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Atención casero: estas son las zonas con más papeletas para que se limiten los alquileres
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MADRID, BARCELONA Y LAS ISLAS

Atención casero: estas son las zonas con más papeletas para que se limiten los alquileres

El Gobierno y Unidos Podemos han llegado finalmente a un acuerdo para limitira el 'boom' de los precios de los alquileres en determinadas zonas de España

Foto: Ilustración: Raúl Arias.
Ilustración: Raúl Arias.

El Gobierno y Unidos Podemos han llegado finalmente a un acuerdo para limitar el 'boom' de los precios de los alquileres en determinadas zonas de España. A grandes rasgos, y a falta de que la iniciativa se plasme legislativamente, los ayuntamientos de todo el país tendrán potestad para establecer límites a los alquileres en aquellas zonas que consideren que se están produciendo importantes tensiones en los precios. El límite se fijará en base a un índice de referencia que deberán elaborar los propios ayuntamientos, aunque aún se desconoce en base a qué parámetros.

¿En qué mercados existen más probabilidades que los caseros se vean obligados a alquilar por debajo de determinados precios y no en base a los precios del mercado? En los últimos cuatro años, son varias las capitales españolas que han registrado fuertes incrementos de precios. Según datos de Fotocasa, en Barcelona y Mallorca, por ejemplo, las subidas han sido del 43%, mientras que en Madrid y Valencia se roza el 40% y en Las Palmas de Gran Canaria se ha superado el 25%.

Y aunque la tendencia alcista en muchos de estos mercados se ha moderado en el último año, lo cierto es que siguen siendo puntos calientes debido, en gran medida, a la presión que está provocando el empuje del alquiler turístico y a la falta de viviendas en alquiler. De hecho, en las zonas más céntricas de estas ciudades es donde se están registrando las mayores subidas de precios, como muestra el gráfico inferior.

Sin desgravaciones fiscales a la vista

El acuerdo, firmado el jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha quedado inicialmente plasmado en el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado, si bien, la puesta en marcha de estas iniciativas supondrá, en primer lugar, la aprobación de los presupuestos, y, posteriormente, articularlo legislativamente lo que, a juicio de Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro, no será fácil. En su opinión, como viene sucediendo en las últimas semanas "nos encontramos ante un nuevo globo sonda".

[Lea aquí el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado]

Para Beatriz Toribio, directora de estudios de Fotocasa, "es necesario ver cómo quedan plasmadas finalmente todas estas medidas. Tenemos que ver si finalmente no habrá incentivos fiscales para aquellos arrendadores a quienes se les obligue a alquilar por debajo de determinados precios y qué sanciones se les impondrá a quienes no lo cumplan".

"Sin ventajas fiscales para los caseros estos se pueden ver tentados a volver a la economía sumergida, esto es, a cobrar una parte del alquiler en negro. Pero también, puede provocar que muchos decidan no alquilar sus viviendas o destinarlas al alquiler turístico si considera que así pueden conseguir mejores rentabilidades. Tampoco sería improbable que otros decidan alquilar por encima de los límites y asumir el pago de una multa, si así les compensa", añade.

Por lo pronto, dos de los ayuntamientos donde mayor presión están soportando los alquileres, el de Madrid y Barcelona, llevan meses pidiendo medidas al Gobierno central o anunciando iniciativas para intentar controlar el avance de los alquileres. En la Ciudad Condal, su alcaldesa, Ada Colau, ya pidió al Congreso de los Diputados medidas para regular los precios y la duración de los alquileres, mientras que hace apenas unas semanas, Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid propuso al ejecutivo una moratoria para que los alquileres no suban durante un año.

No en vano, en los últimos cinco años, los alquileres se han disparado más del 40% en los distritos de Salamanca y Centro —este último muy afectado por la proliferación de alquileres turísticos—, mientras que en Retiro o Chamberí, el encarecimiento ha sido ligeramente superior al 35%.

Por otra parte, en un mercado en el que no existen estadísticas oficiales sobre los precios de los alquileres —los únicos datos los facilitan portales inmobiliarios como Fotocasa—, surge otra gran duda: ¿cómo se elaborarán los índices que los ayuntamientos tendrán que tomar como referencia para limitar los alquileres? El documento firmado ayer tampoco especifica cómo se elaborará dicho índice de referencia. Lo único que dice es que se elaborará "de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica".

Por lo que se refiere a la duración de los contratos, PSOE y Podemos están de acuerdo en recuperar los cinco años frente a los tres que recoge actualmente la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con el objetivo de dar mayor estabilidad y seguridad a los arrendatarios. Una decisión, a juicio de Beatriz Toribio, "muy acertada".

De hecho, hay que recordar que desde el pasado mes de junio estamos asistiendo a una auténtica avalancha de contratos de alquiler que tocan a su fin y hay que renovar. Una avalancha que, ante la escasez de oferta existente en el mercado se ha traducido en una fuerte subida de precios.

Precisamente, para acabar con esta enorme escasez de vivienda en alquiler, el Gobierno y Podemos, tal y como avanzó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tienen previsto poner en el mercado 20.000 viviendas en alquiler durante los próximos cuatro años. Unas viviendas que los expertos ya han manifestado que llegarán tarde, se ubicarán donde no existe un problema real con los precios del alquiler y no hay capacidad productiva para su construcción.

El Gobierno y Unidos Podemos han llegado finalmente a un acuerdo para limitar el 'boom' de los precios de los alquileres en determinadas zonas de España. A grandes rasgos, y a falta de que la iniciativa se plasme legislativamente, los ayuntamientos de todo el país tendrán potestad para establecer límites a los alquileres en aquellas zonas que consideren que se están produciendo importantes tensiones en los precios. El límite se fijará en base a un índice de referencia que deberán elaborar los propios ayuntamientos, aunque aún se desconoce en base a qué parámetros.

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