Embargo al financiero del caso KIO: 33.000€ en enseres para cubrir 860 M de deuda

Lote séptimo. Patio con baldosas. Cuadro firmado por Roca Sastre. Medidas: 130x97cm. Valoración pericial: 15.000 euros. Pujas hasta la fecha: 0.

El cuadro en cuestión pertenece a Juan José Folchi Bonafonte, un abogado del Estado condenado junto a Javier de la Rosa y el ya fallecido Manuel Prado y Colón de Carvajal -íntimo amigo del rey Juan Carlos I- a varios años de prisión por el famoso Caso KIO, uno de los escándalos empresariales más sonados en la historia de España que marcaron la década de los 90.

De la Rosa, Prado y Folchi fueron protagonistas clave de lo que entonces fue la mayor suspensión de pagos de la historia de España: la del Grupo Torras, que cayó en 1992 con un pasivo de casi 250.000 millones de pesetas (unos 1.500 millones de euros al cambio). Ahora, 30 años más tarde, la justicia ha ordenado una subasta de los bienes de Folchi para tratar de satisfacer una deuda de casi 900 millones de euros derivada de ese fiasco empresarial. Pero el patrimonio del abogado del Estado no es el que era entonces.

Folchi era el hombre de confianza, abogado y asesor fiscal de De la Rosa y estaba bien conectado, tanto con el mundo empresarial como el político. Nacido en Zaragoza en 1947, fue conseller de la Generalitat provisional de Catalunya (1977-1980) en representación de UCD y luego diputado autonómico en el Parlament por Alianza Popular. Hasta su caída en desgracia despachaba con fuerzas vivas del Estado. Sin ir más lejos, aparece como interlocutor habitual de Emilio Álvarez Manglano, director del Cesid (equivalente al actual CNI) entre 1981 y 1995. Es en esa época en la que se gestó el escándalo KIO.

Grupo Torras fue adquirida en 1986 por la Kuwait Investment Office (KIO), la agencia oficial de inversiones del emirato árabe de Kuwait, para aumentar sus inversiones en España. La empresa fue esquilmada por sus gestores: De la Rosa, vicepresidente tercero; Jorge Núñez Lasso de la Vega, consejero delegado y miembro del consejo de administración y el propio Folchi Bonafonte, abogado del Estado en excedencia que se había encargado la asesoría del Grupo Torras y que también fue asesor jurídico y mercantil del Grupo KIO.

Un juez ha ordenado la subasta de varios enseres de Folchi Bonafonte valorados en 33.000€

"El grupo tenía un déficit patrimonial de 150.000 millones de pesetas debido a la actuación fraudulenta de sus gestores, que descapitalizaron el grupo en su beneficio", relata el ex juez Baltasar Garzón en su libro 'El Fango'.

El desvío de dinero del Grupo Torras acabó, varios años después, con sus gestores entre rejas y con el Grupo Torras inmerso en una larga batalla judicial en España, Jersey, Bahamas o Suiza para intentar recuperar hasta el último euro sustraído mediante el embargo de cualquier posesión -mobiliaria o inmobiliaria-, a nombre de aquellos que lo desangraron.

Una deuda de 860 millones

Y es aquí donde entra en escena, no solo el cuadro del lote 7, sino otros 34 lotes más, valorados en un total de 33.190 euros, cuya subasta acaba de convocar el Juzgado de Primera Instancia nº 25 de Barcelona a instancia, precisamente, del Grupo Torras. Y pertenecen a Juan José Folchi Bonafonte a quien reclama 860 millones de euros, -663,2 millones de principal más casi otros 200 en intereses y costas-, según información a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Entre los bienes subastados hay enseres muy variopintos. Sillones de piel, sillones de estilo imperio tapizados, un escritorio de cilindro con cajones, consolas, mesas de comedor, varios cuadros con desnudos femeninos, hasta un globo terráqueo y varios retratos, presumiblemente, del propio Folchi Bonafonte. Un total de 35 lotes, valorados por un perito en 33.190 euros, una cifra que apenas daría para cubrir el 0,003% del importe reclamado por el Grupo Torras.

Según la documentación consultada por este diario, los precios son muy variados, ya que se mueven entre los 100 euros de un cuadro con un desnudo femenino de espaldas, hasta los 15.000 euros del lienzo anteriormente mencionado, firmado por Roca Sastre.

