Industria teme que el Supremo le obligue a 'quitar' ya los canales a las TV

El Gobierno dinamitaba en marzo el sector audiovisual al comunicar su intención de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que declara nula la última asignación de canales de la era Zapatero. Una suerte de drama para las televisiones nacionales, que perderán entre dos y tres canales. Eso sí, para amortiguar el golpe, Industria se concedía un año transitorio para hacer coincidir el apagado de esas frecuencias con el plan del dividendo digital, que ya obliga a una mudanza de canales. Un eufemismo que escondía la intención del Ejecutivo de atar en corto a los Vocento, Unidad Editorial, Mediaset y Antena 3, al tiempo que se daba margen para buscar un arreglo de última hora. Claro que no todos están por la labor.

Al punto que Industria cuenta con que esos 12 meses de cortesía puedan esfumarse. Según aseguran fuentes gubernamentales, el Ejecutivo teme que Infraestructuras y Gestión 2002, la empresa que ya impugnó con éxito la resolución del gabinete socialista del 16 de julio de 2010, presente un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo en el que solicite que la sentencia en cuestión se aplique ipso facto, y no en paralelo a la liberación del dividendo digital. No en vano se trata de una estrategia que la empresa ya ha empleado en anteriores fallos. Las telecos deben tener a su disposición para servicios de banda ancha el espacio en el espectro radioeléctrico que hoy ocupan las televisiones el 1 de enero de 2014. Ya han pagado por él 1.800 millones.  

Si los tiempos se acortan, la estrategia de las cadenas se complica. Fuentes del sector aseguraban recientemente a El Confidencial que la intención de los grupos mediáticos era abrir una vía de diálogo con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con el fin de tender puentes con el Gobierno y deshacer el entuerto. Pese a que no todas las cadenas tienen el mismo nivel de afectación –Mediaset y Antena 3 no salen tan perjudicadas como Unidad Editorial y Vocento-, estas fuentes dejan claro que existe unidad de acción dentro de la patronal (Uteca). Y que a falta de un pacto con el Ejecutivo, la hoja de ruta pasa por impugnar todos los acuerdos que vayan tomándose, incluido el último del Consejo de Ministros.

Por parte del Ejecutivo, la actitud es de esperar y ver. Aunque legítimamente Presidencia puede argumentar que no tiene más remedio que ejecutar la sentencia, lo cierto es que Industria se sentó con las televisiones para buscar soluciones una vez conocida la misma. De hecho, tardó semanas en anunciar la decisión. Todo en pleno affaire Bárcenas y con el sentimiento de maltrato por parte de los medios a flor de piel. De hecho, parte del gabinete no duda en recordar sotto voce los favores a Antena 3 para la absorción de La Sexta o el plácet a la operación rescate al Grupo Prisa, ahogado por las deudas y la banca. En este sentido, la sentencia del Supremo fue una coartada perfecta para castigar a los medios.

Claro que lo que es un problema para unos, es una puerta que se abre para otros. El fallo del Alto Tribunal deja claro que la concesión de un múltiplex [ancho de banda equivalente a cuatro canales]  a los principales operadores vía Consejo de Ministros se produjo cuando ya estaba en vigor la Ley General Audiovisual, que obliga a que estas licencias se entreguen tras la celebración de un concurso. Una posibilidad que se perfila en el horizonte como la única fórmula para reasignar los canales y que otorga una opción a que operadores como la Conferencia Episcopal -que emite 13 TV en régimen de arrendamiento en uno de los canales de Unidad Editorial- aspiren a obtener su propia frecuencia. También abre una vía de inseguridad jurídica para las multinacionales que han entrado en la TDT vía alquiler.

De la incredulidad a las prisas

Las televisiones nunca pensaron que el Gobierno terminaría por aplicar la sentencia. Mediaset España, por ejemplo, restaba toda trascendencia al conflicto. “El problema (…) es que la asignación de los múltiples se hizo estando ya en vigor la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA, publicada un mes antes que el acuerdo impugnado), la cual prescribe que la asignación de canales adicionales a los comprendidos en cada licencia debe efectuarse a través de concurso público -explicaba en su última memoria-. Este problema podría haberse superado con la mera introducción en la propia LGCA de una previsión que diera continuidad al régimen previo a su promulgación”. Bajo estas premisas, no preveía que la sentencia tuviera repercusión alguna. 

“Dado que la traba destacada por el Tribunal Supremo es de naturaleza esencialmente formal, pues nunca se cuestionó el planteamiento de la TDT y, por tanto, su culminación con la asignación de un múltiple a cada operador, su solución no es compleja, como así se ha puesto de manifiesto en las reuniones mantenidas con el departamento ministerial competente, por lo que se espera que procederá a subsanarla en las próximas semanas”, remataba sin plantear provisión alguna. En esta misma línea se movía Antena 3, que calcaba el argumento en sus cuentas casi palabra por palabra. “La solución no es compleja. (…) La sociedad espera que el defecto será subsanado en el corto plazo”, subrayaba en la memoria a sus cuentas. Vocento no les iba a zaga.

En esta línea, Infraestructuras y Gestión 2002 ya pedía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a principios de marzo la apertura de un expediente a los grupos mediáticos cotizados –Mediaset, Antena 3 y Vocento- por no comunicar a sus accionistas el impacto del fallo judicial. “Lo que parece claro es que la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2012 está llamada a modificar sustancialmente el escenario audiovisual español, que afectaría razonablemente a las sociedades cotizadas, que irremediablemente perderán un porcentaje significativo de los canales de que disponen”, rezaba el documento. Las cadenas, obviamente, no pensaban lo mismo. El tiempo no parece haberles dado la razón.