Nueva zancadilla para Garoña: la justicia la obliga a invertir para evitar calentar el Ebro

La central nuclear de Garoña (Burgos, 50% de Endesa y 50% de Iberdrola) ha recibido una nueva zancadilla en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la decisión de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) de 2013, que obligaba a la central a invertir para mejorar la refrigeración si quiere volver a operar. La construcción de una torre de refrigeración se une a las exigencias que ya puso en 2009 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y las derivadas del accidente nuclear de Fukushima, lo que ensombrece el panorama para la más antigua y pequeña nuclear de España.

La central nuclear de Garoña, conectada a la red en 1971 y parada desde diciembre de 2012 por decisión de las eléctricas propietarias, afronta costosas obras si quiere seguir operando. El CSN estableció en 2009 la renovación total de kilómetros de cable y la construcción de un nuevo edificio. Posteriormente, y tras el accidente de Fukushima, obligó a implantar mejoras en el venteo de gases en caso de accidente y nuevos sistemas de seguridad, además de revisiones en la vasija. Esto suponía unos 120 millones de euros, según anunció la compañía.

El TSJ señala que hay que “hacer frente a la disminución progresiva de los caudales“ en el Ebro

Pero no acaban ahí las inversiones necesarias. El 29 de julio de 2013, la Confederación del Ebro endureció las condiciones de vertido de la central sobre lo que había autorizado en 2007. Las nucleares utilizan agua para refrigerar el reactor, y por eso están junto al mar o un río caudaloso. Toman caudal y lo devuelven más caliente. El problema es que Garoña, que no tiene torre de refrigeración, devolvía el agua demasiado caliente. Por eso, en la foto de la central burgalesa no hay la típica torre que emite vapor de agua y que es el icono más característico de las nucleares.

La Confederación del Ebro, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, estableció condiciones más duras de vertido, de forma que el agua no podía volver al embalse de Sobrón, en el Ebro, a más de 30 grados centígrados y en cualquier caso no podía calentarse más de tres grados. Además, cambió el sistema de medición porque con el anterior la temperatura de entrada aparecía más alta de lo que realmente era, lo que favorecía a Garoña. Greenpeace había denunciado que ese embalse alcanzaba temperaturas casi tropicales y que era un nido de especies invasoras, como el mejillón cebra.

La confederación archivó una denuncia de la ONG ecologista pero posteriormente reformó la concesión. La nueva autorización de vertido implica que Garoña debe construir una nueva torre de refrigeración o reducir la potencia. Puede parecer un problema menor, pero Almaraz (Cáceres) tuvo que invertir 25 millones en un sistema de refrigeración por una queja similar, y la central de Zorita, en Guadalajara junto al Tajo, cerró en 2006 con un sistema de refrigeración que acababa de estrenar. En EEUU, una central gemela a la de Garoña, la de Oyster Creek, pactó con las autoridades cerrar en 2019 porque calentaba demasiado el estuario al que vertía.

Nuclenor, la empresa de Endesa e Iberdrola que gestiona la planta, recurrió la decisión de la confederación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y exigió que la autorización de vertido anterior, de 2007, le fuese "renovada automáticamente con las mismas condiciones existentes". Sobre todo, reclamaba "anular el límite de vertido de las aguas de refrigeración de 30 grados centígrados de temperatura en el canal de descarga de la central nuclear (...) así como cualquier otra condición relacionada con el cumplimiento y control de dicho límite de 30 grados". Señalaba en su recurso que no "resulta acreditado que esté justificado técnicamente el nuevo límite impuesto para la temperatura en 2013 de 30 grados".

La Confederación señaló que si no o construía una torre de refrigeración habría “ineludiblemente una bajada en la potencia o producción de la central”

La Administración defendió los nuevos requisitos, según los cuales el embalse "no podría evacuar la cantidad de calor generada ante una operación normal y continuada de la central". En caso de no mejorar la refrigeración, avisaba, conllevaría "ineludiblemente una bajada en la potencia o producción de la central”. En su respuesta al recurso, la Confederación del Ebro señaló que el límite de 30 grados aparece en los documentos de mejoras técnicas disponibles de la Comisión Europea.

La confederación concluyó que el endurecimiento de las condiciones de vertido "no solo sirve a la mejor calidad del medio sino que también atiende al proceso de evolución de reducciones del caudal medio del río, con las consiguientes afectaciones del vertido en esas condiciones". Uno de los objetivos de la nueva autorización era fijar "unas nuevas condiciones, más garantistas que las anteriores, para que en el hipotético caso de que esta central se pusiera en funcionamiento, estuvieran garantizados los objetivos de protección del dominio público hidráulico, y en particular de su calidad".

La sección primera de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Burgos, ha dado la razón a la confederación. En una sentencia dictada el pasado 9 de octubre, considera que la confederación "ha motivado, razonado y explicado los motivos en los que justifica y funda la revisión de la autorización de vertido" y que hay una "necesidad de implantar las mejoras técnicas disponibles". Añade que hay que "hacer frente a la disminución progresiva de los caudales medios mensuales y anuales circulantes por dicha zona" y que es conveniente "introducir nuevas condiciones y requisitos para mejorar el control y seguimiento del vertido térmico" y "subsanar los defectos en la medición actual".

Contra la sentencia cabe recurso, y Nuclenor no ha querido comentar la noticia. La autorización de vertido tiene una particularidad: en 2007, mientras el PSOE hablaba públicamente contra la prórroga de Garoña, le dio una autorización de vertido laxa; en 2013, con el Ejecutivo del PP favorable a la prórroga, la confederación endureció las condiciones de vertido.

Aunque las confederaciones dependen del ministerio, la del Ebro fue durante años un caso particular. El PP en Aragón necesitaba gobernar con el PAR, y en ese pacto el Gobierno le dio la presidencia de la confederación al aragonesista Xavier de Pedro. Así, mientras Miguel Arias Cañete defendía la prórroga de la nuclear (se tuvo que ausentar en un Consejo de Ministros del tema porque su hermano había sido director de la división nuclear de Endesa), su departamento le ponía chinas en la camino.

De Pedro recuerda por teléfono las presiones que recibió: "La anterior autorización decía lo mismo que la de 40 años antes, y junto con los técnicos mantuvimos que eso no podía ser. La autorización era muy laxa y ahora tiene controles muy serios". El expresidente de la confederación recuerda que la nuclear esgrimía que construir una "torre de refrigeración iba a tener más impacto ambiental" que cambiar al vertido, pero aun así decidió seguir adelante. También explica que no hubo conflicto con el ministerio por este tema.

Garoña, abierta en 1971, se encuentra parada pero pendiente de un permiso para operar hasta 2031, después de que el año pasado pidieran una insólita prórroga de 17 años. Oficialmente, las eléctricas defienden que invertirán para prorrogar la actividad. Según el 'Diario de Burgos', ya han puesto en marcha la maquinaria para acometer las inversiones. La semana pasada, Endesa justificó ante la CNMV que en sus cuentas sus activos nucleares tengan una vida útil de 50 años en vez de los 40 contemplados hasta ahora. Sin embargo, fuentes del sector ven negro el panorama para la central. dudan de que las eléctricas vayan a acometer una inversión tan grande sin garantía de funcionamiento a largo plazo ante un cambio de Gobierno y en un sistema eléctrico en el que sobra potencia instalada.