La puja se abrió el pasado 18 de enero y concluirá el 7 de febrero. Y ya hay pujas por algunos de estos bienes. Desde una oferta de 3 euros por un sillón giratorio y balaustres en el respaldo valorado en 150 euros, hasta una oferta de 600 euros por un desnudo femenino de González Carbonell valorado en 1.000 euros. 15 ofertas que apenas suman 1.100, lo que demuestra que existe algo de interés por hacerse con alguno de estos bienes, pero no lo suficiente como para abonar un precio demasiado elevado por ellos.

Una quiebra histórica y millonaria

Grupo Torras protagonizó en los 90 la mayor suspensión de pagos hasta entonces. La compañía quebró con un pasivo de 243.000 millones de pesetas. Tras la condena de los principales acusados -De la Rosa, Prado Colón y Carvajal o Folchi Bonafonte, entre otros-, la compañía ha intentado recuperar parte del ingente capital sustraído.

En unos casos con mayor fortuna que en otros, ya que en 2020, tal y como recogen sus últimas cuentas presentadas en el registro, apenas recuperó de los demandados 4.000 euros, solo 22.000 en 2019.

En 2015, por ejemplo, los procedimientos judiciales supusieron a la compañía unos ingresos de casi 51 millones de euros, una cifra muy similar a la de 2014, mientras que en 2013, consiguió de recuperaciones judiciales 3,7 millones de euros, "que han supuesto incorporaciones de activos inmobiliarios por un valor de 3.041 miles de euros, así como tesorería por importe de 720 miles de euros", recogía en las cuentas de aquel año.

Grupo Torras recuerda cada año en la presentación de resultados ante el registro, cómo en junio de 1999, la Corte Comercial de Londres dictó sentencia a favor de la sociedad, "condenando a varios demandados a pagar, en concepto de daños y perjuicios, 424.589 miles de dólares y 4.351.766 miles de pesetas. Así mismo la Corte condenó a los demandados a pagar en concepto de intereses indemnizatorios 339.570 miles de dólares y 3.061.338 miles de pesetas".

En sus cuentas de 2020, Grupo Torras, sin embargo, incluye un saldo provisionado como de dudoso cobro, de 341 miles de euros que corresponden a importes contabilizados como apropiaciones indebidas de miembros del antiguo consejo de la compañía.

Desde aquella sentencia, Grupo Torras, cuyo accionista principal sigue siendo la sociedad holandesa Koolmees Holding B.V. ha intentado mantenerse a flote. En junio del año pasado se vio obligada a reducir capital en 50,3 millones de euros, una reducción, como reconocía la compañía "con la finalidad de incrementar las reservas voluntarias de la sociedad".

Una larga travesía en el desierto en la que aún resulta difícil ver la luz al final del túnel, treinta años después.

Tres años y cuatro meses de prisión para Folchi

Juan José Folchi Bonafonte fue condenado en 2006 por el Tribunal Supremo a tres años y cuatro meses de prisión por delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, por su "comportamiento activo" en la "operación Wardbase", que supuso el desvío de 12 millones de euros de los fondos de KIO a una cuenta propiedad del ex diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal, en 1992.

Por esta operación fueron también condenados Javier de la Rosa -cinco años y medio de cárcel-, el ex diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal -dos años de cárcel-, así como el ex consejero delegado de la compañía Jorge Núñez Lasso de la Vega -cuatro años y medio de prisión-.

Tras ser absuelto por la Audiencia Nacional, el Supremo condenó a Folchi por considerar que además de dar "instrucciones precisas para que el pago de 12 millones de euros se efectuase, siguiendo las indicaciones de De la Rosa", facilitó el "número de la cuenta secreta que, a su vez, le habría sido proporcionado por De la Rosa, con indicación de confidencialidad". Esa cuenta fue el destino final de los 12 millones de euros.

Operación Wardbase fue una de las cuatro piezas separadas del procedimiento judicial del Caso KIO por el que Javier De la Rosa y sus colaboradores -que utilizaron una maraña de sociedades instrumentales para hacerse con los fondos del Grupo Torras- fueron acusados de delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, apropiación indebida, falsedad en documento público, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y delito fiscal. A Wardbse se sumaron Operación Icsa-Inpacsa, Operación Croesus y Operaciones Pincinco, Quail y Oakthorn.

La búsqueda desesperada de liquidez por parte del Grupo Torras para saldar sus millonarias deudas le ha llevado a subastar no solo este tipo de objetos. En 2020, La Información publicó que había sacado a la venta un palacete ubicado en la avenida La Palmera, en Sevilla, por 3,1 millones.

El inmueble ya había salido a subasta pública en 2010 por orden de la Audiencia Nacional tras la sentencia que llevó a Manuel Prado a la cárcel por apropiación indebida en el caso Wardbase. Aquel palacio pertenecía, precisamente, al exdiplomático.