El Gobierno dispara la dotación de vivienda pero sigue por debajo de los niveles de 2003

La vivienda ha entrado de lleno en la agenda política del Gobierno y el acceso a la misma es una de sus prioridades. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año contempla una dotación de 679 millones de euros para políticas de viviendas para 2019, un 41% más que la cuantía contemplada para 2018, que ascendía a 481 millones de euros. A pesar de lo abultado de los datos, lo cierto es que sobre el conjunto de los presupuestos apenas representa un 0,2% sobre el total, siendo la política a la que menos dotación económica se le asigna.

Si tenemos en cuenta el porcentaje respecto al importe total de los presupuestos, nos encontramos en línea respecto a los recursos económicos que destinaba el Gobierno a las políticas de vivienda en 2014, 2015 y 2016 y algo por encima del 0,1% de 2017 y 2018, pero muy alejados del 0,5%, por ejemplo, que se llegó a destinar, justo después del estallido de la burbuja inmobiliaria. Solamente si no tenemos en cuenta la actualización del IPC, el presupuesto en vivienda para 2019 superaría las cifras de hace quince años.

Aquel año, de hecho, la dotación presupuestaria para las políticas de vivienda fue la más alta de la historia reciente de España. Aquel año, cuando el mercado inmobiliario inició su lento descenso a los infiernos, el Gobierno presupuesto 1.615 millones de euros, un cifra que, si la actualizamos al IPC, se convierte en 1.813 millones de euros, es decir, más del doble de la dotación para este año. De hecho, si nos remontamos mucho más atrás en el tiempo, ni siquiera alcanzamos los niveles de 2003.

No obstante, a diferencia de lo que sucedió hace más de una década, las medidas y políticas del ejecutivo están muy focalizadas en el mercado del alquiler y en ayudas a los inquilinos, especialmente jóvenes y colectivos más vulnerables, así como aquellas familias que han sufrido un desahucio por no poder pagar la hipoteca o el alquiler.

Como en presupuestos anteriores, la inmensa mayoría de esos 679 millones de euros, el 95,7%, corresponde a los créditos asignados al programa de promoción, administración y ayudas para la rehabilitación y acceso a vivienda que contiene, entre otros, los créditos destinados a ejecutar los planes de vivienda, en concreto, el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado por real decreto y al que se suma el Real Decreto-Ley 12/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler en el que, entre otros, se reforma la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda; se modifica el régimen de propiedad horizontal para impulsar la realización de obras de mejora de la accesibilidad; y se modifica el procedimiento de desahucio cuando afecte a hogares vulnerables.

No obstante, este decreto podría no ser convalidado en el Congreso de los Diputados el próximo 28 de enero si no consigue el respaldo de la cámara. Por lo pronto, Podemos ha reiterado que no apoyará dicho documento ya que no incluye una de las exigencias de la formación morada: el límite de los alquileres en los mercados más tensionados por el alquiler.

El propio PSOE ya contemplaba en su proyecto de ley antes de llegar al Gobierno incentiva el límite de los alquileres vía incentivos fiscales. Medida que tampoco apareció contemplada en el decreto ley a pesar de que el Ejecutivo ha detectado tensiones en varios mercados que ya ha identificado: Madrid y área metropolitana, Barcelona y área metropolitana, Valencia y área metropolitana, Sevilla, Málaga, Islas Canarias e Islas Baleares.

El Plan Estatal 2018-2021 mantiene el fomento del alquiler y la rehabilitación con carácter prioritario, si bien se introducen algunas modificaciones respecto al anterior plan:

1.- Se incorporará la posibilidad de otorgar ayudas al alquiler a beneficiarios que abonen una renta de hasta 900 euros al mes, frente a la limitación de 600 euros al mes del Plan Estatal 2013-2016, "en respuesta a la problemática que actualmente acusan determinados municipios en los que, por diferentes motivos, los precios medios de alquiler de vivienda así lo requieren.

Respecto a la Renta Básica de Emancipación, suprimida en 2011, sigue generando obligaciones de pago, por lo se mantienen la ayuda para aquellos que la tenían reconocida con anterioridad, siempre que cumplan los requisitos exigidos en su normativa específica.

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2.- También se incorpora el programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, especialmente vulnerables

El reparto de esos 679 euros será la siguiente: por un lado, se destinarán 410 millones de euros para subvenciones de planes de vivienda y 80 millones a subsidiación de préstamos. Por otro lado, se dotará con 137 millones de euros al 'Plan 20.000 viviendas', que tiene por objeto "el incremento del parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales".

9 millones más para el Instituto de la Juventud

Por otro lado, en 2019, el Instituto de la Juventud (INJUVE), orientado a favorecer la emancipación juvenil y el acceso a la vivienda de los jóvenes, aumenta tabién su dotación en 9 millones de euros, un 27,6% respecto a la cifra de hace un año, para ejecutar el Plan de Choque por el Empleo Joven recientemente aprobado por el Gobierno, "dando apoyo a la red SIJ-INJUVE dotándola de más mediadores juveniles en coordinación con los Servicios Públicos de Empleo autonómicos y otras entidades".