primeras medidas tras el caso luxleaks

Europa pone un parche a los 'tax ruling' pero obliga a los estados a ser más transparentes

Un año después de la publicación de los 'papeles de Luxemburgo', los ministros de Economía y Finanzas se ponen de acuerdo para limitar el alcance de los acuerdos privados empresa-hacienda.
Foto: Para Juncker es hora de poner fin a la opacidad fiscal, según ha dicho ante los ministros de Economía de la UE (EFE)
Para Juncker es hora de poner fin a la opacidad fiscal, según ha dicho ante los ministros de Economía de la UE (EFE)

Los estados de la Unión Europea han dicho este martes no a los 'tax rulings', acuerdos entre estados y empresas multinacionales que permiten a las grandes corporaciones ahorrarse millones de euros en impuestos. Los ministros de Economía y Finanzas, reunidos en Luxemburgo, no han apostado por reducir el alcance de estos acuerdos, pero sí han consensuado que cada seis meses haya un intercambio de información sobre los que han sido firmados, en una apuesta por la transparencia ante la opacidad fiscal.

Es la primera medida real que toma la Comisión tras el escándalo LuxLeaks, revelado el año pasado por un consorcio de 40 medios internacionales, entre ellos El Confidencial en exclusiva para España. La investigación transnacional expuso los ‘tax rulings’ que 200 multinacionales firmaron con Luxemburgo para evitar pagar impuestos en los otros países comunitarios, un descubrimiento que puso en entredicho la figura de Jean Claude Juncker, actual presidente de la Comisión y primer ministro del Gran Ducado cuando se firmaron dichos acuerdos.

Hasta ahora, los estados tenían nula información sobre los 'tax rulings' que las grandes multinacionales habían podido firmar con otros países. El resultado era que el Estado en cuestión perdía millones de euros en impuestos mientras la multinacional, aprovechándose de la falta de transparencia y de los vacíos legales, se los ahorraba. Según los últimos datos de la OCDE, los gobiernos de todo el mundo pierden alrededor de 223.000 millones de euros anuales debido a este tipo de ‘elusión’ fiscal, el 10% de los ingresos mundiales por recaudación de impuestos.

Lea toda la información sobre el caso LuxLeaks

El acuerdo de este martes deberá convertirse en parte de la legislación de los estados miembros hasta 2017, pero será retrocativo hasta el año 2012, tal y como ha confirmado Pierre Garmegna, ministro de Finanzas de Luxemburgo y actual presidente del Consejo. Luis de Guindos, por su parte, ha destacado que "hay un acuerdo político de principios sobre los 'tax rulings'. España cree que nos deberíamos ajustar lo máximo posible a la normativa de la OCDE. Ha habido un cambio de opinión de una serie de países". Los acuerdos, eso sí, seguirán sin ser públicos para la ciudadanía.

La página perdida de Juncker

El presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, ha subrayado que "el sistema actual de normas sobre el impuesto de sociedades es injusto y no es adecuado para nuestros propósitos", tachando de "competencia desleal" la posibilidad de que solo algunas empresas puedan gozar de una fiscalidad más agresiva.

La figura de Juncker ha estado bajo los focos tras el escándalo de LuxLeaks. Como antiguo primer ministro de Luxemburgo, tenía evidentes implicaciones en la creación del sistema que permitió a colosos mundiales como Ikea, Amazon o Burberry ahorrarse millones en impuestos. Pero a la vez, como destacó la Hacienda española, su presencia en la Comisión sería clave para ahondar en este tipo de prácticas. 

Y justamente a mediados del pasado mes de septiembre, Juncker ha entregado a Fabio de Masi, eurodiputado de Izquierda Unida/Los Verdes, la página que faltaba de un informe realizado por el Parlamento luxemburgués en 1996, a pocos meses de la investidura de Juncker como primer ministro. El informe se titulaba 'El fraude fiscal en Luxemburgo' y en su momento no se hizo pública la parte sobre los 'tax rulings'. El documento, publicado ahora por EuObserver, deja clara la que fue la postura del país en ese momento: "[Luxemburgo] podría estar entrando en las competencias fiscales de otros países europeos (…) las normas informales aplicadas podrían no ser consideradas acordes a las políticas de los diferentes gobiernos". 

Desde que estalló el caso LuxLeaks, la Comisión ha defendido la validez de estos acuerdos siempre y cuando no supongan una ayuda del Estado a una determinada empresa o haya algún tipo de trato de favor. 

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