La Generalitat plantea el mismo decreto para taxis y VTCs tras cinco días de huelga

La capital catalana y su área metropolitana, con un total 3,2 millones de habitantes, llevan cinco días sin taxis por la huelga que empezó el pasado viernes. Tras este problema, la Generalitat insiste en su solución “por solidez jurídica”: no quieren entrar en la cuota de una licencia VTC por cada 30 como piden los taxistas y ofrecer sólo un límite de precontratación a los coches privados que funcionan a través de aplicaciones móviles que sea de 15 minutos de antelación. Así al menos lo ha explicado hoy el conseller de Territori Damià Calvet, en la rueda de prensa tras el Consell Executiu, que es quién ha asumido la negociación de un conflicto que amenaza con enquistarse.

“Hemos abierto la posibilidad que posteriormente y por vía reglamentaria el Área Metropolitana de Barcelona pueda incrementar este tiempo en función de determinadas funciones ambientales. Esto es lo que propusimos el sábado al sector del taxi”, ha apuntado Damià Calvet, que no se ha movido un ápice de su proyecto de ley, el mismo que desató la huelga que tiene Barcelona paralizada a un mes del Mobile World Congress.

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Según Calvet, su solución es la má robusta y garantiza el control efectivo de los servicios de las VTC. “He hablado de la robustez de nuestra solución, con los 15 minutos de precontratación y una posibilidad de garantizar el control efectivo de la precontratación. El trabajo ha de ser honesto y sin chantajes, hay que garantizar que desaparece la presión en la calle”, ha apuntado el conseller.

Por otro lado, también ha querido dejar una puerta abierta al diálogo: “Hemos estado trabajando y constatamos que hay diferencias. Por eso escucharemos otras propuestas”. Pero concreciones, ninguna. Calvet ha insistido en la “coexistencia de taxis y VTC”.

Calvet ha criticado que “si hoy estamos donde estamos es porque el Estado ha dimitido de su responsabilidad, había el ratio de 1/30, pero se abrió una ventana de oportunidad cuando el Estado dimitió. Se traspasó las competencias a las CCAA. Es un texto que está pendiente de tramitarse como proyecto de ley pero hay diversas fuerzas que han pedido que se tramite como Proyecto de Ley. Queremos introducir blindajes en la decisión, y que no tengamos que asumir responsabilidades patrimoniales en un futuro. Que la Mesa deje de bloquear la tramitación de este real Decreto”. Pese a esta crítica, lo cierto es que su propuesta, en esencia, pasa por pasarle el problema administrativo al Área Metropolitana de Barcelona, que es el que otorga las licencias de taxis.

“Si no hay acuerdo aplicaremos el decreto”, ha advertido Calvet. Con lo que todo apunta que el conflicto se enquistará y hay temor de que llegue hasta el Mobile, que comienza a finales de febrero.

Artadi escurre el bulto

Si el escapismo de Damià Calvet fue notable, la consellera de Presidencia hizo lo mismo respecto a que Carles Puigdemont haya denunciado ante el Tribunal Constitucional a la Mesa del Parlament, controlada por los independentistas, por haber evitado su investidura a distancia. Según Artadi “no se ha hablado de tensiones entre los socios”, y para la portavoz “se trata de una cuestión técnica que necesita Puigdemont para recurrir a los tribunales internacionales”. Artadi aseguró que esa cuestión no afecta al Govern de coalición pese a que ERC no sabía nada de esta iniciativa.

Por otra parte, el Govern ha aprobado el primer tramo para que los funcionarios de la Generalitat recuperen las pagas extras que perdieron por los recortes. En total hay cuatro tramos. En el aprobado hoy se plantea un incremento del 2,25% para los funcionarios públicos, que supondrá un desembolso de 300 millones este año 2019.