El PSOE lanza una "ofensiva" por los derechos laborales y sociales y contra la desigualdad

El PSOE pactó una subida del salario mínimo del 8%, un déficit del 0,6% para las comunidades en 2017, la modificación de la regla de gasto, la eliminación de una serie de deducciones en Sociedades, la subida de los impuestos especiales (tabaco y alcohol), un gravamen para las bebidas azucaradas y el comienzo del destope en las cotizaciones sociales. Todo con el PP. Esos son dos de los frutos, dice la dirección, de la oposición "útil" que quiere liderar, de la "centralidad" en el tablero que está desplegando: entenderse con el Gobierno cuando hace falta, arañándole compromisos que de otro modo Mariano Rajoy no acometería, y al tiempo trenzar alianzas con los demás grupos para torcer el brazo del Ejecutivo cuando este se resiste para derribar sus políticas más señeras.

Por eso, tras la palada de arena de hace una semana, llega la de cal. Los socialistas lanzan ahora una "ofensiva por los derechos laborales, sociales y contra la desigualdad", como redondean en la dirección del grupo en el Congreso. El martes, el diputado madrileño Rafa Simancas, portavoz en la Comisión de Empleo, defenderá en el pleno una proposición no de ley para la derogación de la reforma laboral y la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, una de las propuestas centrales del programa con el que Pedro Sánchez concurrió a las elecciones generales del 20-D y del 26-J. El miércoles, la parlamentaria por Toledo Guadalupe Martín interpelará al Gobierno y pedirá a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, un plan integral contra la pobreza y la creación del ingreso mínimo vital, otra de las medidas más simbólicas de la oferta electoral del PSOE. Y luego seguirán las iniciativas para la subida de las pensiones y para la recuperación del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años, entre otras medidas de carácter social.

Ferraz sigue una "doble estrategia": pactar con el Gobierno avances y hablar con los demás para demoler las medidas que creen más dañinas del PP

Se trata, como subrayan en la cúpula socialista en el Congreso, de seguir una "doble estrategia". Por un lado, sí a negociar con el Gobierno, "aprovechando su debilidad en las Cortes", cuestiones como la relajación del déficit para las comunidades —el Ejecutivo planteaba un 0,5% para 2017, el PSOE presionaba para un 0,7%, y al final será del 0,6%, que se traduce en unos mil millones más de euros para los Ejecutivos autonómicos— o la modificación de la regla de gasto, que beneficia a los ayuntamientos, porque así podrán destinar el superávit a inversiones, todo ello a cambio de un incremento del 8% del salario mínimo, hasta los 707,60 euros ("la mayor subida en 30 años", presume uno de los negociadores, el diputado murciano Pedro Saura). Por otro, los socialistas quieren hablar con otros grupos de la oposición para demoler las que entienden como medidas más lesivas del Gobierno popular y en las que ha demostrado menor apertura, como la 'ley mordaza' o la Lomce. En resumidas cuentas, "el PSOE va a negociar día a día", insisten fuentes próximas a Antonio Hernando, el presidente-portavoz del grupo.

Balance "desolador" en empleo

La proposición no de ley (PNL) que defenderá Simancas [aquí en PDF] se integra en la segunda parte de la estrategia de Ferraz, el combate a las leyes más duras impulsadas por Rajoy en su legislatura de mayoría absoluta. Pide la derogación de la reforma laboral y la apuesta por un nuevo Estatuto de los Trabajadores consensuado con los agentes sociales a la vista de que el balance de las políticas de empleo del PP es "desolador": "Menos trabajo, más precariedad y explotación laboral, más paro y menos protección frente al desempleo", explica en su moción.

Los socialistas esperan que su iniciativa de fin de la reforma laboral se apruebe. Confía en que el Congreso levante los vetos del Ejecutivo a varias medidas

"Que hayamos acordado con el Gobierno una décima más de margen en el déficit de las comunidades y el cambio en la regla de gasto, y que hayamos pactado un paquete de medidas tributarias y conseguido una subida del 8% no obsta para que el PSOE discrepe a fondo sobre las políticas de empleo del PP. Nuestras diferencias son absolutas. El PP quiere competir con un modelo de salarios bajos", asegura Simancas, en conversación con este periódico, que desgrana a continuación algunas de las medidas que comprende el programa socialista, como el refuerzo de la negociación colectiva, el fin de la brecha salarial de hombres y mujeres, la reducción de las modalidades de trabajo a tres, acabar con la figura de los falsos autónomos, revisar las causas de despido o el impulso del "empleo de calidad".

La iniciativa fue registrada por el Grupo Socialista el pasado 20 de julio, un día después de la constitución de las Cortes de la XII Legislatura, cuando Sánchez era aún el secretario general. Simancas prevé un "apoyo mayoritario" del hemiciclo y para ello comienza a dialogar con los demás grupos a partir de este viernes. El portavoz de Empleo espera contar, por lo pronto, con el respaldo de Unidos Podemos, con el que coinciden habitualmente en cuestiones sociales. Por ejemplo, el PSOE apoyó la tramitación de la proposición de ley del grupo presidido por Pablo Iglesias de subida progresiva del salario mínimo, que contempla que este se sitúe en los 800 euros en enero de 2018 y en 950 en 2020.

