compañeros contratados por la empresa matriz. 

Además, el pleno del Congreso aprobó una moción del PSOE que pide al Gobierno un plan integral contra la pobreza y que garantice un ingreso mínimo vital (propuesta estrella de los socialistas) para los 730.000 hogares sin ingresos que hay en España. Su propuesta, transaccionada con otros grupos, fue respaldada por la mayoría de la Cámara (no por el PP). 

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