Mónica García quiere montar una farmacéutica con tu dinero. ¿Es necesario o una locura?

El nuevo Gobierno comienza a andar, y una de las novedades es que el Ministerio de Sanidad, en esta legislatura, está en manos de Sumar. A priori, puede parecer una cartera de segunda fila, sobre todo porque las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas. Sin embargo, la pandemia parece haber revalorizado su papel y muchas voces reclaman que asuma más funciones de coordinación e incluso que acelere la creación de nuevas infraestructuras, como la Agencia Estatal de Salud Pública.

Desde el punto de vista meramente político, la nueva ministra, Mónica García, que ha liderado la oposición a Ayuso como portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, llega pisando fuerte. Y, tomando como referencia su trayectoria y los programas para tratar de averiguar lo que viene en el Ministerio de Sanidad, dos propuestas saltan a la vista: eliminar Muface, la mutua de los funcionarios, y crear una empresa farmacéutica pública.

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La idea de crear esa compañía estatal para el desarrollo, la producción y la comercialización de medicamentos no es nueva. Íñigo Errejón ya la incluyó en el programa de Más País de 2019, recogiendo una propuesta anterior de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Más recientemente, la propia Mónica García fue concretando la idea con un toque madrileño: propuso convertir el hospital de pandemias Isabel Zendal en esa industria farmacéutica y hasta le puso nombre, FarmaNorte. La pregunta es si la pondrá ahora en marcha desde su nuevo cargo.

Javier Padilla, que ya era la mano derecha de García en la Asamblea de Madrid y acaba de ser nombrado secretario de Estado de Sanidad, publicó en julio muchos más detalles de este proyecto en un artículo de la Asociación Acceso Justo al Medicamento. Además de justificar la nueva empresa para impulsar la I+D sanitaria y por interés general, cifraba su coste para los próximos cuatro años en 858 millones de euros, de los que 369 serían de dinero público. La idea es que se crearían 1.601 empleos directos y 2.482 empleos indirectos.

Tendencia europea a aumentar la parte pública

Pero ¿qué es exactamente una farmacéutica pública? Los expertos son prudentes a la hora de valorar la idea antes de conocer la propuesta concreta. “Quizá pensamos en fábricas gigantes produciendo comprimidos, pero hay muchos avances terapéuticos en los que la producción de medicamentos se realiza en hospitales, a pequeña escala”, comenta Adrián Alonso Ruiz, especialista en innovación farmacéutica y acceso a medicamentos en el Global Health Centre de Ginebra (Suiza), en declaraciones a El Confidencial. Uno de los mejores ejemplos está, precisamente, en España. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) aprobó como “exención de uso hospitalario” un tratamiento desarrollado por el Hospital Clínic de Barcelona, denominado CAR-T ARI 001, una terapia con células modificadas genéticamente para pacientes con leucemia linfoblástica resistente a los fármacos convencionales. En este caso, el objetivo no es comercializar un producto, sino cubrir una necesidad.

“Cada vez hay más gente que considera que tiene que haber más presencia de las instituciones públicas en la cadena del medicamento, en aspectos de los que tradicionalmente solo se ocupaba la industria privada”, apunta el experto del Global Health Centre. En ese sentido, hay otros ejemplos en Europa. Por ejemplo, el Reino Unido realizó una gran inversión para cubrir parte de los ensayos clínicos de las vacunas del covid. “El sector público británico es puntero en investigación, así que, sin cubrir todas las partes del desarrollo, decidieron expandirse un poco más para aumentar la capacidad de producción en ese momento”, destaca. Hace tan solo unos meses, Francia anunció que volvería a producir dentro de sus fronteras algunos medicamentos esenciales.

Esta tendencia tiene mucho que ver con la alarma que generó la pandemia, cuando muchos países se dieron cuenta de que habían perdido su capacidad de producción en sectores estratégicos, llegando a peligrar, en este caso, el suministro de productos sanitarios. De hecho, más recientemente, ha habido problemas de suministro de medicamentos y no falta la polémica por los precios que imponen algunas farmacéuticas, así que incluso el Parlamento Europeo ha propuesto que se incremente la presencia pública en distintas partes de la cadena de producción de fármacos.

Los argumentos contra la industria farmacéutica tienen otro punto destacado en la I+D. En muchas ocasiones, las empresas descartan desarrollar nuevos medicamentos por la falta de rentabilidad. Es el caso de las enfermedades raras: realizar una inversión gigantesca no tiene sentido desde el punto de vista económico cuando el número de pacientes al que les vas a vender el resultado es muy escaso. Algo similar ocurre con la necesidad de desarrollar nuevos antibióticos: al haber abusado de algunos de estos fármacos, las bacterias se han vuelto resistentes y necesitaríamos nuevos principios activos, pero la rentabilidad de estos productos es tan baja que nadie apuesta por ello. En este aspecto, ¿cobra sentido contar con una empresa pública que lidere estos proyectos?

