los datos llegarán después de las autonómicas

González respira con el ático: las comisiones rogatorias siguen en Estepona y sin traducir

Las dos comisiones rogatorias enviadas a Estados Unidos y Reino Unido por la magistrada que instruye el caso del ático de González siguen en los Juzgados de Estepona y ni siquiera se han traducido

Foto: Conferencia de Ignacio González en el Club Siglo XXI el pasado lunes (EFE)
Conferencia de Ignacio González en el Club Siglo XXI el pasado lunes (EFE)

La investigación sobre el ático de lujo de Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, evoluciona peor de lo que habían imaginado en un principio, pero la lentitud de la Justicia puede acabar favoreciendo al presidente del Gobierno madrileño. Las dos comisiones rogatorias que solicitó la jueza que instruye el caso a Estados Unidos y Reino Unido para conseguir información clave sobre el origen del dinero con el que se adquirió ese inmueble siguen en los Juzgados de Estepona y ni siquiera han sido aún traducidas, según ha confirmado a este diario un portavoz oficial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Si ningún imprevisto lo impide, con el retraso que acumulan ya estas diligencias, será prácticamente imposible que las contestaciones de las autoridades judiciales de EEUU y Reino Unido lleguen a España antes las próximas elecciones autonómicas, en mayo de 2015.

Los plazos tienen una importancia vital en este escándalo. La presentación de González a las próximas autonómicas como cabeza de lista del Partido Popular depende casi en exclusiva de las responsabilidades penales que se deriven de esta investigación judicial, y ambas comisiones rogatorias tendrán una influencia decisiva en evolución del caso. Si las respuestas de Estados Unidos y Reino Unido siguen demorándose, el actual jefe del Ejecutivo madrileño tendrá vía libre para presentarse a la reelección sin nuevos contratiempos.

Por ahora, sólo está imputada su esposa, Lourdes Cavero. La jueza instructora, Mariana Peregrina, la acusa de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, al considerar que la vivienda pudo ser adquirida por el matrimonio utilizando un entramado societario con el que pretendían esconder su relación con el inmueble. No obstante, la decisión ha sido recurrida por Cavero ante la Audiencia Provincial de Málaga alegando que la acusación contra ella es una "pura arbitrariedad". La magistrada aún no se ha pronunciado sobre la situación procesal de González, pero insinuó que el caso puede terminar afectándole si aparecen nuevos indicios inculpatorios.

Un testaferro profesional

El problema es que esos indicios deben ser aportados por las autoridades estadounidenses y británicas, los países presuntamente utilizados para alojar las sociedades mercantiles que se ocultan detrás del ático. González y Cavero comenzaron a disfrutar la vivienda en 2008 en régimen de alquiler pagando una renta mensual de 2.000 euros. A los investigadores no sólo les sorprendió que ese importe estuviera por debajo del que fijaba el mercado para inmuebles similares, sino que también les llamó la atención que la supuesta propietaria de la vivienda fuera una sociedad, Coast Investors LLC, sin ningún tipo de actividad y radicada en Delaware, la demarcación más opaca de Estados Unidos, y que el titular de la compañía fuera un testaferro profesional que ofrece sus servicios en internet, Rudy Valner. Las primeras pesquisas permitieron averiguar, además, que Coast Investors LLC era propiedad a su vez de otra sociedad, Waldford Overseas Investments Inc., alojada en un despacho de abogados de Panamá, Mossack Fonseca & Co., relacionado con numerosos escándalos de blanqueo.

 Vista de la urbanización donde se encuentra el ático de Ignacio González. (EFE)
Vista de la urbanización donde se encuentra el ático de Ignacio González. (EFE)
La instructora del caso admitió en su última resolución que sus averiguaciones han llegado todo lo lejos que han podido en territorio nacional y que la colaboración de Estados Unidos y Reino Unido es imprescindible para esclarecer las incógnitas que siguen rodeando al ático. En concreto, la jueza envió una comisión rogatoria a Estados Unidos en julio de 2013 que tenía por objeto interrogar a Valner por su relación con estos hechos y solicitar toda la información societaria y financiera disponible sobre Coast Investors LLC.

Antes, en marzo de 2013, la instructora envió otra comisión rogatoria al Reino Unido para acceder a los datos de una cuenta en el banco Lloyd´s de Londres abierta también a nombre de Coast Investors LLC. La cuenta en cuestión se habría utilizado desde 2008 para pagar los gastos de la comunidad de vecinos del ático de Marbella. Curiosamente, el dinero llegaba a Londres regularmente desde un depósito en el banco US Bank de Beverly Hills (California), muy cerca de donde se encuentra el despacho profesional de Valner.

Las traducciones están atascadas

Las comisiones deberían permitir estrechar el cerco sobre los propietarios de la vivienda hasta finales de 2012, momento en el que González y su esposa decidieron comprar la casa tras haberla disfrutado durante cuatro años en régimen de alquiler. Además, con los datos de Estados Unidos y Reino Unido, la instructora podría enviar una tercera comisión rogatoria a Panamá para averiguar el nombre de los propietarios del último eslabón conocido del entramado societario, Waldford Overseas Investments Inc.

Ignacio González (i) junto a su esposa, Lourdes Cavero. (EFE)
Ignacio González (i) junto a su esposa, Lourdes Cavero. (EFE)
Pero, según un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las comisiones ni siquiera han salido aún del Juzgado de Instrucción número cinco de Estepona. En concreto, la solicitud a Estados Unidos fue remitida a la empresa externa que se encarga de realizar todas las traducciones para la Administración de Justicia en la Junta de Andalucía, Ofilingua S.L. Sin embargo, esta compañía aún no ha devuelto el texto traducido al Juzgado de Estepona para que inicie el largo trámite que debería terminar con la respuesta de las autoridades judiciales estadounidenses.

Más de un año en responder

En el caso de la comisión rogatoria al Reino Unido ocurre algo similar. La Brigada de la Policía Judicial de Málaga cometió el error de remitirla directamente a la Policía británica en lugar de canalizarla a través del Ministerio de Justicia español, que es el cauce pactado por las autoridades de ambos países. Ello provocó que la comisión rogatoria regresara al Juzgado de Estepona sin ninguna respuesta de Londres. La instructora decidió entonces volver a cumplimentarla para remitirla de nuevo por los cauces preceptivos, pero la documentación adicional tampoco ha sido aún traducida, informan desde el TSJA. 

En este escenario, el presidente de la Comunidad de Madrid tiene el camino completamente despejado para optar a un segundo mandato. En el caso del Reino Unido, la colaboración suele ser ágil y tarda por lo general menos de un año en sustanciarse, pero las autoridades de Estados Unidos tardan habitualmente más tiempo en responder. En este procedimiento, además, la solicitud formal de colaboración ni siquiera les ha llegado aún. Fuentes de la Comisaría General de la Policía Judicial recuerdan que recientemente han llegado comisiones rogatorias al caso Gürtel que fueron remitidas a los países de origen en el año 2009. 

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