Gobierno y TV quieren que Abertis pague la transición al dividendo digital

Salón Presidencial del Hotel Villamagna, cinco estrellas gran lujo en pleno Paseo de la Castellana. Medio centenar de nombres ilustres del sector audiovisual esperan el arranque de unas jornadas convocadas por el todopoderoso lobby de las televisiones privadas. Lo interesante, sin embargo, sucede en una sala anexa. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, departe en privado con los Lara, Echevarría, Carlotti y Fernández-Galiano. Como telón de fondo, las duras negociaciones entre el Ejecutivo y las cadenas para solventar la transición al dividendo digital. Con un acuerdo a la vuelta de la esquina, admite uno de los presentes en el cónclave celebrado el pasado martes. “Estamos en la recta final. El problema es quién lo paga. Las negociaciones apuntan a Abertis”, señala.

La fecha marcada en rojo en el calendario es el 1 de enero de 2014. Ese día, las telecos deben tener a su disposición para servicios de banda ancha el espacio en el espectro radioeléctrico que hoy ocupan las televisiones. De hecho, ya han pagado 1.800 millones por ello. La migración de las cadenas no sólo costará 300 millones de euros, sino que amenaza con derivar en una transición caótica en 2013. Y es que durante ese año, y según el modelo en tres fases que plantea el Gobierno, los canales se verán en más de una frecuencia una vez se hayan trasladado a su nueva ubicación mientras se produce el apagón en la antigua. Es el coste de esas duplicidades el que nadie quiere asumir.

“La nueva antenización corre a cargo de los hogares, de eso no hay duda. El problema es quién se hace cargo del simulcast [transmisión simultánea] durante la transición. Eso es lo que se está negociando”, explican fuentes internas de Uteca. El problema estallaba el pasado 7 de noviembre, cuando las cadenas rompían la baraja y rechazaban el plan del Gobierno para liberar el dividendo digital. No sólo denunciaban que el borrador de real decreto “pone en riesgo la continuidad de la recepción por los ciudadanos de todos los canales”, sino que la norma contempla “costes adicionales” a las televisiones, que ya “en su momento asumieron todo el coste del proceso de transición a la TDT”.

Los Mediaset, Antena 3, Veo TV y Net TV se acogen a la Ley de Economía Sostenible. Esta, en su artículo 51, establece que “los costes derivados de la reorganización del espectro radioeléctrico que es necesario realizar para liberar la banda de frecuencias 790 a 862Mhz, serán sufragados por la Administración con los ingresos obtenidos en las licitaciones públicas que se convoquen para asignar espectro radioeléctrico”. ¿Problema? Que el Gobierno socialista utilizó los 1.800 millones abonados por las telecos para reducir déficit público y los fondos ya no están disponibles. De hecho, el proceso en marcha implica una migración light, ya que el plan inicial contemplaba una inversión de 800 millones y un traslado completo de las cadenas. Con el modelo actual, apenas reducen el espacio que ocupan.

La venda antes de la herida

Abertis Telecom se ponía recientemente en guardia. Corría el mes de septiembre y su director general, Tobías Martínez, avanzaba que sólo la reducción de dos múltiplex para ganar espacio de banda ya implicaría la reducción de ingresos de la compañía como gestor de red en 20 millones de euros al año a partir del 2014. Pero iba más allá y dejaba claro que habría costes extra durante los meses en que tendrían que duplicarse los canales. Se confesaba dispuesto a acometer el encargo, si bien añadía que la compañía desconocía las condiciones económicas del servicio. Apenas semanas después, el trabajo no se adivina como un negocio redondo. Fuentes de la compañía declinaron hacer comentario alguno sobre las negociaciones.

La preocupación adicional de las cadenas es que su negocio se vea lastrado por la pérdida de audiencia. Y es que temen que los hogares que lo necesiten se confíen y demoren su antenización, lo que les haría perder televidentes cuando se produzca el apagón de los múltiplex antiguos el 1 de enero de 2014. Según los cálculos que efectúa el sector, entre 1,2 y 1,4 millones de antenas tienen que modificarse para adecuarse a las nuevas frecuencias. El secretario de Estado, Víctor Calvo-Sotelo, ya dejó claro que serán los consumidores quienes tendrán que hacer frente a ese coste y cifró el gasto en 20 euros por familia. Industria acaba de lanzar una jugosa licitación de 2,6 millones de euros para contratar un plan de comunicación que dé a conocer las ventajas del dividendo digital.

Desde los discursos oficiales y a la espera de cerrar el acuerdo, surgen mensajes para leer entre líneas. El presidente de Uteca, Antonio Fernández-Galiano, miraba el pasado martes a la vicepresidenta y le espetaba: “Hay una inequívoca voluntad de colaboración para que la migración se realice con eficacia. Eso sí, sin complicaciones técnicas que incidan en el negocio y sin costes extra que no estamos en condiciones de asumir”. Y recordaba la “aterradora crisis publicitaria que recorre el sector”. Sáenz de Santamaría acusaba al PSOE de aprobar el plan durante la anterior legislatura sin dotación presupuestaria y se decía dispuesta a “trabajar con todos los afectados”. Galiano terminó elogiando el frenético nivel de actividad de la número dos del Gobierno, aprovechando que se cumplía el primer año de mandato popular: “Parece que llevas aquí toda la vida”.