La complejidad del mercado

“Acompañar el desarrollo de un fármaco hasta el mercado es difícil y arriesgado”, asegura el director general de la Fundación Cotec para la Innovación, Jorge Barrero Fonticoba. “Sería una locura hacerlo con el dinero de los ciudadanos. Precisamente, para eso está la iniciativa privada, para que asuma más riesgo y, en el caso de éxito, se lleve el beneficio”. Sin embargo, “eso no impide que sea interesante estudiar mejoras” que permitan que el Estado obtenga “un mayor retorno del conocimiento” que genera la sociedad. “Para empezar, eso significaría que ese conocimiento se está transfiriendo, cosa que hoy no pasa”, añade, en referencia a los problemas que existen para que la investigación básica llegue al mercado.

La cuestión es hasta dónde hay que llegar, porque “la industria farmacéutica tiene una cadena de valor muy segmentada”. Hace un siglo, si una empresa poseía la propiedad industrial de un medicamento, lo fabricaba y lo vendía. Hoy en día, ese modelo ya no existe. “Hay empresas especializadas en las primeras fases de desarrollo, otras que solo comercializan y otras que tienen licencias para determinados países”, explica. De hecho, algunas compañías “solo son una marca y subcontratan todo”. Así que, en la actualidad, hablar de una empresa farmacéutica no significa nada si no se especifica a qué se va a dedicar exactamente. “Plantearse estar en todos los tramos sería una locura”, comenta.

Incluso si la idea fuera renunciar al complejo proceso de I+D y centrarse en la producción de genéricos para asegurarse el abastecimiento nacional o unos precios razonables, la cuestión tampoco es sencilla. “Hay más de 12.000 medicamentos autorizados”, apunta Raquel Carnero, consultora de la industria farmacéutica, “no parece muy realista”. Los problemas de suministro que se vienen registrando últimamente tienen que ver con la falta de principios activos o de algún excipiente en concreto, así que los expertos consideran que una farmacéutica pública que solo se dedicase a la producción final tendría los mismos problemas que el sector privado.

A pesar de todo, Barrero Fonticoba cree que es necesario considerar ciertas industrias y activos como estratégicos. “Eso no significa, necesariamente, que sean públicos”, puntualiza, pero sí que el Estado tenga un papel, ya que “en los últimos 25 años, se ha hecho lo contrario, deslocalizar la fabricación, porque el único criterio de compra de medicamentos era el precio”. De esa manera, “las empresas españolas que los fabricaban se han quedado completamente fuera de juego frente a otros competidores, y cuando han hecho falta determinadas instalaciones, muchas de ellas estaban desmanteladas”.

Alternativas a una “macrofábrica”

Entonces, ¿qué podría hacer el Estado para mejorar el sistema sin enfangarse en inversiones inciertas? En realidad, “el sector público ya toca todos los puntos de la cadena del medicamento”, señala Adrián Alonso Ruiz. Es más, “el Ejército ya tiene una planta de producción en Colmenar Viejo”, apunta por su parte Raquel Carnero, en referencia al Centro Militar de Farmacia de la Defensa. Así que, en opinión de algunos expertos, es posible que la mejor idea sea mejorar algunas infraestructuras, al menos, antes de lanzarse a crear otras nuevas.

“Los ensayos clínicos se hacen en los hospitales; los estudios preclínicos, en centros públicos de investigación, y hasta empezamos a hacer la producción”, recuerda el experto del Global Health Centre en referencia al caso del Hospital Clínic. Entonces, “si creas una entidad para que coordine todo eso, para reducir ineficiencias y mejorar los esfuerzos, quizá lo puedas llamar farmacéutica pública”, apunta, sin necesidad de construir “una macrofábrica” ni embarcarse en proyectos de investigación que puedan naufragar.

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Otra cosa que pertenece netamente al ámbito público es la regulación. “Desde luego, algo que el Estado está llamado a hacer es mejorar el marco legislativo para aumentar la transparencia, controlar los precios o hacer que las cadenas de suministro sean más estables y sostenibles”, destaca Adrián Alonso. “La creación de mayor infraestructura pública en la cadena del medicamento no sustituye el hecho de que muchos de los problemas que tiene ahora el sistema se resolverían con regulación”, añade. Por ejemplo, con respecto al suministro, “las compañías no tienen la obligación de aportar datos que serían fundamentales”. Los medicamentos cada vez son más caros, “pero no sabemos muy bien por qué ni cuál es la política de precios en que se basa la industria para fijar los precios”.

En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a los países medidas para mejorar la transparencia, “pero, por el momento, no se han implementado”, denuncia el experto. Además, en el campo de la I+D, “una labor fundamental de los poderes públicos es desarrollar incentivos para atraer inversión privada". Uno de los mejores ejemplos es, precisamente, el desarrollo de nuevos antibióticos, para lo cual existen diferentes estrategias, "y eso también es regulación", comenta.