Guindos intenta suavizar la 'tolerancia cero' que impone Bruselas en la Ley de Auditoría

Las grandes firmas de auditoría, algunas con mayor insistencia que otras, están haciendo llegar al Ministerio de Economía su inquietud ante el proyecto de Ley de Auditoría anunciado a mediados de junio por Luis de Guindos y que el Gobierno tiene que aprobar en cumplimiento de una directiva comunitaria. La Unión Europea se ha mostrado inflexible en su papel garantista de la labor auditora y exige que las empresas proveedoras no puedan contratar ningún otro tipo de servicio adicional con sus clientes.

Las llamadas ‘Big Four’ que dominan el mercado de la auditoría y consultoría, como son Deloitte, PwC, Ernst&Young y KPMG, podrían ver gravemente reducidas sus expectativas de negocio si España se acoge al pie de la letra que trata de imponer la burocracia de Bruselas. La Comisión Europea ha establecido un nivel de ‘tolerancia cero’ que se traduce lisa y llanamente en la imposibilidad de girar ni una sola factura que no esté relacionada con la pura labor de la auditoría de cuentas.

Los técnicos del Ministerio de Economía están perfilando el articulado de la futura ley con todos los matices que garanticen los requerimientos de la normativa europea, pero ajustando también los términos precisos de un marco de actuación que conceda un cierto respiro a las empresas del sector. La definición de lo que es un servicio alternativo y la consideración de lo que se interpreta como una factura incompatible son aspectos que deberán pasar bajo la lupa de Bruselas. El objetivo es llegar a un acuerdo que permita suavizar en la medida de lo posible el texto legal antes de su definitiva remisión al Parlamento.

La Ley de Auditoría en ciernes podría acabar de una vez para siempre con las célebres ‘murallas chinas’ invocadas dentro del mercado para separar de forma virtual los servicios tradicionales de investigación y análisis de cuentas de otras labores de asesoría empresarial. Los funcionarios de Bruselas se están mostrando inflexibles a la hora de eliminar todos los hábitos operativos que conducen a eventuales conflictos de interés con la pura actividad auditora. La Comisión Europea es partidaria de acreditar 'ex ante' (por adelantado) la neutralidad de las funciones orientadas a la inspección de los estados financieros y para ello nada mejor que impedir cualquier otra relación comercial con los clientes.

Nuevo mapa de la auditoría en España

Un aspecto básico de la reforma será también la rotación obligatoria de auditor y firma auditora. La reglamentación de Bruselas establece que las empresas cambien de auditor al cabo de los 10 años, lo que supone una cierta revolución dado que la mayor parte de los grupos del Ibex llevan 20 años trabajando con los mismos revisores de cuentas. La clave de la próxima legislación española radica en el periodo transitorio que el Ministerio de Economía otorgará a la hora de materializar la prescripción de la Comisión Europea y que podría ser de seis años. Al cabo de este periodo es previsible un cambio radical del actual mapa de la auditoría en nuestro país.

La crisis económica ha disparado las alarmas acerca de la responsabilidad efectiva que debe exigirse a los auditores cada vez que emiten un certificado de calidad sobre los estados financieros y contables de sus clientes. Como botón de muestra baste recordar las tribulaciones de Deloitte con el caso Bankia, incluyendo acciones judiciales y sanciones administrativas de por medio, o las implicaciones de la crisis de Pescanova que han salpicado gravemente a sus todavía auditores de BDO.

La Comisión de Valores también ha salido al quite para reafirmar el compromiso que las firmas de auditoría tienen que asumir de entrada con el buen gobierno de las sociedades cotizadas. De ahí que la presidenta de la entidad reguladora, Elvira Rodríguez, haya incorporado recientemente a los cuatro grandes del sector dentro del ‘sanedrín’ constituido en mayo del pasado año para reformar los mecanismos de gobernanza interna con que se manejan las empresas en bolsa.

El cerco sobre las compañías auditoras se ha estrechado en los últimos meses, tal y como suele ocurrir siempre que una crisis de confianza hace mella en alguna marca corporativa de renombre. El apuntador acaba siendo víctima propiciatoria cada vez que hay fuego cruzado en el mercado financiero y la modificación legislativa que ahora se plantea en España al rebufo de la doctrina comunitaria llega realmente en un momento muy delicado para las firmas de auditoría. El Gobierno va a tener que hacer un verdadero encaje de bolillos para satisfacer los requerimientos de Bruselas sin provocar mayor tensión en un sector ya de por sí estresado.