El informe pericial descarta irregularidades y revierte la querella en el caso Banca Cívica

Las pruebas periciales encargadas por el juez Eloy Velasco han desmontado las querellas criminales planteadas por UPyD y la plataforma abertzale Kontuz contra los antiguos responsables de Banca Cívica. Tras once largos meses de trabajo, los peritos del Banco de España han presentado su informe al juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y en el mismo no han detectado ninguna irregularidad que pudiera inducir a delito. A partir de ahora, serán los propios imputados quienes activen la artillería jurídica contra sus acusadores en un proceso que, como coloquialmente se entiende, puede ‘dar la vuelta a la tortilla’ en muy pocas semanas.

El informe de los peritos, resuelto a través de múltiples respuestas a otras tantas preguntas formuladas por la acusación y los propios imputados, aborda el estado de situación contable de las cajas de ahorros de Navarra, Canarias, Burgos y Cajasol, que dieron lugar a Banca Cívica. El trabajo analiza los estados financieros antes, durante y después de los acuerdos de fusión, así como también el proceso que derivó finalmente en la absorción de Banca Cívica por CaixaBank.

La conclusión general evidencia que las cuentas de las cajas han reflejado de manera adecuada la situación patrimonial, y todas las puestas a valor razonable realizadas en el transcurso de las distintas operaciones de integración han sido efectuadas con arreglo a lo establecido por las normas internacionales de contabilidad (NIC). Los peritos subrayan que la toma de control por CaixaBank en marzo de 2012, al igual que la previa salida a bolsa de Banca Cívica en julio de 2011, fueron supervisadas por el Banco de España y la CNMV, sin que en ningún caso existieran irregularidades, alteraciones normativas o disconformidades que pudieron perturbar el funcionamiento adecuado del mercado.

El informe de los expertos disipa las sombras de duda sobre una entidad que ha reembolsado los 977 millones de euros recibidos en ayudas del FROB y cuyos minoritarios han ganado también dinero con la compra de las célebres participaciones preferentes que tantos quebraderos de cabeza han producido en el sector de las cajas de ahorros. Banca Cívica no tiene un inventario de damnificados a los que compensar por unas pérdidas que no existen, pero la ofensiva jurídica de UPyD y Kontuz ha puesto en tela de juicio la labor de unos gestores empresariales que han anunciado ahora su intención de resarcirse ante los tribunales.

El peritaje judicial al que ha tenido acceso El Confidencial admite como algo normal el descuento aplicado en la valoración de la OPV de Banca Cívica, dado el periodo de baja liquidez y elevada incertidumbre derivado de la crisis económica. Los expertos consideran que la solvencia de la entidad ha estado siempre respaldada contablemente e incluso en algunas ocasiones era mayor que la declarada oficialmente en los estados financieros. El informe señala que el suspenso recibido por Banca Cívica en los primeros test de estrés de 2010 no supone un incumplimiento del mínimo legal de recursos propios, sino que refleja una situación hipotética de fuerte tensión y escasa posibilidad de ocurrencia.

Fusión con Cajasol y absorción por CaixaBank

La controvertida incorporación de Cajasol al sistema institucional de protección (SIP) de Banca Cívica es planteada también a partir de diversas cuestiones que los peritos resuelven apelando a las valoraciones efectuadas en su momento por el Banco de España. El informe recuerda que las entidades que participaron en esta operación combinada pueden calificarse como “fundamentalmente sólidas y su proyecto de integración, de consistente y razonablemente viable”. Los peritos reflejan también la opinión del organismo regulador acerca de la capacidad de los equipos directivos, considerada como “satisfactoria, adecuada y con experiencia probada en el sector”.

Los ajustes efectuados por CaixaBank, que tuvo que dotar 3.850 millones de euros tras la absorción de Banca Cívica, tienen igualmente un capítulo específico en las respuestas de los peritos. De acuerdo con el informe, dicho esfuerzo no estuvo relacionado con la cobertura de pérdidas ocultas, sino que vino determinado en gran parte, 2.097 millones, por las nuevas exigencias derivadas de los llamados decretos Guindos de saneamiento financiero. El resto de las provisiones fueron derivadas del “empeoramiento de la situación económica, además de posibles homogeneizaciones de las políticas contables” de las dos entidades financieras.

El documento en manos del juez remite también su consideración al criterio de JP Morgan y UBS, asesores de CaixaBank, que validaron y calificaron como “equitativa” la ecuación de canje propuesta para la adquisición de Banca Cívica. A modo de corolario y como refrendo de todo el informe, los peritos ratifican de manera categórica las cuentas presentadas por el grupo fusionado de cajas de ahorros y señalan textualmente: “No nos consta que en los seguimientos del Banco de España ni en la revisión limitada realizada por PwC haya saneamientos pendientes que cuestionen los resultados anuales publicados por Banca Cívica para 2011”.