El Gobierno acepta limitar las "subidas abusivas" del alquiler como pedía Podemos

El Gobierno se ha comprometido a modificar la normativa del mercado del alquiler inmobiliario "para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas" que se consideren "tensionadas", tal y como le había pedido Unidos Podemos, como requisito indispensable para cerrar el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.

La potestad para limitar los alquileres en las zonas más tensionadas, será de los ayuntamientos y/o las comunidades autónomas. Dicha limitación se realizará en base a un índice de referencia elaborado por los propios ayuntamientos, y será obligatoria cuando estos lo decidan sin que los arrendadores puedan beneficiarse fiscalmente por ello, como proponía inicialmente el PSOE.

[Lea aquí el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado]

Así consta en el documento de 50 páginas que han firmado este jueves a primera hora de la mañana en La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

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El acuerdo incluye como tercer punto las medidas relativas a vivienda, destinadas a "blindar su función social y evitar la especulación" y entre ellas, figura la de dar a los Ayuntamientos la capacidad de "declarar, temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda".

El Gobierno también se ha comprometido a "ampliar progresivamente el presupuesto actual en materia de Vivienda consignando en 2019 630 millones de euros (un aumento del 38%), 700 en 2020 y 1.000 en 2021. "En 10 años España debería invertir el 1-1'5% del PIB", añaden.

Estos son los principales puntos del acuerdo en materia de alquiler:

Limitar las subidas abusivas de los alquileres

Tanto PSOE como Podemos han dejado claro en sus respectivas propuestas de ley la necesidad de limitar los precios de los alquileres, aunque con importantes diferencias. Los socialistas apostaban por incentivar fiscalmente a aquellos arrendadores​ que alquilen sus pisos en base a un sistema público de precios de referencia, en función de la zona en la que se ubique el inmueble, mientras que para la formación morada, esta limitación debía ser obligatoria para los caseros, sin ningún tipo de beneficio fiscal.

Los ayuntamientos serán los que podrán limitar los alquileres en las zonas más tensionadas en base a un índice de precios de referencia

Para ello, pretenden que la decisión de limitar los alquileres recaiga sobre los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Para ello tendrán elaborar un índice de precios de alquiler de referencia y recaerá en ellos la potestad para "declarar, temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda".

Es decir, serán los ayuntamientos y las comunidades autónomas, en base a dichos índices, los que podrán "regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler". En el acuerdo, sin embargo, no se recoge la posibilidad de que los arrendadores que sufran dicha limitación vayan a tener beneficios fiscales, como pretendía inicialmente el PSOE.

Éste es un punto clave del acuerdo puesto que en dos de las ciudades donde los precios se han disparado en los últimos años son Madrid y Barcelona, donde Podemos tiene mucha influencia. En ambas ciudades no solo se han superado los máximos, sino que las rentas en la capital de España se han disparado un 30% en cuatro años y en la Ciudad Condal, un 50%, según datos de Fotocasa.

Se recuperan los contratos de 5 años

Era uno de los puntos en los que PSOE y Podemos estaban de acuerdo. Recuperar la duración de los contratos de alquiler a cinco años frente a los tres actuales que recogía la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) aprobada en junio de 2013. Esto será aplicable en el caso de las personas físicas, en el caso de que la parte arrendadora sea una persona jurídica, la duración de los contratos será de siete años.

Por otro lado, tal y como recogía la legislación anterior, cuando llegue la fecha de vencimiento del contrato, si ninguna de las partes notificado a la otra -al menos con seis meses de antelación-, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante tres años más. Actualmente, dicha prórroga es de un año.

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Tanto PSOE como Podemos apostaban, asimismo, por limitar las finanzas o los avales adicionales que un arrendatario tiene que prestar para lograr alquilar una vivienda. En muchas ocasiones, las fianzas son tan elevadas que impiden el acceso a una vivienda en alquiler a buena parte de la población. Tal y como ya habían avanzado ambas formaciones políticas, "no se podrán pactar garantías adicionales a la fianza en metálico hasta un máximo de dos mensualidades de la renta"

Es decir, si la mensualidad del alquiler es inferior a 750 euros en el momento de celebración del contrato, la fianza no podrá exceder en dos mensualidades la renta, en este caso no podrá ser superior a 1.500 euros. Si el alquiler se mueve entre 750 y 1.200 euros, la fianza no podrá exceder en tres veces el importe de la renta. Así, para un alquiler de 1.000 euros, no podrá ser superior a 3.000 euros. Si el alquiler supera los 1.200 euros, la propuesta de los socialistas pasa por que las partes puedan pactar libremente cualquier tipo de garantía adicional sin limitación de cuantía dineraria.

Por otro lado, los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato irán a cargo del arrendador, en los supuestos en los que el arrendador sea una persona jurídica. Por lo que se refiere al derecho del arrendador a recuperar la vivienda antes del plazo legalmente establecido, el documento consensuado recoge que dicha posibilidad debe estar recogida en el contrato de arrendamiento, "de forma que se impulse la estabilidad para el arrendatario y se conozcan de forma transparente las condiciones del contrato".

Coto a los fondos buitre y al alquiler turístico

Otra de las exigencias de Podemos para sacar adelante los presupuestos se centraba es limitar la compra de viviendas públicas en alquiler por parte de los fondos buitre. El acuerdo, así lo recoge: "se incluirá la posibilidad que las AAPP competentes ejerzan los derechos de tanteo y retracto cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble y cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador la totalidad de los pisos y locales del inmueble". Con esta medida, tanto Podemos como POSE buscan una mayor defensa del inquilino frente a los inversores privados.

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En la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital, los dos partidos han criticado duramente las ventas de miles de pisos públicos realizadas bajo el mandato del PP a varios fondos buitre y han luchado en los tribunales para que se reviertan dichas operaciones al considerar que no se ajustan a la ley. También en Barcelona, Ada Colau se ha pronunciado en numerosas ocasiones contra ellos: "Los fondos buitre acosan nuestra ciudad y el derecho a la vivienda de nuestros vecinos".

Conscientes del impacto que el alquiler turístico ha tenido sobre los precios de los alquileres tradicionales en determinadas zonas, se impulsarán reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio.

20.000 viviendas en alquiler

Uno de los factores que está alimentando el boom de los precios de los alquileres es la falta de oferta. Es decir, con un mayor número de viviendas en alquiler en el mercado, desde el Gobierno consideran que se podrían contender las subidas de precios.

Para ello, como ya adelantó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la intención del ejecutivo es poner en el mercado, durante los próximos cuatro años, 20.000 viviendas a precios asequibles.

Dichas viviendas tendrán carácter social y solamente podrán destinarse al alquiler -a personas particularmente vulnerables- evitando que sean vendidas o explotadas por fondos buitre e impidiendo que sean enajenadas con un beneficio.

Para ello, el nuevo Plan Estatal de Vivienda facilitará una línea de financiación para que las comunidades autónomas que así lo han regulado puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas. Al tiempo que contendrá ayudas a las administraciones públicas para la adquisición de vivienda ya construida.