GUINDOS AMENAZA CON LA ‘FACTURACIÓN CERO’

El caso Bankia convierte la ley de auditoría en una ‘camisa de fuerza’ para las Big Four

La nueva ley de Auditoría puede ser un arma arrojadiza para las Big Four tras el conflicto entre Deloitte y el ministro Guindos por el caso Bankia

Foto: El ministro de Economía, Luis de Guindos (EFE)
El ministro de Economía, Luis de Guindos (EFE)

Ni media fisura. Más o menos esta es la consigna lanzada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, para que los servicios técnicos de su departamento se pongan las pilas en la redacción de la nueva Ley de Auditoría que el Gobierno quiere aprobar antes de que acabe el año. El conflicto desatado con Deloitte por su intervención en el caso Bankia ha decantado la posición más beligerante del titular de la política económica, lo que se va a traducir en una normativa especialmente dura, una verdadera ‘camisa de fuerza’, para las grandes firmas de auditoría que trabajan en España.

El caballo de batalla de la futura legislación reside en lo que se define con el epígrafe de ‘Facturación Cero’, un criterio extraordinariamente restrictivo impuesto por la Unión Europea para impedir que ningún auditor pueda contratar servicio adicional alguno con un mismo cliente. La aplicación generalizada de un requisito tan estricto en nuestro país obligará a un replanteamiento del modelo económico en el que se han desarrollado todas las empresas auditoras y en virtud del cual muchas de ellas actúan también de manera simultánea como entidades consultoras de las principales empresas del Ibex 35.

Para las llamadas Big Four, como son la propia Deloitte, KPMG, PwC y Ernst&Young, la adaptación al nuevo marco legal sin un proceso transitorio constituye un verdadero desafío en la gestión de su negocio. De ahí la intensa capacidad de lobby que algunas marcas han estado ejerciendo en los últimos meses en medios próximos al Ministerio de Economía con el fin de suavizar una normativa que puede poner ‘patas arriba’ las relaciones comerciales dentro del mercado español de auditoría. Las consecuencias se harán sentir también en muchas de las sociedades cotizadas, que tampoco son muy dadas a cambiar la contratación de este tipo de servicios.

(Reuters)
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El Gobierno parecía receptivo en un primer momento a buscar un consenso con la Comisión Europea ya que la reglamentación en ciernes responde a una directiva comunitaria cuya trasposición al ordenamiento mercantil deberá hacerse efectiva no más tarde de 2016. Los borradores iniciales que han circulado en medios del sector se habían estructurado a partir del actual texto refundido de la Ley de Auditoría vigente desde el año 2011, en el que se deja un cierto margen de incompatibilidad. La regulación actual permite que las firmas facturen anualmente hasta un 15% de sus ingresos en trabajos distintos del propio análisis o investigación de cuentas, considerando a dichos efectos porcentuales la media de los tres últimos ejercicios.

El contencioso abierto con Deloitte

La situación ha cambiado de manera radical después de las tensiones que ha generado el conflicto con Deloitte por su intervención en el caso Bankia. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), en su calidad de organismo regulador dependiente del Ministerio de Economía, ha impuesto una multa a la empresa auditora por su labor de asesoramiento en la salida a bolsa de la entidad financiera durante la etapa presidencial de Rodrigo Rato. Más allá de la penalización de 12 millones de euros, lo que verdaderamente preocupa a la firma es el quebranto que la sanción vaya a producir en su imagen reputacional. De momento, Deloitte ha sido excluida por el Banco de España en el reparto de los test de estrés que se vienen realizando desde primeros de año al sector bancario por imperativo del Banco Central Europeo.

Salida a Bolsa de Bankia. (Efe)
Salida a Bolsa de Bankia. (Efe)

La entidad está dispuesta a defenderse con todas las consecuencias en lo que puede suponer un pleito por todo lo alto con el Ministerio de Economía. La auditora cuenta con el respaldo de la CNMV, pues no en vano el organismo de supervisión que entonces presidía Julio Segura fue el que solicitó la participación de Deloitte en los trabajos de la oferta pública. El Banco de España ha descalificado también la severidad de la multa y, por si fuera poco, el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha defendido la actuación profesional llevada a cabo por el socio responsable de Deloitte, Francisco Celma, que se negó a avalar en su día las cuentas de la entidad de crédito nacionalizada.

Tras la encendida polémica con Deloitte se esconde también una batalla sorda y larvada desde hace tiempo entre la CNMV de Elvira Rodríguez y el ICAC, que preside Ana María Martínez-Pina. El organismo regulador de la bolsa no está de acuerdo con el ordenamiento actual que atribuye al instituto dependiente del Ministerio de Economía la plena tutela sobre el mercado de la auditoría en España. La Comisión de Valores quiere para sí el control y la supervisión sobre las cuatro grandes firmas del sector, que son las que realizan los análisis de todas las empresas del Ibex donde se concentran, por lo demás, las mayores atenciones y suspicacias de los inversores internacionales.

La sensibilidad de Guindos no alcanza para satisfacer las pretensiones de la CNMV, sino que se inclina, más bien al contrario, por estrechar el cerco del Ministerio de Economía y aplicar ahora nuevas medidas drásticas con el argumento que supone la directiva  de Bruselas. No es la primera vez que el Gobierno busca amparo bajo el paraguas comunitario para enarbolar la bandera reformista en sectores de actividad económica. Las Big Four deberán ‘atarse los machos’, que diría un torero, para lidiar con una regulación que puede marcar época en el mercado de la auditoría en España. Todo sea para que al Gobierno no le coja el toro y la multa a Deloitte pueda ser legitimada pese a la opinión en contrario de la CNMV y el Banco de España.

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