La mujer de González recurre su imputación por el ático de lujo: es “pura arbitrariedad"
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LA AUDIENCIA DE MÁLAGA debe pronunciarse

La mujer de González recurre su imputación por el ático de lujo: es “pura arbitrariedad"

El futuro de González pende de la investigación que abrió un juzgado para aclarar el origen de los fondos con los que compró un ático de más un millón

Foto: Eduardo Zaplana y Jesús Posada flanquean al matrimonio Ignacio González y Lourdes Cavero, el pasado lunes (EFE)
Eduardo Zaplana y Jesús Posada flanquean al matrimonio Ignacio González y Lourdes Cavero, el pasado lunes (EFE)

El futuro del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pende de la investigación que abrió hace un año un juzgado de Estepona para aclarar el origen de los fondos con los que compró junto a su mujer, Lourdes Cavero, un ático de más un millón de euros en una urbanización de lujo de Marbella. La instructora del caso, la jueza Mariana Peregrina Blanco, decidió el pasado mes de diciembre imputar por ahora a la mujer del jefe del Ejecutivo madrileño al apreciar que en esa operación inmobiliaria pudo cometer los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Pero Cavero ha recurrido esa decisión en un escrito al que ha tenido acceso este diario alegando que no hay ningún indicio para sostener esa decisión y que, por tanto, su imputación “es una pura arbitrariedad”.

El abogado del matrimonio de González-Cavero, Adolfo Prego, recurrió la imputación de la mujer del presidente de la Comunidad de Madrid en reforma ante el propio Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona y subsidiariamente en apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga. La jueza ya resolvió el recurso de reforma confirmando la acusación contra Cavero por los delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Pero la pareja espera ahora que la Audiencia Provincial le dé la razón y libere a Cavero de toda sombra de sospecha a sólo un año de las próximas elecciones autonómicas.

En el escrito de defensa, el abogado de Cavero afirma que en el auto de imputación la magistrada no menciona ningún “indicio justificativo” para tomar esa decisión contra ella. La jueza, denuncia el letrado, se limita a referir “de modo genérico que han declarado unos testigos y que se han presentado unos documentos, sin precisar ni quiénes ni cuáles, ni decir absolutamente nada sobre su resultado”, y a describir que se han intentado realizar diligencias pero sólo se han podido practicar las solicitadas en territorio nacional. “Con este bagaje argumental, y sólo con esto, el auto [de imputación] pasa directamente a decir a modo de conclusión o deducción que 'se debe' (sic) tener como imputada y parte a Dª Lourdes Cavero”.

"Carece de motivación suficiente"

Prego también subraya que la jueza no aclara en qué prueba se basa para acusar a la mujer de González de los dos tipos delictivos que le imputa. “El auto no analiza las diligencias, ni hace descripción o relato alguno de lo sucedido según su resultado”, prosigue el letrado. “De modo que la imputación de la recurrente [Cavero] carece de fundamento y adolece de la mínima justificación exigible de la motivación en un auto judicial de imputación. No dice absolutamente nada de lo que tendría que decir para justificar la imputación, que se convierte así en una pura arbitrariedad”.

Vista de la urbanización donde se encuentra el ático del presidente de la Comunidad de Madrid. (EFE)Finalmente, el letrado reprocha a la jueza que no haya hecho partícipe del procedimiento al matrimonio hasta el mismo momento de la imputación de Cavero, una decisión que en su opinión ha vulnerado su derecho dedefensa al no haberle comunicado con suficiente antelación las pesquisas que se estaban efectuandocontra ella. Por todo ello, reclama la “invalidez del auto por carencia de motivación suficiente”, que quede sin efecto la imputación y que se archive la causa.

El SUP también se opone a la imputación

La Audiencia Provincial de Málaga se pronunciará en los próximos días sobre este recurso y otro presentado por la acusación que ejerce el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que también ha pedido la desimputación de Cavero. A este último recurso se ha agarrado precisamente para afirmar que los delitos que se le imputan a su mujer están tan débilmente justificados que la acusación ha pedido que quede al margen del procedimiento.

Pero la decisión del SUP de oponerse a la imputación de Cavero responde en realidad a un razonamiento que tiene poco que ver con la lectura que ha preferido hacer el presidente de la Comunidad de Madrid. El sindicato de la Policía Nacional mayoritario en el cuerpo entiende que la confirmación de la acusación contra la esposa de González extendería automáticamente la responsabilidad penal a su marido, que también participó en la operación inmobiliaria bajo sospecha. Y la consecuencia directa de la imputación del jefe del Ejecutivo madrileño sería el traslado del caso desde el Juzgado de Primera Instancia de Estepona a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo por la condición de aforado de González. Teniendo en cuenta algunas resoluciones anteriores de esta Sala sobre casos que también afectaban a dirigentes políticos, probablemente ese sea el mejor escenario posible para el presidente autonómico del Partido Popular si sigue adelante la imputación contra su mujer.

La exvicepresidenta de CEIM, Lourdes Cavero, (E. Villarino)Ese el principal motivo por el que el SUP se ha opuesto a la imputación de Cavero en esta fase de la instrucción. El sindicato prefiere que la investigación continúe en Estepona hasta que sea posible construir una acusación sólida contra el matrimonio, y que sólo entonces se decida la imputación de González.

Dimisión de la patronal madrileña

Por lo pronto, Cavero anunció este lunes su dimisión como vicepresidenta de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), un cargo al que llegó en 2011 de la mano del presidente de la institución, el también polémico empresario Arturo Fernández. La mujer del jefe del Gobierno madrileño era la única del equipo directivo de la CEIM que percibía un sueldo; en concreto, 110.000 euros brutos anuales.

El caso tiene su origen en una denuncia presentada en diciembre de 2012 por el SUP para que aclarara la relación de la pareja con un ático de lujo en Marbella de 496 metros cuadrados situado en una exclusiva urbanización que supuestamente habrían disfrutado entre 2008 y 2012 en régimen de alquiler y, desde el comienzo de 2013, ya en propiedad.

El SUP basaba sus sospechas en una investigación policial previa que concluyó que el matrimonio había comenzado pagando por el inmueble una renta mensual de 2.000 euros, un precio sustancialmente inferior al que tenían en esos momentos otras viviendas similares en la misma zona. Además, el supuesto propietario de la vivienda era una sociedad, Coast Investors LLC, radicada en la demarcación más opaca de Estados Unidos, Delaware. El dueño de esa compañía era Rudy Valner, un hombre de negocios que se ofrece en internet como testaferro profesional. Por si fuera poco, Coast Investors LLC era propiedad, a su vez, de otra compañía, Waldford Overseas Investments Inc., alojada en un despacho de abogados de Panamá, Mossack Fonseca & Co., investigado por numerosos casos de blanqueo, entre ellos uno que afecta a la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. En enero de 2013, sólo unos días después de que trascendiera la apertura del caso en el Juzgado de Estepona, el presidente de la Comunidad de Madrid anunció que él y su mujer habían decidido adquirir el ático con una hipoteca de 770.000 euros, casi la mitad de los1,3 millones de euros por los que fue compradopor su anterior propietario.

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