La 'maldición' del caso del ático de González: 4 años de comisiones rogatorias infructuosas

Las comisiones rogatorias en el caso del ático de Ignacio González parecen haber sufrido una maldición. Han pasado ya casi cinco años desde que el Sindicato Unificado de Policía reclamó las primeras, poco después de interponer la denuncia que dio origen a las diligencias, y aún no ha habido respuesta fructífera alguna que ayude a avanzar en las investigaciones. El 15 de octubre de 2012, seis meses después de la denuncia, la representación jurídica de la agrupación policial presentó un escrito en el que solicitaba al Juzgado número 5 de Estepona, que ya se había hecho cargo de las pesquisas, librar cinco comisiones rogatorias.

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En concreto, una a Delaware (EEUU), con el fin de que este estado remitiera información sobre los beneficiarios de la sociedad Coast Investors, propietaria del piso, y qué cuentas tenían; otra a Londres (Reino Unido), para que el banco Lloyds explicara los movimientos del último titular de la cuenta desde la que se transfieren fondos para el pago de la comunidad de propietarios del ático; una más a Estados Unidos, para que el banco USBank, desde donde se pagó el inmueble, detallara movimientos y cuentas, y dos últimas a Panamá y EEUU, con el fin de conocer los beneficiarios últimos de la sociedad Walford Overseas, propietaria de Coast Investors.

En septiembre de 2013, el Juzgado número 5 de Estepona cursó la comisión a Delaware. Un mes después, la Fiscalía Anticorrupción pidió ampliar esta reclamación para solicitar también el saldo y los movimientos bancarios de la mercantil Coast Investors, que había utilizado el presunto testaferro Rudy Valner para adquirir el ático en 2008, inmueble que compraron González y su mujer, Lourdes Cavero, en diciembre de 2012 por 770.000 euros. EEUU, sin embargo, no parecía muy interesado en responder a la comisión rogatoria.

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Ni siquiera la presión ejercida por la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, sobre el embajador norteamericano en Madrid, James Costos, dio sus frutos. Madrigal aseguró el 12 de marzo de 2015 que había pedido al diplomático estadounidense que agilizara la comisión rogatoria, porque la conclusión de la construcción dependía precisamente de este trámite. "Hemos estado hablando del tema y creo que están en la mejor disposición de colaborar y de agilizar la tramitación de esta comisión rogatoria", dijo la fiscal general. Casi dos años después de aquella afirmación, la reclamación sigue sin resolverse.

El caso de la reclamación a Londres es aún más rocambolesco. El Juzgado remitió la solicitud de asistencia judicial el 18 de marzo de 2013 y pidió que se hiciera, tal y como recoge el convenio de la Unión Europea, a través de las autoridades judiciales de España y Reino Unido. Sin embargo, la Policía hizo el trámite vía Interpol y Londres respondió en julio que este no era el camino reglamentario, por lo que la comisión fue devuelta a Estepona tal y como había sido enviada. El Juzgado volvió a cumplimentar la petición para mandarla por los cauces apropiados, pero entonces se cruzó un problema de interpretación. Un año después de la petición que se cursó vía policial, aún no había sido traducida al inglés.

Tampoco resultó fructífera la solicitud a Estados Unidos para que el USBank diera explicaciones sobre el pago desde una de sus cuentas del ático de Marbella. La comisión rogatoria sí fue cursada correctamente, pero en este caso fue la respuesta la que arrojó datos poco o nada reveladores. El USBank aseguró que había borrado todos los datos relativos a las dos transferencias (de 100.000 y de 650.000 euros) que sirvieron para que Rudy Valner abonara el coste del ático. En su escrito, la entidad financiera respondió que la información sobre las transferencias había sido eliminada en cumplimiento de la legislación de protección de datos norteamericana. Argumentó que se trataba de movimientos bancarios que tuvieron lugar en 2008 y que ya habían pasado más de siete años desde entonces.

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La respuesta del USBank era para que los investigadores se tiraran de los pelos, dado que se producía después de otro cúmulo de errores en su tramitación. Fue remitida por el Juzgado en marzo de 2013, como la del Lloyds, pero a juicio del USBank, tenía pocos datos. El banco americano pidió más información, que no llegó a las autoridades estadounidenses hasta el 21 de agosto de 2015. Tres meses más tarde se concretó la mencionada respuesta de la entidad financiera que cerraba la puerta a posibilidad de indagación alguna.

Las otras dos comisiones rogatorias —referidas a la mercantil Walford Overseas, propietaria de Coast Investors— aún están en tramitación. Tienen como destino EEUU, puesto que existe una sociedad denominada Walford que está registrada en Delaware, y Panamá, ya que hay otra entidad llamada Walford radicada en el país caribeño y que "al parecer tiene conexiones" con la primera, según entiende la Audiencia Provincial de Málaga, que el pasado 9 de diciembre respondió al recurso de González y su mujer contra esta comisión rogatoria. La Sección Novena del alto tribunal rechazó la protesta del expresidente de la Comunidad de Madrid y determinó que las diligencias "tienen relevancia" para tener un "conocimiento real de lo acontecido".

"Como expone el Ministerio Fiscal, se trata de esclarecer cómo se produce el alquiler y la posterior venta del bien inmueble, y para ello es necesario conocer la capacidad económica de los investigados, ya que estamos ante hechos graves", asegura la Audiencia de Málaga, que entiende que debe "analizarse la relación de los investigados con el bien (...), siendo necesario tener conocimiento de las actuaciones, lugares de ella y forma de efectuarlas [en Estados Unidos y Panamá] de la sociedad a la que se refiere la comisión rogatoria".