T5, Antena 3 y Vocento no provisionaron la 'quita' de canales por ser un "tema formal"

Las cadenas de televisión confiaban en el Gobierno. Y en que este buscaría fórmulas para amortiguar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el último reparto de canales TDT. Al menos eso se desprende de las ultimas cuentas de 2012 presentadas por los diferentes grupos, en las que ninguno contempla provisión alguna para afrontar la pérdida de entre dos y tres canales que recoge el fallo del Alto Tribunal. Es más, las cotizadas se refieren al proceso como un escollo “esencialmente formal”, que será subsanado “en las próximas semanas”. Una de dos: o tenían mala información o algo pasó entre la promulgación de sus números y el pasado viernes.

Fue ese día cuando Soraya Sáenz de Santamaría soltaba la bomba: el Ejecutivo ejecutará la sentencia dentro de la hoja de ruta para el dividendo digital, que debe estar en marcha el 1 de enero de 2014. Mediaset perderá dos de sus ocho canales; Antena 3 se quedará sin tres, Vocento y Unidad Editorial, los más perjudicados, verán esfumarse la mitad de su oferta (dos de cuatro). Eso sí, se abre ahora un período transitorio de casi un año -hasta que se haga efectiva la liberación del espectro- en que cabe alguna solución de última hora. Una posibilidad que los grupos han entendido como una manera de atarles en corto en plena crisis interna del PP. La guerra está abierta.

En las cuentas de los grupos, nada. “¿Quién iba a esperar algo así?”, apunta uno de los ejecutivos afectados. Y recuerda para defender el argumento que el Ministerio de Industria -en un asunto llevado en primera persona por el secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo- se sentó durante semanas con las televisiones para buscar una salida negociada al conflicto abierto por el Supremo con su fallo de noviembre. En román paladino, no tenía sentido provisionar cuando el Ejecutivo se había comprometido a encontrar una solución. “Lo que quieren ahora es tenernos en vilo durante todo un año”, remataba otro ejecutivo, enlazando la deserción del Gobierno con las líneas editoriales de los grupos.

Una solución en semanas

Mediaset España, por ejemplo, restaba toda trascendencia al conflicto. “El problema (…) es que la asignación de los múltiples se hizo estando ya en vigor la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA, publicada un mes antes que el acuerdo impugnado), la cual prescribe que la asignación de canales adicionales a los comprendidos en cada licencia debe efectuarse a través de concurso público -explicaba en su memoria-. Este problema podría haberse superado con la mera introducción en la propia LGCA de una previsión que diera continuidad al régimen previo a su promulgación”. Bajo estas premisas, no preveía que la sentencia tuviera repercusión alguna.

“Dado que la traba destacada por el Tribunal Supremo es de naturaleza esencialmente formal, pues nunca se cuestionó el planteamiento de la TDT y, por tanto, su culminación con la asignación de un múltiple a cada operador, su solución no es compleja, como así se ha puesto de manifiesto en las reuniones mantenidas con el departamento ministerial competente, por lo que se espera que procederá a subsanarla en las próximas semanas”, remata sin plantear provisión alguna. En esta misma línea se movía Antena 3, que calcaba el argumento en sus cuentas casi palabra por palabra. “La solución no es compleja. (…) La sociedad espera que el defecto será subsanado en el corto plazo”, remata en la memoria a sus cuentas. Vocento no les iba a zaga.

La empresa que presentó la demanda que arrancó el proceso ante el Supremo, Infraestructuras y Gestión 2002, no sólo se sale con la suya sino que, a priori, acierta en el diagnóstico. “Lo que parece claro es que la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2012 está llamada a modificar sustancialmente el escenario audiovisual español, que afectaría razonablemente a las sociedades cotizadas, que irremediablemente perderán un porcentaje significativo de los canales de que disponen”, apuntaba hace apenas días en un denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado del Valores (CNMV), en la que pedía la apertura de un expediente a los grupos mediáticos cotizados –Mediaset, Antena 3 y Vocento- por no comunicar a sus accionistas el impacto del fallo judicial.

La resolución del Supremo, que es definitiva y no permite recurso alguno, se retrotrae al final de la era Zapatero y declara la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de julio de 2010, “por el que se asigna un múltiple digital [ancho de banda que permite la emisión de cuatro canales] de cobertura estatal a cada una de las sociedades licenciatarias del servicio de televisión digital terrestre del ámbito estatal”. El Alto Tribunal entiende que la Ley General de Comunicación Audiovisual establece la obligatoriedad “incontestable e incondicionada” de que dicha asignación hubiera tenido lugar tras la celebración de un concurso.