Los auditores fichan al despacho Clifford Chance para plantar batalla a la ley Guindos

La ley de Auditoría se ha convertido en un caballo de batalla entre el sector y el Ministerio de Economía. La denominada ley Guindos, definida como una ‘camisa de fuerza’ para las grandes firmas multinacionales de auditoría, ha inflamado los ánimos de las dos grandes corporaciones profesionales, el Consejo General de Economistas y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Ambas instituciones han hecho causa común y han contratado al bufete Clifford Chance para demostrar lo que ellos consideran la ‘ilegalidad’ de la normativa que prepara el Gobierno.

El despacho de abogados británico, una de las firmas extranjeras con más solera en España, ha sido el encargado de elaborar el dictamen que ha permitido a los representantes de los auditores espantar de un plumazo el anteproyecto de ley que esta semana fue presentado formalmente en la Comisión de Auditoría del ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas). De hecho, los argumentos jurídicos expuestos por Clifford Chance han refrendado de manera decisiva la oposición original del sector, como quedó de manifiesto en una tensa reunión de más de cuatro horas saldada sin ningún tipo de acuerdo.

El informe ataca la raíz del documento propuesto por el ICAC, organismo dependiente del Ministerio de Economía. Las corporaciones de los auditores entienden que los planteamientos que se han puesto sobre la mesa “no están maduros, adolecen de importantes fallos técnicos y, lo que es todavía peor, van en contra de lo previsto en el propio reglamento europeo”. Por todo ello, el Consejo General de Economistas y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas habían solicitado previamente a la presidenta del ICAC, Ana María Martínez-Pina, que retirase del orden del día el debate sobre el texto que finalmente fue discutido en balde por el Comité de Auditoría.

Los razonamientos de Clifford Chance contravienen directamente los argumentos manejados por el Gobierno para dar carta de naturaleza a la nueva normativa. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha fundamentado la necesidad de reformar la ley como garantía para trasponer al ordenamiento mercantil español las disposiciones comunitarias. Los auditores señalan, por el contrario, que Europa ha previsto que la futura ley no debe entrar en vigor antes de junio de 2016 con el fin de dar tiempo para coordinar las diferentes opciones regulatorias de los diversos Estados miembros.

Los informes jurídicos que han hecho valer las corporaciones profesionales en el ICAC suponen una clara advertencia sobre la ‘ilegalidad’ del planteamiento oficial, desde el momento en que la Comisión Europea prácticamente no ha decidido aún sus trabajos para la armonización y aclaración de los aspectos más complejos del Reglamento Europeo. Los auditores no entienden las urgencias que les han entrado a los responsables del Ministerio de Economía para imponer una normativa que, en definitiva, consideran lo más parecido a “un trágala” que no quieren aceptar ni mucho menos compartir.

La CNMV también en contra

La futura ley de Auditoría va a nacer, por lo tanto, en un contexto de amplia controversia, derivado también de las tensiones sociales que ha generado el escándalo prolongado tras el rescate financiero de Bankia y Caja Madrid. El Gobierno parece decidido a meter en cintura a los encargados de verificar las cuentas de las grandes empresas en bolsa y ha amenazado con imponer el criterio de la denominada ‘facturación cero’. En otras palabras, si el proyecto en ciernes sale adelante las grandes firmas del sector no podrán mantener ningún tipo de relación comercial con sus clientes al margen de su actividad auditora.

Las tensiones políticas se unen con los detalles técnicos en una mezcla explosiva que puede cambiar de manera radical los procedimientos operativos en el sector empresarial y también dentro de la profesión de los auditores en España. A todo ello se añade también la presión de la CNMV en su afán por conquistar nuevas competencias sobre las llamadas ‘Big Four’, como son Deloitte, KPMG, PwC y Ernst&Young. La entidad reguladora que preside Elvira Rodríguez considera que estas entidades auditan a la inmensa mayoría de las sociedades cotizadas por lo que deberían salir de la tutela administrativa del Ministerio de Economía para caer bajo control del propio regulador bursátil.