por no regular las subidas abusivas

Podemos amenaza con tumbar el decreto de alquiler y ve viable una huelga de inquilinos

El voto en contra en el Congreso, que dejaría sin aire a Sánchez, se complementaría con un rechazo en las calles de la mano de las asociaciones por la vivienda digna y los sindicatos de inquilinos

Foto: El líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras su intervención en un pleno del Congreso de los Diputados. (EFE)
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras su intervención en un pleno del Congreso de los Diputados. (EFE)

Podemos no está dispuesto a facilitar que Pedro Sánchez gobierne a golpe de decreto prorrogando los Presupuestos y solo votará a favor de las normas aprobadas por el Consejo de Ministros que "mejoren la vida de la gente". Traducido, esta "mejora de la vida de la gente" supone consensuar previamente las medidas para que no alteren en lo sustancial lo plasmado en el pacto presupuestario entre el Ejecutivo y Unidos Podemos, fin para el que ya se creó una mesa de seguimiento. El decreto contra la burbuja del alquiler que llegará al Congreso a finales del próximo mes de enero no cumple para Unidos Podemos con estos requisitos, principalmente porque renuncia a regular los precios del alquiler, por lo que el grupo liderado por Pablo Iglesias está dispuesto a dejar sin respiración asistida al jefe del Ejecutivo nada más se reinicie la actividad parlamentaria tras las vacaciones de Navidad.

El voto en contra en el Congreso a la convalidación del decreto-ley se complementaría también con un rechazo en las calles de la mano de las asociaciones por la vivienda digna y los sindicatos de inquilinos. En esta línea, el dirigente de Podemos, Rafa Mayoral, que forma parte de la comisión de Fomento, ministerio que impulsa este decreto, participó recientemente en una asamblea de sindicatos de inquilinos donde se plantearon distintas acciones de respuesta si el decreto sale adelante en los términos propuestos por el Gobierno. Entre ellas una huelga de alquileres en los bloques de viviendas que, tras ser adquiridos por fondos buitre, se hayan multiplicado los precios de las rentas a los inquilinos. Una medida que distintos sectores de Podemos ven viable y transversal, con posibilidad de recabar muchos apoyos.

El grupo confederal de Unidos Podemos ya mandó un claro mensaje al Gobierno al abstenerse en un decreto de Industria durante el último pleno del año, aunque finalmente salió adelante gracias a la abstención de los populares. Iglesias ha transmitido a Moncloa que deje de lado el decreto actual o, de lo contrario, lo tumbará su grupo. En la dirección del grupo confederal se defiende que no se tolerarán más incumplimientos por parte del Gobierno, mucho menos con la que era una de sus medidas estrella y que supone una prioridad para los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, donde gobiernan.

En este contexto, Pedro Sánchez aprovechó su viaje a Barcelona de la pasada semana para celebrar un desayuno de trabajo, previo a la reunión del Consejo de Ministros, con la alcaldesa de Barcelona. Ada Colau destacó a continuación que el presidente se había comprometido a que "los municipios podamos regular los precios abusivos de los alquileres". Una posición que ya se defendía en el acuerdo presupuestario pero que, sin embargo, contrasta con el contenido del decreto. Hasta el momento, el compromiso que Colau habría arrancado a Sánchez no ha tenido ninguna traducción.

La aprobación de esta norma en el Consejo de Ministros contra la burbuja del alquiler también ha contribuido a incrementar la desconfianza de los principales aliados parlamentarios de Pedro Sánchez y actores clave a la hora de consolidar el bloque de la moción de censura. Además de no respetarse la metodología de trabajo acordada, respecto a la intención de buscar el mayor consenso posible en los decretos leyes, se dejan fuera otros puntos del pacto en materia de vivienda, más allá del control de los índices de alquiler en las zonas más tensionadas. Así, no se establece un marco legal que defina la vivienda vacía y al gran “tenedor de vivienda” y ponga a disposición de las comunidades autónomas y los municipios distintas herramientas tanto para su detección y diagnóstico como para fomentar que estas salgan al mercado.

Tampoco se alcanzan las expectativas del pacto en lo referente a desahucios ni se incluye la posibilidad a las administraciones públicas de ejercer los derechos de tanteo y retracto cuando la vivienda arrendada, según el documento firmado por Sánchez e Iglesias, "se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble y cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador la totalidad de los pisos y locales del inmueble". Si bien el decreto recoge que "no habrá lugar a los derechos de tanteo o retracto" en estos casos, deja a expensas de la legislación sobre vivienda que se pueda establecer.

Lo que ocurra finalmente con este decreto será clave para el devenir de la legislatura. Tanto Pablo Iglesias como la diputada de los 'comuns' que lideró las negociaciones presupuestarias en materia de vivienda, Lucía Martín, han pedido una rectificación. De no producirse, se asestará un duro golpe al Gobierno, después de que la aprobación de los objetivos de déficit permitiese dar oxígeno a Sánchez -aunque hoy será tumbada por la mayoría del PP en el Senado- al abrir la puerta a la tramitación de los Presupuestos y, por tanto, alargar los plazos en el Congreso.

En caso de que un decreto de esta importancia saliese adelante con la abstención del PP, como ocurrió con el de Industria, supondría acabar de dinamitar el pacto presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos. La legislatura entraría en barrena y la configuración de los pactos poselectorales entre socialistas y podemitas se tensaría cuando algunos barones apuestan por priorizar acuerdos con Cs a hacerlo con Podemos. Desde el grupo confederal se rechaza también la opción de tramitar la regulación de los alquileres mediante ley, conscientes de lo ajustado de los plazos y de la falta de garantías para llevarla a cabo porque la vía ordinaria suele toparse con el bloque de PP y Ciudadanos, al contar con mayoría en la Mesa, órgano rector del Congreso, y recurrir constantemente a las prórrogas.

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