Ayuso pone a prueba el apetito real por levantar pisos de alquiler baratos en Madrid

Ha llegado el momento tan ansiado por el sector inmobiliario. La puesta en el mercado de suelos de titularidad pública para levantar viviendas en alquiler. Eso sí, las viviendas que se construyan deberán salir al mercado a precios asequibles y la licitación de dichas parcelas se realizará mediante una concesión administrativa cuyas condiciones económicas aún se desconocen.

El primer paso, no obstante, lo ha dado la Comunidad de Madrid. Este martes, a través del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), ha sacado al mercado 46 parcelas de titularidad pública que permitirán construir 6.646 viviendas en toda la comunidad, un mercado con una clara tensión en los precios del alquiler, especialmente en las zonas mejor ubicadas, lo que complica el acceso a la vivienda de la población más joven. Y, según llevan meses señalando los expertos, solo aumentando la oferta es posible contener los precios y acabar con las tensiones en uno de los mercados donde más se han incrementado los alquileres en el último lustro.

Tal y como publica la Comunidad de Madrid en su boletín oficial, las parcelas se adjudicarán mediante concesiones administrativas de dominio público a terceros, quienes ejercerán la actividad de promoción de estas viviendas en régimen de arrendamiento. El precio de dichas concesiones aún no se ha hecho público y pondrá a prueba el apetito real por invertir en proyectos de alquiler en España, especialmente el apetito por invertir en alquileres a precios asequibles, un segmento del mercado en el que la rentabilidad para los inversores es más estable a largo plazo, pero también menos alta.

Es decir, 'a priori', los suelos atraerán el interés de inversores institucionales o fondos 'core', con una visión a largo plazo, de permanencia en el mercado, con ingresos fijos y estables a lo largo del tiempo, puesto que, según los expertos, estaríamos hablando de rentabilidades brutas anuales en línea con las cifras que publica el Banco de España, actualmente en torno al 3,9%.

46 parcelas divididas en cuatro lotes

Los suelos que han salido a licitación están distribuidos por toda la Comunidad de Madrid. Desde Valdebebas, en la capital, pasando por Alcorcón, Móstoles o Getafe. Y se licitan en cuatro lotes. Es decir, los interesados no pueden pujar por cada una de las parcelas individualmente, sino que deberán pujar por cada uno de los lotes.

El lote 1 incluye 11 parcelas situadas en los municipios de Madrid, Torrelodones, Alcalá de Henares, Colmenar Viejo y Getafe. En total, todas las parcelas suman 1.695 viviendas, siendo la más grande la de Valdebebas, ya que permitirá la construcción de 420 unidades, que competirán con los dos grandes desarrollos de vivienda en alquiler, el de Acciona y Hines (395 viviendas) y el de Amenabar Promociones y Ares (400 viviendas).

Precisamente, en Valdebebas son varias las parcelas que salen a licitación, y suman un total de 720 viviendas. Sin embargo, los terrenos no están dentro de los mismos lotes. De hecho, cada uno de los lotes incluye parcelas en diferentes ubicaciones, según los expertos consultados, para que "siempre haya solares atractivos y ningún lote quede desierto. Obviamente, si salieran las parcelas individualmente, probablemente algunas quedarían desiertas por su menor atractivo. De ahí la importancia de conocer las condiciones económicas de la concesión".

El lote 2 engloba 12 parcelas ubicadas en Madrid, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Alcorcón, y permitirá levantar 1.801 viviendas. Destaca, por número de viviendas, una parcela en Tres Cantos sobre la que se podrán levantar 354 unidades.

El tercero de los lotes agrupa otras 12 parcelas ubicadas en San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Alcorcón, Alcalá de Henares y Getafe para un total de 1.703 unidades, 488 de las cuales están en San Sebastián de los Reyes, uno de los municipios que, junto con Alcorcón, han despertado un gran apetito promotor en los últimos años.

