La guía que señala el futuro de las 'cripto' acaba de cambiar y esto es lo que está por venir

Cuando uno se inicia en el mundo de las criptomonedas, suele centrarse en entender cómo funcionan los 'exchange' o casas de cambio, dónde se guarda tu dinero, dónde es fiable hacerlo, mirar cómo cambian los precios, la evolución de los precios e incluso hay quien piensa en los impuestos... Pero ¿y si los textos que más pueden marcar el futuro del sector fueran otros? ¿Y si la guerra por el futuro 'cripto' se estuviera librando en un entorno menos atractivo y puramente burocrático? Ese es el caso del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y su guía de recomendaciones para la regulación de los criptoactivos. Este influyente organismo acaba de presentar una nueva actualización que puede suponer un terremoto en el sector.

El grupo intergubernamental, formado por representantes de más de 35 país y centrado en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo lleva desde 2019 extendiendo y actualizando su guía de acción para la regulación de los activos digitales y, aunque no tiene poder real, la mayoría de naciones que forman parte de la iniciativa, entre ellas España y el resto de la Unión Europea, han seguido paso a paso sus recomendaciones para sus normativas propias. Ahora, tras meses de conversaciones y análisis, ha presentado una nueva y reclamada actualización que, aunque se ha visto con buenos ojos por buena parte de la industria, pues recoge algunas de sus demandas, sigue sin contentar a todos. Aducen problemas para atajar muchas de las dudas que genera el crecimiento tecnológico mientras acerca cada vez más el mundo criptográfico al financiero tradicional.

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Guillermo Cid

En pleno debate por la regulación, el informe, lejos de ser un pequeño documento con líneas principales a seguir por las instituciones, detalla en un largo texto de unas 110 páginas cómo deberían considerar los gobiernos a los diferentes actores de este sector y añade cambios sustanciales que venían pidiendo los entusiastas. Se añaden conceptos como las Finanzas Descentralizadas (Defi) o los NFT, dos términos que han explotado como pocos en los últimos tiempos, y se toca uno de los terrenos más complejos para las normativas, el intercambio de monedas 'peer to peer' (persona a persona, sin intermediario alguno). El origen de todo este mercado y uno de los aspectos que, aunque lo intentan, más cuesta regular.

Tan importante es la opinión de este grupo, que ya hay actores clave del mercado que han comenzado a moverse para evitar que la normativa que salga de las recomendaciones les pase por encima. Por ejemplo, Tether, la empresa detrás de la 'stablecoin' más importante y polémica, anunció esta misma semana que, siguiendo las nuevas recomendaciones (aunque la guía aún no había sido publicada), empezaría a dar información a las instituciones de los usuarios que realizasen transacciones en USDT de más de 1.000 euros. Una decisión tomada por una de las compañías más señaladas por posibles irregularidades, que choca con los cimientos ideológicos de la tecnología 'blockchain' y que da una idea de hacia dónde evoluciona la industria.

Esa decisión de intentar cumplir con las instituciones internacionales y con la llamada 'regla de viaje' (Travel Rule), una de las medidas estrella del Gafi, pero no la última. Y es que esta nueva actualización deja muchos puntos importantes que los expertos ya están analizando y poniendo diferentes aspectos y dudas sobre la mesa. De la gestión de los Defi al papel que juegan los desarrolladores de las diferentes criptomonedas, pasando por el uso de NFT o el cada vez más claro acercamiento de los 'exchange' a los bancos tradicionales.

Lo más llamativo

Para entender la influencia de la guía solo hay que mirar cómo hace solo unos días España, tras años de preparación, lanzó a través del Banco de España, un formulario de obligado cumplimiento para todas las casas de cambio y actores de custodia de criptoactivos que quisiesen seguir operando en nuestro país. Este formulario acabaría con una lista de operadores autorizados y que, fundamentalmente, se comprometen, como el resto de entidades financieras, a perseguir el blanqueo y la financiación del terrorismo, a proteger a sus usuarios y a dar información sobre personas que hubiesen utilizado sus herramientas para fines sospechosos de estar entre los citados (también problemas con Hacienda) siempre que le sea reclamada por las instituciones. Pues ahora el Gafi va un paso más allá.

Hasta ahora ese mandamiento se centraba en los llamados proveedores de servicios de activos virtuales o 'VASP' (por sus siglas en inglés) y la nueva actualización busca encajar mejor ese término y ampliarlo a nuevos actores que han ido apareciendo en los últimos tiempos. Según explica Coin Center, un 'think tank' convertido en uno de los grupos de presión más grandes de la industria criptográfica e intermediario con el Gafi, uno de los puntos positivos, para su sector, de la nueva guía es que "elimina todas las referencias a personas que simplemente 'facilitan' o 'gobiernan' las transferencias y, en su lugar, se centra, como solicitamos, en personas con 'control de los activos digitales'". Es decir, que la nueva guía reduciría el número de posibles actores obligados a cumplir los requisitos de vigilancia financiera, pero no es exactamente así.