El próximo martes también será una jornada señalada en rojo para la oposición por otra cuestión importante: la Mesa del Congreso deberá decidir si mantiene o no los vetos del Gobierno a proposiciones de ley presentadas por los grupos, entre ellas la paralización de la Lomce (a iniciativa del PSOE) y la revalorización de las pensiones para 2017 de un 1,2% (registradas por toda la oposición, salvo PP y Ciudadanos). El órgano rector de la Cámara Baja aprobó levantar los vetos del Ejecutivo a la tramitación de varias medidas, en los que este alegaba que suponía un aumento del gasto. Pero el Gobierno de Rajoy presentó un escrito para que la Mesa rectifique su negativa a atender los vetos, que sería el paso previo a la interposición en el Tribunal Constitucional de un conflicto de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo.

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Sin el control de la Mesa

Los socialistas cuentan con que la Mesa, en la que el PP solo dispone de tres de las nueve sillas, volverá a levantar el veto a su proposición de suspensión del calendario de implantación de la Lomce, porque ya lo hizo hace semanas, con el apoyo de su partido, C's y Unidos Podemos. De hecho, el pleno ya aprobó arrancar la tramitación de la iniciativa, que ya se envió a la Comisión de Educación. Hay más dudas respecto a la suerte de la proposición de ley de subida de las pensiones, que respaldan los sindicatos, porque la formación de Albert Rivera "está más apegada al Gobierno", en cuyo caso el veto del Gobierno no se levantaría. Si se tumbara el no del Ejecutivo, probablemente este recurriría con el fin de poder acudir al TC.

Las iniciativas que quiere llevar a pleno el PSOE son las de subida de pensiones, de rescate del subsidio de desempleo para los mayores o contra la 'ley mordaza'

El miércoles, el PSOE colará su interpelación sobre la aprobación de un plan integral contra la pobreza y la creación de un ingreso mínimo vital, una renta básica para los más desamparados, una de las novedades de los dos últimos programas. Esa interpelación al Ejecutivo se traducirá la semana siguiente en una moción que deberá ser debatida (y aprobada en su caso) por el Congreso. También entraría en el pleno del 20 de diciembre la proposición de subida de las pensiones en caso de que la Mesa hubiera levantado el bloqueo del Gobierno. El jueves 15, en cambio, los socialistas apoyarán la convalidación del real decreto ley de medidas tributarias pactadas por el diputado Pedro Saura y el exministro Valeriano Gómez con Hacienda y probablemente se abstendrán en el acuerdo sobre reparto de déficit y regla de gasto, como hicieron sus comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a excepción de Valencia y Baleares.

Las iniciativas que están a la espera y que el PSOE llevará al hemiciclo en el próximo periodo de sesiones —en enero hay vacaciones parlamentarias— son varias. Entre ellas, la recuperación del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años o la supresión de los copagos farmacéuticos. Dada la fragmentación de la Cámara y la pérdida de peso de los socialistas, su capacidad para que lleguen al pleno sus iniciativas se reduce. Cada mes, aproximadamente, se discute una proposición de ley y una PNL del PSOE. Por ejemplo, ya se aprobó la toma en consideración de la paralización del calendario de la Lomce, su moción de derogación de la 'ley mordaza' —aunque la semana pasada dio un paso más y registró una proposición articulada— y otra más a favor de un pacto para la lucha contra la violencia de género.

Negociar "ley a ley"

El presidente de la gestora, Javier Fernández, señaló a los periodistas en la recepción por el 38º aniversario de la Constitución que el PSOE estaba ocupando la "centralidad" de la oposición. En el Parlamento, y no en la calle, donde dijo que se ha situado Podemos. Y despreció como "teorías conspirativas" la acusación de que el PSOE mantiene un acuerdo de legislatura encubierto con el PP. No hay nada de eso, explicó, y prueba de ello es que las posibilidades de que el partido facilite la tramitación de los Presupuestos de 2017, la ley económica anual más importante para el Gobierno, son "remotas", un "imposible medieval". El motivo es que se considera que los PGE son una norma "transversal, muy política", la que ordena y prioriza las políticas de gasto, y ahí habrá un abismo entre ambas formaciones. De hecho, los socialistas no paran de repetir que no han pactado con Rajoy el techo de gasto no financiero para 2017: han acordado con él, reiteran, el reparto de los objetivos de déficit entre las administraciones públicas y la modificación de la regla de gasto, que es lo que sí debe convalidar el Parlamento. Pero no está de acuerdo con el límite de gasto planteado por el Ejecutivo.

Los socialistas presumen de liderar una "oposición útil" y recalcan que negociarán "ley a ley", algo que les diferencia de Ciudadanos, que ya "acordó lo que tenía que acordar con los populares para votar sí a la investidura". El PSOE no pidió nada a cambio de su abstención y ahora siente que tiene más manos libres para actuar. "No se puede gobernar desde el Congreso, pero sí se puede obligar al Gobierno a cambiar sus políticas, a condicionar sus medidas. Hay que sacar rédito de un PP en minoría. En la legislatura de 2011-2015 ya se intentó forzar a Rajoy a modificar sus leyes, pero no había forma de presionarle, porque el PP no nos necesitaba para nada. Pero ahora sí es posible", reivindican desde la dirección del grupo.

Apoyo a las movilizaciones sindicales

En esa doble estrategia de oposición del PSOE se enmarca el respaldo a los sindicatos en sus próximas movilizaciones, como confirmó Javier Fernández a los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, en la reunión que los tres mantuvieron en Ferraz el pasado 28 de noviembre. 

Los dos líderes de las centrales acordaron movilizaciones en todo el país para el próximo jueves y una gran manifestación el domingo 18 de diciembre en Madrid. Comisiones y UGT quieren reactivar así el diálogo social vista la escasa predisposición por parte del Gobierno. Ferraz aún no ha anunciado quiénes apoyarán a los sindicatos en las calles.