El cuarto y último lote aglutina 11 parcelas ubicadas en los municipios de Navalcarnero, Humanes de Madrid, Velilla de San Antonio, Pinto y Colmenar Viejo. En total, otras 1.447 viviendas.

Todos estos suelos son titularidad de la Comunidad de Madrid, ya que forman parte de las redes supramunicipales, y con la apertura del procedimiento de licitación se han aprobado los pliegos de condiciones particulares y de prescripciones técnicas que han de regir todo el proceso, que serán publicados mediante un anuncio en el perfil de contratación de la Administración, a través del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

Según diferentes compañías consultadas por El Confidencial, la licitación de estas parcelas ha suscitado interés, especialmente entre aquellas compañías —gestoras de pisos en alquiler y también promotoras— que han entrado con fuerza en el mercado del alquiler en los últimos meses. Eso sí, todas están a la espera de conocer los detalles de la concesión. Entre ellas, Azora, que gestiona una de las principales carteras de residencial en alquiler en España, con más de 14.000 viviendas.

Ayuso quiere construir 15.000 viviendas para alquiler accesible en esta legislatura

La Comunidad de Madrid calcula que el Plan Vive supondrá un ahorro de 3.500 millones de euros a la Administración por la colaboración público-privada y forma parte de la apuesta del Ejecutivo regional de construir 15.000 viviendas para alquiler accesible en esta legislatura y otras 10.000 en cuatro año más.

Las futuras viviendas estarán dirigidas, entre otros colectivos, a los jóvenes, a quienes el Plan Vive quiere facilitar su emancipación. "Con su publicación hoy en el BOCM, la Comunidad de Madrid da el pistoletazo de salida a uno de los proyectos más ambiciosos en materia de alquiler de vivienda en Europa, en los últimos años", ha destacado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, quien prevé la creación de 57.000 empleos anuales que servirán de impulso para salir de la crisis económica derivada del covid, al "movilizar más de 700 millones de inversión".

Acceso de los jóvenes a la vivienda

David Pérez ha subrayado que se facilitará el acceso a la vivienda de colectivos como familias numerosas, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género —además de menores de 35 años—. De hecho, se calcula que el Plan Vive Madrid beneficiará cada año a 17.000 inquilinos, con un ahorro anual en el alquiler medio de mercado de 19 millones de euros y con un impacto en el PIB regional, durante todo el periodo de concesión, de 4.428 millones de euros, además de generar 719 millones de euros por los diferentes tributos que percibirán las administraciones públicas.

Beneficiará cada año a 17.000 inquilinos, especialmente jóvenes

La Comunidad de Madrid dispone hasta el momento de 1,2 millones de metros cuadrados a lo largo de 43 municipios de la región para llevar a cabo esta operación. "Nos encontramos ante un proyecto de gran envergadura que equivale a más de una tercera parte de toda la producción anual del sector inmobiliario en vivienda nueva en la Comunidad de Madrid o, por ejemplo, dos terceras partes de toda la vivienda que se promoverá en Madrid Nuevo Norte", ha remarcado el consejero.

"Con este plan", asegura, "se pretende, asimismo, conseguir una gestión eficiente del patrimonio público de la Comunidad de Madrid, con la optimización de sus rendimientos, directos e indirectos, económicos y de otra índole, siempre ligados a fines de interés público. La puesta en el mercado de alquiler de este importante número de viviendas reducirá la tensión del mercado del alquiler en Madrid mediante precios asequibles".

La normativa que rige todo este proyecto incluye la regulación del procedimiento a seguir para la asignación de las viviendas, así como su régimen de uso, la promoción de viviendas sobre suelos de redes supramunicipales, el destino de las viviendas, la constitución de una lista de interesados y su publicidad. El articulado contempla igualmente la posibilidad de establecer reservas de viviendas y su procedimiento de asignación, además de los requisitos de acceso a las viviendas, el régimen jurídico de los contratos de arrendamiento y su control por la Administración.