La banca quiere que los Benjumea pierdan todos sus derechos políticos en Abengoa

Las grandes entidades acreedoras de Abengoa han decidido que la familia Benjumea pruebe a gustar de su propia medicina como garantía para llevar a cabo el rescate del grupo empresarial en el que trabajan más de 26.000 personas en todo el mundo. El comité financiero capitaneado por el Banco Santander y HSBC, pero en el que también juega un papel destacado La Caixa, ha decidido que Inversión Corporativa, la sociedad patrimonial de los fundadores de Abengoa, ceda la totalidad de los derechos políticos correspondientes a la participación minoritaria que seguirá ostentando tras la próxima reestructuración del capital.

Abengoa sorprendió a los mercados a finales de 2012 con la emisión de nuevas acciones privadas de derechos políticos prácticamente en su totalidad. Estos títulos de la denominada clase B son los que ahora van a servir de instrumento para separar a Felipe y Javier Benjumea de toda responsabilidad directa o indirecta en la gestión de la compañía. La familia fundadora deberá fijar su porcentaje de capital por debajo del 28% que asumirán los futuros socios mayoritarios de Gestamp, a través de su filial Gonvarri Steel Industries, pero dicha cuota solo estará dotada de derechos económicos con vistas a una eventual retribución a los accionistas cuando la compañía decida volver al dividendo.

La aparición en escena de un ‘mirlo blanco’ como Gestamp lleva incorporada una verdadera metamorfosis en el desarrollo futuro de Abengoa, que deberá hacerse extensiva a la composición del nuevo consejo de administración. El grupo vasco de los hermanos Ribera dispondrá de cuatro representantes sobre un total de 13 administradores, en tanto que Inversión Corporativa se ha reservado un sillón testimonial en el futuro máximo órgano de gobierno que preside en estos momentos José Domínguez Abascal. El actual titular de Abengoa es un hombre de la casa vinculado directamente a Felipe Benjumea, por lo que todo hace indicar que será relevado una vez culminado el actual proceso de transición.

El desarrollo pleno y con todas las consecuencias de la nueva Abengoa plantea ahora una cuestión delicada para la posición de los hermanos Benjumea y, más en concreto, para Javier, que forma parte del actual consejo de administración en calidad de interno. Esta condición equivale a lo que dentro de los códigos de buen gobierno se entiende como consejero ejecutivo y no en vano es la otorgada también al actual consejero delegado de la empresa, Santiago Seage. Dicho de otro modo, Javier Benjumea asume su cargo en calidad de directivo de la compañía y, como tal, percibe una remuneración fija que algunas entidades acreedoras están dispuestas a poner en tela de juicio de acuerdo con los principios que inspiran el futuro gobierno corporativo de la compañía.

El consejo de Abengoa se ha reunido más de 30 veces desde el verano con el fin de consensuar una solución de futuro con respaldo de todos los administradores

El caso de Felipe Benjumea tiene otras peculiaridades porque el antiguo presidente de Abengoa abandonó su cargo a instancias de los bancos el pasado 23 de septiembre, cediendo todas sus funciones ejecutivas en la entidad. Ahora se ha sabido que el anterior máximo ejecutivo percibió a cambio una compensación anual de casi 4,5 millones de euros, equivalente a su retribución anual, más otros siete millones de bonificación adicional por no competencia. A ello se añade un contrato de asesoramiento hasta finales del próximo año por valor de 1,086 millones. En todo caso, para los bancos la principal preocupación reside en el ascendente que Felipe Benjumea pueda ejercer incluso desde fuera de la empresa sobre el actual equipo gestor.

Los movimientos en el seno de Abengoa siguen estando monitorizados por la banca acreedora que desde el pasado verano viene pilotando las negociaciones con los todavía dueños mayoritarios en busca de un solución de futuro para la compañía. Los representantes de los acreedores han celebrado desde agosto más de 30 reuniones con el consejo de administración del grupo, en un intento de alcanzar un acuerdo unánime que sea asumido por todos los miembros del máximo órgano de gobierno. La hoja de ruta diseñada entonces establecía como condición indispensable la entrada de nuevos socios dispuestos a aportar fondos frescos y asumir además la deuda de 8.000 millones que acumula el grupo.

Gestamp garantiza dicho marco de colaboración con los acreedores pero, como contrapartida, exige que la banca eche el resto garantizando líneas de liquidez muy por encima de los 250 millones de euros que estableció KPMG en su informe de situación a finales de octubre. Gonvarri pide más de 1.000 millones de euros, repartidos en nuevos préstamos para circulante y renovación de antiguas pólizas de crédito. A partir de ahí, Abengoa realizará dos ampliaciones de capital sucesivas: la primera de 250 millones de euros sin derecho de suscripción para dar entrada a los nuevos socios mayoritarios y la segunda, entre 400 y 500 millones de euros, para apuntalar los recursos propios y evitar nuevas sorpresas que puedan deparar disgustos imprevistos.