Por un lado, Coin Center resalta que "la nueva guía tiene un nuevo párrafo que establece explícitamente que las personas que 'simplemente proporcionan infraestructura auxiliar', incluida la 'verificación de la exactitud de las firmas', no estarán dentro del alcance de las obligaciones de vigilancia", pero poco después hablan de que estas reglas sí podrían afectar ahora a los proveedores de billeteras 'multifirma' (un tipo de 'wallet' particular, pero con un nivel extra de seguridad que ofrecen sus creadores para evitar pérdidas sin solución de las claves) o a los creadores de 'exchange' descentralizados que simplemente "se beneficien del servicio o tengan la capacidad de establecer o cambiar parámetros". Todo esto podría afectar en casos como el de Uniswap en Estados Unidos y desde la asociación piden que se aclare mucho más este tipo de recomendaciones.

Esta indecisión también se deja ver con los NFT, otro de los puntos que debía abordar el grupo tras el 'boom' que ha vivido esta tecnología en el último año. Según lo dicho por el GAFI, las plataformas de NFT no se deben considerar VASP, pero se debe tener en cuenta su naturaleza y su función en la práctica. "Algunas NFT que a primera vista no parecen constituir activos virtuales, pueden estar incluidas en su definición si se van a utilizar con fines de pago o de inversión en la práctica", dice la guía, señalando que se excluyen las NFT que son representaciones digitales de otros activos financieros.

Para Cristina Carrascosa, abogada experta en 'cripto' y CEO de ATH21, la primera firma legal en España especializada en este sector, la actualización de la guía es algo lógico que responde a la evolución de la tecnología, aunque se queda lejos de lo pedido por la industria. "Creo que es una actualización previsible desde el punto de vista regulatorio. La tecnología y sus usos avanzan a una velocidad que estos grupos de trabajo apenas pueden mantener, y solemos ver modificaciones de este tipo cuando algo, como por ejemplo Defe se populariza y se convierte en una preocupación regulatoria. Sin embargo, no creo que sea lo que la industria pedía, por supuesto. La industria cree en la descentralización, mientras el GAFI busca determinar siempre un punto de control en cualquier protocolo para poder determinar siempre la responsabilidad en caso de incumplimiento, por lo que creo que en este sentido, voluntad de unos y de otros nunca llegará a coincidir".

Tres puntos clave

Entre los puntos clave de la guía, Carrascosa señala tres:

1. Defi: "Posiblemente el apartado al que más contenido se le dedica. Introduce dos términos que me preocupan porque están muy indeterminados, posiblemente a voluntad. 'Influencia suficiente' e 'involucración activa' en protocolos descentralizados como elementos para poder detectar puntos de control y así ejercer la aplicabilidad de la norma sobre ellos. No soy fan de los conceptos jurídicos indeterminados porque permiten aplicaciones forzadas que suelen resultar o extrañas o injustas, y este documento contiene no una, sino dos".
2. DAO: "Aviso a navegantes. Específicamente determina que el uso de protocolos de votación para automatizar procesos no implica de ninguna manera una diseminación o desaparición de la responsabilidad respecto de las normas de prevención y las medidas a adoptar en cumplimiento de las mismas. La moda que estamos viendo últimamente de usar DAO en procesos de ICO pueden terminar siendo un verdadero problema si los países deciden implementar esta recomendación en sus normativas nacionales".
3. Travel rule: "La recomendación que implica la identificación de originadores de transacciones, aunque sean desde un wallet no custodio, plantea una serie de problemas prácticos de aplicabilidad que creo que el regulador no ha tenido en cuenta, y si la ha tenido, sabe que es imposible de ejecutar. Por eso, parece sugerir que si el prestador de servicios de criptoactivos no puede saber quien esta ejecutando esta operación, deberá decírselo su propio cliente. Me sorprende, porque nadie nunca ha solicitado este nivel de control para las operaciones en efectivo".

¿Y esto cómo me influye?

Tras estos puntos, la experta en el sector señala algunas pinceladas más que pueden generar problemas en un futuro cercano. "A nivel general creo que el objetivo del GAFI, que es intentar prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, se cumple. El problema creo que es el de siempre, que no es el 'qué', sino el 'cómo'. Es decir, hay algunas medidas que desconocen por completo como funciona a nivel operativo un protocolo, y otras que solucionan gaps de control con un 'y si tú no puedes, lo tendrá que hacer tu cliente', que me plantean más inquietud. Desde luego lo que parece claro es que para el GAFI, las 'cripto' son un nicho sospechoso".

En lo que se refiere a los usuarios finales, Carrascosa cree que su efecto se diluye, aunque algo llegará y habrá que estar atentos. "Es posible que muchos proyectos, si España por ejemplo acaba adoptando algunas de estas recomendaciones tal y como aparecen descritas en este documento, incrementen la información solicitada a sus usuarios y clientes, pero no veo mayor repercusión a nivel practico para ellos. La carga será más para el proyecto, de 'compliance'".

Pese a todo, la abogada recuerda "en primer lugar, que son solo recomendaciones, por el momento. Que no son ejecutables ni de aplicación hasta que los países no las asuman como propias en sus normas, por lo que no debe cundir el pánico (aún). Creo honestamente que no. No hay nada que no sospecháramos que pudiera pasar, y además hay que tener en cuenta que una cosa es regular, y otra distinta poder controlar que lo que regulas se está cumpliendo, y aquí es donde veo más lagunas. Es difícil ejercer este 'enforcement' en la industria, sobre todo en DeFi, pero bueno, imagino que es un reto nuevo para el regulador".