Miles de ingenieros avisan de que España vivirá un terremoto pronto y no nos estamos preparando

En la noche del 25 de diciembre de 1884, el suelo de media España tembló. Aquel día de Navidad, desde Granada hasta Madrid, según crónicas de la época, medio país sintió que el suelo bajo sus pies se movía sin parar. Aunque para muchas poblaciones no fue solo el piso lo que se movió. En el último gran terremoto vivido en España hasta la fecha, varias localidades granadinas quedaron totalmente destruidas y se contabilizaron más de 800 muertos. 139 años después, buena parte del sector de los ingenieros y también los propios geólogos se han unido para avisar de que queda poco para que se viva un sismo similar, y para denunciar que no estamos tan preparados como sería posible.

Lideradas por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, más de 250 asociaciones profesionales de toda España se han unido para lanzar un manifiesto que pide frenar el actual texto de la nueva normativa NCSR-23. Este código debe renovar las normas de construcción relacionadas con la protección contra los terremotos, pero, según estas asociaciones, carece de sentido. El borrador, que aún no ha sido aprobado, pero lleva desde mayo pasando diferentes trámites, iba a ser una trasposición de la normativa europea, sin embargo, los legisladores españoles han eliminado hasta 430 referencias del original europeo. Un cambio que, según los expertos, juega con la seguridad frente a futuros sismos. El último en sumarse ha sido el Colegio de Geólogos, que en una nota ha pedido una norma sísmica "más clara y concisa en términos geológicos y geotécnicos".

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P. Cantalejo

"Hemos levantado la voz porque no nos quedaba otra. Llevamos muchos años pidiendo a los distintos gobiernos del país que adapten los eurocódigos a la legislación española para tener una normativa común y porque son las versiones que garantizan los máximos niveles de seguridad. Pero siguen negándose y esto de trasponer la norma, eliminando gran parte de las referencias y convirtiendo el texto en algo ilegible, es la gota que colma el vaso", explica en conversación con El Confidencial José Trigueros Rodrigo, presidente del Instituto de la Ingeniería de España. "Mira que es difícil que todos los ingenieros nos pongamos de acuerdo en algo, pues en esto se ha unido toda la profesión", añade.

No es casual este hartazgo, porque España lleva años teniendo problemas con estas normativas técnicas. Ahora ha ocurrido con el caso de los terremotos, un problema muy llamativo y que no es ajeno a nuestro país, donde hay zonas con bastante riesgo. Es más, según los firmantes del manifiesto, entre los que hay miles de ingenieros y técnicos, pero también empresas, catedráticos y hasta arquitectos, estamos cerca de vivir un nuevo episodio importante en este terreno. Pero, como explican otros expertos en la materia, es algo antiguo y que pocos llegan a entender. Nadie ha conseguido una explicación clara sobre por qué España sigue manteniendo normativas propias en vez de adoptar los eurocódigos, como hace el resto de países europeos.

"Es algo que vuelve año tras año. El pasado, tuvimos una polémica similar con el código estructural", explica Manuel Herrador, ingeniero y profesor de Hormigón Estructural en la Universidad de A Coruña. Con él coincide también Trigueros, que ha ido incluso al Congreso de los Diputados para que en la próxima legislatura los partidos se comprometan a avanzar de una vez en este terreno. "Nos dan razones técnicas para no adaptar todo, como que algunos puntos no son aplicables a la legislación española, según informes del Consejo de Estado. Pero luego preguntas a los letrados y no te dicen nada así".

Los ingenieros coinciden en que se trata de legislaciones técnicas muy específicas y que afectan más a los proyectos que otra cosa, pero son claves para que en el futuro no tengamos que lamentarnos. "Son aspectos que se ven lejanos porque uno nunca imagina que va a pasar algo malo y que puede ser peor por no adaptar una normativa que dé máximos niveles de seguridad, pero ocurre y lo hemos visto en multitud de ocasiones", añade Trigueros. El Colegio de Geólogos, que ha publicado su propia petición este miércoles, cita algunos puntos concretos.

Por ejemplo, en relación con la profundidad de reconocimiento del terreno a efectos sísmicos, la norma actual plantea una "profundidad suficiente" y el ICOG considera que es esencial fijar una profundidad de investigación y comprobación del terreno hasta al menos 30 metros, siguiendo los estándares internacionales, dando prioridad a la aplicación de "métodos dinámicos directos, combinados con ensayos estáticos correlacionables". Por otra parte, el ICOG considera fundamental que los estudios geológico-geotécnicos en zonas sísmicamente activas incluyan un análisis específico de la peligrosidad sísmica para las infraestructuras más sensibles, teniendo en cuenta, si es el caso, las fallas sismogénicas cercanas.

Según el colegio, el borrador inicial de la NCSR-23, sometido a audiencia e información pública, menciona exclusivamente el caso de las edificaciones, sin hacer referencia al procedimiento a seguir para el resto de tipologías estructurales y obras de tierras. "Proponemos que se apliquen los mismos criterios que para aquellas, realizando por parte del proyectista una evaluación justificada de las consecuencias derivadas del terremoto producible", alegan.

¿Qué le pasa a España con los eurocódigos?

La gran pregunta que queda en el ambiente es que si todos los profesionales y expertos están de acuerdo en que lo mejor es adaptar la normativa europea, ¿por qué España se niega? Nadie se atreve a dar una respuesta clara. "El Mitma insiste en que las normativas españolas son mejores, porque guardan consistencia entre sí y reflejan mejor el estado de la tecnología en España. Además, no se cambiaría a eurocódigos porque las normas españolas no funcionen, sino para converger con Europa; como cambiar de norma siempre supone un coste y un riesgo (hay que formarse en la nueva normativa), para algunos esto no es motivo suficiente", detalla Herrador.

Sin embargo, estas explicaciones no convencen a muchos. Para otras fuentes consultadas por este medio, hay dudas sobre los intereses que puedan tener ciertas compañías o sectores en que todo siga igual. Si se mantienen normas diferentes a las del resto de Europa, uno puede controlar mucho más el mercado en el que se mueve todo. "Quien controla la norma controla algunos aspectos del mercado. Las constructoras y los suministradores españoles se encargan de que las normativas españolas tengan pequeños obstáculos que dificultan la entrada de empresas extranjeras en el mercado español de la construcción", detallan.

Esas mismas fuentes señalan que la división por la adaptación de estas normativas llega incluso al seno del Gobierno, donde algunas secretarías son las que más están frenando la tramitación de los nuevos códigos. Tampoco es algo nuevo ni raro. Ya en 2020, con José Luis Ábalos en la dirección del Ministerio de Transportes, otro cisma interno impidió la aprobación de otra normativa que había dejado ya parada el equipo de Íñigo de la Serna. Se trataba del código estructural del hormigón y, según publicaba el medio La Información, por un lado, estaba la Secretaría General Técnica del ministerio, que abogaba por la publicación de dicho código, y, por otro, la Dirección General de Carreteras, cuya opinión era contraria a la parte técnica del ministerio.

Dicha legislación se acabó aprobando en 2021, pero no con todos los puntos de los eurocódigos. Según recordaba la web especializada en ingeniería civil Prontubeam, la normativa adopta gran parte de las disposiciones europeas, "pero con un alcance altamente indefinido y de manera casi opaca. Esto ha desatado una gran polémica en la comunidad profesional, especialmente cuando el propio código acepta las comprobaciones de dimensionamiento estructural incluidas en los eurocódigos como válidas, dejando aparentemente sin valor esta parte de la nueva norma".